Marcelo H. Venier
El precio de la tierra y el valor de la soberanía
La soberanía representa la autoridad suprema para gobernarse sin interferencias externas, mientras que la jurisdicción fija los límites geográficos donde el Estado aplica sus leyes y administra justicia.
“La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos
pero no, la codicia de todos” (Mahatma Gandhi)
La soberanía no se cotiza en ninguna bolsa de comercio porque su valor es absoluto y no tiene precio.
Mientras la riqueza se limita a contar bienes y acumular recursos, la soberanía se mide en una escala mucho más alta: en el poder inquebrantable de un pueblo para decidir sobre su propio territorio, gobernar sus recursos y esculpir, con sus propias manos, el destino de su futuro.
En Mendoza, la tierra y el agua son sinónimos de vida y futuro. Nuestra provincia es un oasis esculpido en el desierto gracias al esfuerzo de generaciones. Ellas entendieron que el agua no es solo un recurso natural, sino el pilar sobre el cual se construyó nuestra historia, nuestra producción y nuestra sociedad.
Al discutir sobre la propiedad de la tierra, el debate trasciende la mera tenencia de títulos o escrituras.
Se debate sobre el destino del territorio, entendido no como una simple suma de inmuebles, sino como el espacio geográfico integral (suelo, subsuelo, agua y aire) sobre el cual un Estado ejerce su soberanía y jurisdicción.
En este sentido, la soberanía representa la autoridad suprema para gobernarse sin interferencias externas, mientras que la jurisdicción fija los límites geográficos donde el Estado aplica sus leyes y administra justicia.
En definitiva, hablar de soberanía territorial es referirnos a la independencia de un Estado para actuar en la comunidad internacional bajo su propia voluntad, libre de toda subordinación a potencias extranjeras.
Esto implica debatir directamente quién administra el territorio y sus recursos —ya sean cuencas, bosques o riquezas minerales—, qué modelo de desarrollo se impulsará y cómo se protegerá el medio ambiente.
En última instancia, se discute el poder del Estado para resguardar el interés de toda la comunidad frente a intereses particulares. Como puede observarse, la tierra tiene un precio cuantificable, pero la soberanía representa un valor invaluable e innegociable.
El mercado puede determinar cuánto vale una hectárea pero, jamás podrá establecer cuánto vale un acuífero, un río, un sistema de riego construido durante más de un siglo, una comunidad arraigada a su territorio o la capacidad de una provincia para decidir autónomamente sobre sus recursos estratégicos.
La Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y garantiza el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano.
La Constitución de Mendoza fue todavía más lejos pues, comprendió que el agua era un bien tan estratégico que debía contar con una institucionalidad propia; por eso el Departamento General de Irrigación constituye uno de los ejemplos más singulares del federalismo argentino: un organismo con autonomía constitucional destinado a administrar el recurso más valioso de la provincia.
No es un detalle administrativo, es una definición política e histórica.
Mendoza decidió hace mucho tiempo que el agua no podía quedar sometida a la prepotencia del capital.
La misma preocupación inspiró la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales. No porque la inversión extranjera sea, por definición, inconveniente, sino porque existen bienes cuya importancia estratégica trasciende el interés particular
Hace más de dos siglos, Jean Jacques Rousseau advirtió que la propiedad solo podía legitimarse cuando era compatible con el interés general. Ese pensamiento conserva plena actualidad. La discusión ya no es si la tierra puede tener propietarios; la verdadera cuestión es si la administración de un recurso estratégico como la tierra —inseparable del agua en Mendoza— responde únicamente a la lógica del mercado o al bien común.".
El desafío nunca ha sido elegir entre desarrollo o conservación.
El verdadero desafío consiste en construir un desarrollo que genere riqueza sin destruir aquello que hace posible esa riqueza y sin excluir a ningún ciudadano.
Porque la soberanía no consiste únicamente en producir más. La soberanía, en términos de desarrollo es la capacidad de un Estado para guiar su propio destino mediante la libre autodeterminación económica, el control absoluto de sus recursos naturales y la garantía de su soberanía alimentaria, complementada con el impulso de una soberanía tecnológica y científica que reduzca la dependencia externa y asegure el bienestar de su población.
El desarrollo económico pierde su carácter de política de Estado cuando la rentabilidad privada se impone sobre el interés general. Por el contrario, la soberanía se defiende afianzando la justicia, consolidando la paz, proveyendo a la defensa común, promoviendo el bienestar general y asegurando los beneficios de la libertad, tal como prescribe nuestro preámbulo constitucional.
En Mendoza, una provincia tallada sobre el desierto, esta premisa se vuelve vital: el agua es el recurso que genera producción, trabajo, educación, salud, arraigo, identidad y, en definitiva, futuro. Por lo tanto, cada decisión sobre el territorio exige una mirada estratégica que exceda el corto plazo, excluyendo de manera rotunda toda posibilidad de miopía o ceguera política.
La regularización de tierras fiscales demostró que, en resguardo del interés colectivo, el Estado puede utilizar la política para brindar seguridad jurídica e inclusión social, poniendo límites tanto a la extranjerización del territorio como a la apropiación del agua y la explotación de los recursos naturales estratégicos.
En ese contexto, el reciente proceso electoral de la Universidad Nacional de Cuyo adquiere una centralidad estratégica.
Más allá de los resultados y de las lógicas diferencias políticas, la elección volvió a poner sobre la mesa lo verdaderamente crucial: el rol de la universidad, la ciencia y el conocimiento como motores del futuro de Mendoza.
Una sociedad que debate democráticamente su modelo de desarrollo es una sociedad que fortalece sus instituciones.
No hay margen para el titubeo: la soberanía científica también es una causa nacional. Una provincia que renuncia a producir su propio conocimiento se condena a depender de decisiones ajenas para administrar sus propios recursos.
La soberanía no se declama: se ejerce con coraje y determinación.
Se ejerce cuando el agua se defiende implacablemente como un bien protegido y cuando la tierra se transforma en un motor de trabajo digno, no en un mero instrumento de renta especulativa.
El ambiente debe dejar de verse como un obstáculo para entenderse como la condición primera y absoluta de cualquier desarrollo.
Exigimos inversiones que dejen valor real en la comunidad que las recibe y exigimos instituciones firmes, capaces de anteponer siempre el interés público sobre el negocio de unos pocos.
La riqueza de nuestra provincia ya no puede medirse únicamente por el frío movimiento de capitales; debe medirse por la calidad del empleo, la preservación de los bienes naturales, el fortalecimiento institucional y las oportunidades reales que heredarán las próximas generaciones.
El mercado puede fijar el precio de la tierra, pero el valor de la soberanía solo lo construye un pueblo consciente. Un pueblo que entiende, de una vez por todas, que el agua, el territorio, el trabajo y las instituciones no son mercancías que se vendan: son el patrimonio sagrado sobre el que se edifica nuestro futuro.
