El anuncio se vendió con bombos y platillos: una reducción del 13% en los robos según los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). En los despachos oficiales, la cifra se recibió con aires de triunfo y alivio. Sin embargo, cuando se raspa apenas la superficie del relato estadístico y se camina cualquier barrio de nuestra provincia, el optimismo gubernamental se choca de frente con la realidad: los mendocinos siguen viviendo con miedo y la crisis de seguridad es mucho más profunda de lo que admiten.

Celebrar un porcentaje aislado en robos no solo es apresurado y demuestra una falta de empatía total con el vecino que ya no camina tranquilo por su cuadra. Es, fundamentalmente, una maniobra distractiva para desviar la atención pública de una situación de fondo que es verdaderamente urgente y terrorífica: el desamparo digital de nuestras infancias. Mientras el Gobierno festeja planillas de Excel, Mendoza se ha convertido en el escenario más peligroso del país para los menores en el entorno digital.

Incluso si nos plantamos en el único terreno donde el relato oficial pretende colgarse una medalla (el de los robos), los datos terminan desnudando una gestión deficiente. Presumir una baja del 13% carece de honestidad intelectual si se la oculta en el contexto federal: esa disminución quedó muy por debajo del promedio de descenso que registró el país. El dato se vuelve aún más lapidario si miramos el mapa nacional: la Provincia de Buenos Aires, un territorio con una complejidad social y de seguridad que históricamente se toma como el epicentro de la delincuencia en la Argentina, logró una reducción significativamente mayor en sus índices de robos que Mendoza. Mientras otras jurisdicciones avanzan con paso firme, nuestra provincia se queda atrás, rezagada y estancada en un preocupante tercer puesto en el podio nacional de los distritos con más robos del país. Definitivamente, quedar por debajo de la media nacional y ser superados en efectividad por los distritos más calientes del conurbano bonaerense demuestra que aquí no hay absolutamente nada que festejar.

A este pobre desempeño en los delitos comunes se suma la trampa de la "cifra negra": la caída en la cantidad de denuncias, no de delitos. Hoy por hoy, los vecinos no denuncian porque han perdido la confianza en que el sistema les dé una respuesta, una situación agravada por la propia decisión del Ministerio Público Fiscal de cerrar oficinas fiscales en varios puntos clave de Mendoza durante el último año. Al alejar la Justicia del ciudadano y multiplicar las trabas físicas para denunciar, las estadísticas bajan de forma artificial. Eso no es prevención; es desaliento y abandono.

Pero el verdadero drama mendocino, el que el marketing de la gestión intenta tapar a toda costa, es la falta de control y prevención sobre las redes criminales que operan de forma virtual contra los más vulnerables. El panorama del ciberdelito sexual infantil en la provincia constituye una emergencia absoluta. Según los datos oficiales del propio SNIC, los casos vinculados a menores se dispararon un 146,4% en solo un año, al pasar de 247 casos a un récord de 610 víctimas.

Este salto es una auténtica anomalía estadística a nivel federal. La tasa provincial en esta categoría escaló de forma alarmante a 29,8 víctimas cada 100.000 habitantes, una cifra que deja en ridículo a la Tasa Nacional, que se ubica en apenas 3,2. Para entender la magnitud de la desprotección y la falta de políticas de prevención virtual en Mendoza, basta con volver a mirar el espejo bonaerense: con 610 menores victimizados, Mendoza supera en cantidad de casos absolutos a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires combinadas, que juntas suman 321 registros. Mendoza es, por un amplísimo y doloroso margen, la jurisdicción con la mayor tasa de ciberdelitos sexuales infantiles de la Argentina.

Esta desprotección en el plano digital se complementa con un escenario igual de grave en el territorio físico, donde Mendoza encabeza también las estadísticas nacionales en delitos contra la integridad sexual en general. A contramano de la tendencia país (que registró una baja del -2,0%), en la provincia el número de víctimas aumentó un 13,3%, alcanzando los 3.257 casos. Con una tasa de 159,1 víctimas cada 100.000 habitantes, duplicamos holgadamente la media nacional (78,5) y nos posicionamos como la provincia con la tasa más alta de todo el país. Asimismo, los abusos sexuales con acceso carnal (violaciones) subieron un 6,3%, registrando una tasa de 23,0 víctimas cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media argentina de 13,8.

La seguridad pública no se puede fragmentar ni recortar por conveniencia política para armar una gacetilla de prensa. No hay motivos para sonreír frente a una cámara cuando las rejas en las casas son cada vez más altas y, mucho menos, cuando nuestras infancias y nuestras mujeres están más expuestas y desprotegidas en nuestra provincia que en cualquier otro punto de la Argentina.

Mendoza no necesita marketing estadístico ni funcionarios montando fastuosos operativos para las cámaras de TV. Lo que los vecinos exigimos (y seguimos reclamando firmemente) es una política de prevención del delito integral, eficiente, moderna y con presencia real en el territorio, que deje de ignorar los nuevos flancos del crimen organizado y priorice de manera urgente la investigación del ciberdelito y la protección de la minoridad. Respaldar a los mendocinos que quieren vivir en paz implica, primero, tener el coraje de dejar de mirar para otro lado. Se gobierna con estrategias basadas en datos certeros, públicos y comprobables; la tranquilidad de las familias no se declama, se garantiza.

Por Martín González concejal por Fuerza Patria en departamento de Godoy Cruz y miembro del Centro de Estudios y Análisis de la Seguridad de Mendoza (CEAS)