El próximo 15 de Agosto asumirán las autoridades recientemente electas en la Universidad Nacional de Cuyo. Si bien es cierto que estas elecciones son una más de las que se vienen desarrollando hace muchos años, las nuevas autoridades se encontrarán con una situación novedosa, al menos desde la perspectiva de lo que espera la sociedad de Mendoza.

Si hay algo novedoso en la actualidad de las universidades nacionales, es que son parte de la agenda pública en estos últimos años producto de la exposición de las críticas del gobierno nacional y que abarca a toda la educación pública, y porque no decirlo, todo lo público en el sentido de lo estatal.

Más allá de las razones, que no son un tema menor, es dable resaltar que esta exposición de la “problemática universitaria” obliga a realizar algunas reflexiones que sirvan de punto de partida para provocar un salto cualitativo que no solo es necesario, sino que gran parte de la sociedad exige y espera.

Como punto de partida, podemos afirmar que todo lo referente a la Universidad Nacional de Cuyo excede a los integrantes de su comunidad, no solo por el carácter público de bienes que se encuentran en juego -fondos financieros y conocimiento- sino además por los aportes que debe hacer la academia a la sociedad.

Entendemos que hay algunos temas “críticos”, como desafíos, más allá de los estrictamente académico , que se pueden resumir en tres: 

1. financiamiento, administración y control de ejecución de los fondos públicos
2. aportes de la Universidad a la sociedad
3. proceso de toma de decisiones.

Con relación al primer tema – financiero-, las autoridades electas han anticipado la realización de una auditoría con relación a la administración anterior, ya sea respecto a las designaciones de cientos de personas, sino además de algunas decisiones de impacto financiero; también auditar la obra social del personal de la universidad (DAMSU) que pasa una situación gravísima.

No se puede estar más que de acuerdo con esas decisiones, pero entendemos que son insuficientes y que se debería profundizar por medio de la implementación de un sistema de compliance, de modo tal que se puedan en el futuro prevenir los riesgos sin necesidad de actuar tarde sobre las consecuencias.

Un adecuado programa de integridad, como parte de un sistema de compliance, no solo previene la ocurrencia de riesgos de todo tipo, sino que fundamentalmente genera una cultura organizacional fundada en la integridad de las personas y en valores que en definitiva genera una mejora notable en los procesos, entre los cuales se encuentra el de toma de decisiones con fundamento en la sostenibilidad de las mismas.

Esta mentada sostenibilidad es mucho más que el conocido “triple impacto” (social/ambiental/económico- financiero), sino que además debe responder a variables basadas en la cultura, política y también electoral.

Un adecuado sistema de integridad -compliance- que garantice la transparencia en todos los procesos permite satisfacer la legítima demanda social con relación a la administración de bienes públicos. 

Por otro lado, un sistema de compliance permite cumplir con la obligación ante la sociedad de la imprescindible rendición de cuentas, lo cual es el medio por el cual la sociedad sepa de modo claro, preciso y accesible la forma en que se invierten dichos fondos públicos.

Pero como dijimos, un sistema de compliance dota a los procesos financieros, entre muchos otros, de un contenido ético que surgen de una nueva cultura organizacional basada en la integridad, y que permite no solo prevenir desvíos de los fines o su mala aplicación, sino que, además permite auditar en tiempo real cada decisión, coadyuva a la implementación de procesos participativos de aquellas decisiones y por último brinda un soporte a la rendición de cuentas y el acceso a la misma. 

Esto claramente permite satisfacer el legítimo interés social de lo que se decide y ocurre en la UNCuyo respecto a fondos públicos.

En otro orden, ya con relación al segundo de los temas, es decir los aportes de la academia a la sociedad, tal vez se presente como el punto más relevante para los que no forman parte de la comunidad académica. 

En ese sentido, seguramente el camino está plagado de prejuicios, muchos de ellos malintencionados, que se fundan en la falta de vinculación genuina de la universidad con las necesidades reales de la sociedad. 

Albert Einstein dijo alguna vez “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, y es muy cierto.

Algunos sectores interesados en desprestigiar la educación pública han instalado con bastante éxito este prejuicio que indica que la Universidad no le sirve a la sociedad, que es un ámbito cerrado, que se ocupa de temas intrascendentes y que solo se trata de un espacio donde entran unos pocos y solo para lograr beneficios personales. 

Entendemos que lo primero que deberían hacer las noveles autoridades, y creemos que lo han hecho en parte, es reconocer que estos prejuicios existen, ora porque han sido instalados de mala fe, ora porque ha existido un déficit de la universidad en la vinculación con la sociedad.

Luego, entendemos, deberían establecer lazos sinceros, claros y con propósitos con los distintos sectores de la sociedad para no solo generar empatía sino para generar una verdadera cultura de cooperación recíproca y hasta de amistad social que permita crear ámbitos de análisis, reflexión y trabajo acerca de las necesidades y aportes que cada uno los partícipes pueden realizar.

Seguramente hoy existen algunos de esos vínculos o lazos, pero claramente no tienen la fortaleza o el contenido para lograr esa sinergia positiva.

También creemos que dicha vinculación -extensión universitaria- debe ser fortalecida, ampliada y participada. 

Crear, recrear o fortalecer esos vínculos son fundamentales, ya no para desintegrar los prejuicios, sino ya para integrar a la academia con la sociedad, para ampliar los objetivos y propósitos de la universidad, y fundamentalmente para hacer una mejor  sociedad y universidad.

En ese orden de ideas, los municipios, el sector productivo privado y público, el mundo del trabajo, las organizaciones de la sociedad (OSC), el gobierno provincial, entre otros, deben ser las contrapartes activas en esta relación. 

Para ello se deben crear ámbitos reales de participación, diagnóstico y trabajo de modo tal que la universidad sea un actor fundamental en cada uno de los sectores y temas estratégicos con aportes de conocimiento, sin renunciar al estudio teórico que por demás está acreditada su utilidad.

Necesitamos una universidad que sea partícipe y protagonista, aportando sus conocimientos y experiencias para resolver las distintas problemáticas y necesidades de la sociedad.

Sin duda alguna, esta vinculación con la sociedad en los términos de participación y cooperación debe ser una de las políticas principales de las nuevas autoridades.

Una universidad plural, abierta, participativa que forme parte, junto con otros actores, de un proyecto de sociedad integrada y sostenible no solo es posible sino que es una obligación de las nuevas autoridades y un reclamo legítimo y esperanzado de todos los mendocinos.

Por Pablo Livio Cazabán -Director Filial Mendoza, Presidente Instituto de Ética y Transparencia,  ACEP (Asociación Civil de Estudios Populares)-