El capítulo sobre la Ley de Tierras se cayó en el Senado. Muchos respiraron aliviados. Tal vez demasiado rápido: los viejos paisanos decían que el tero grita lejos del nido, para que nadie mire donde está lo importante realmente.

Durante semanas la discusión pública giró alrededor de si el límite a la extranjerización subía del 15% al 25%. Ese capítulo terminó retirado para destrabar el resto del proyecto. Pero mientras todos mirábamos ese punto, quedó en pie algo mucho más urgente: la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, que deroga la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas —60 años en bosque nativo, 30 en zonas rurales— y abre la puerta a que lo que hoy es bosque quemado sea mañana loteo o negocio inmobiliario. En 2025 ardieron casi 500.000 hectáreas, un 40% más que el año anterior, y la primera causa fue la quema deliberada. No es casualidad que circulen denuncias y videos sobre incendios provocados en el sur: si esa sospecha tiene algo de cierto, esta ley no la corrige. La favorece.

Por eso la pregunta correcta no es si ganamos la batalla de la tierra. Es si dejamos pasar, sin mirar, la ley que decide qué se hace con la tierra después de que se prende fuego.

Porque buena parte de las decisiones estratégicas sobre el territorio argentino ya estaban tomadas antes de que empezáramos a discutir la ley. Joe Lewis controla unas 12.000 hectáreas en torno al Lago Escondido; después de treinta años, seguimos discutiendo el acceso de los argentinos a un lago que debería ser público. El Grupo Benetton posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia.

Mendoza tiene su propio caso, menos conocido pero no menos estratégico: un entramado de capitales extranjeros —británicos y malayos, con Nieves de Mendoza S.A. entre sus sociedades— controla varios cientos de miles de hectáreas entre Malargüe y el complejo Las Leñas, del que además maneja el 97% del paquete accionario. Los registros oficiales indican que ese departamento tiene 608.739 hectáreas rurales en manos extranjeras —el 14,74% de su territorio—, apenas unas décimas por debajo del límite que discutía la propia Ley de Tierras. No es un lote cualquiera: son nacientes de agua, cordillera, pasos internacionales, recursos minerales, una de las zonas geopolíticamente más sensibles del país.

La pregunta deja de ser inmobiliaria y pasa a ser política: ¿cómo llegamos hasta acá?

No empezó con Milei. Lewis no llegó con Milei, ni Benetton tampoco; la concentración de tierras estratégicas viene de décadas, igual que la deuda pendiente del Canal Magdalena o la discusión sobre la Hidrovía y los puertos del Paraná. Sería cómodo explicarlo todo señalando a un presidente, y también sería cómodo absolver a quienes gobernaron antes. El problema no es un gobierno: es una forma de hacer política que dejó de conducir los procesos estratégicos de la Nación para limitarse a administrarlos. Primero ocurre el hecho, después llega la ley. Primero se concentró la tierra, después discutimos el límite. Primero se quema el bosque, después se legisla sobre qué hacer con lo quemado. Cuando la política llega siempre después, deja de conducir y se limita a administrar.

La tierra nunca fue solamente un activo económico: es donde un pueblo vive, produce, protege sus fuentes de agua y organiza su comunidad. Cuando el acceso al suelo deja de estar al alcance de las familias trabajadoras, el problema deja de ser inmobiliario y se vuelve un problema de hábitat. Y por eso la discusión sobre la tierra no puede separarse de la discusión sobre los ríos, los puertos, las montañas, los bosques y las fronteras: la soberanía no termina en el alambrado, empieza ahí.

Perón lo decía sin rodeos: no hay Soberanía Política sin Independencia Económica. No era una consigna partidaria sino una descripción de cómo funciona cualquier Nación. Cuando un país pierde capacidad para decidir sobre su territorio, tarde o temprano pierde también margen para decidir sobre su economía —y la política queda reducida a administrar decisiones que ya tomaron otros.

Por eso la discusión sobre la Ley de Tierras no debería agotarse en celebrar que un capítulo cayó. La pregunta sigue siendo otra: ¿por qué llegamos a discutir esta ley cuando buena parte de las decisiones sobre nuestro territorio ya estaban tomadas, y por qué dejamos que el capítulo del fuego pase casi sin que nadie lo mire? Las leyes no fracasan solo cuando se derogan. También fracasan cuando llegan siempre después de los hechos — y a veces, después del incendio.