Un Juzgado Federal en Dolores ha obligado al Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025. Este decreto, mediante el cual el Gobierno nacional obtuvo un crédito de 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), había sido objeto de una solicitud de información pública que fue denegada por la cartera económica.
La decisión judicial se originó a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ambas organizaciones denunciaron una clara violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), una normativa crucial para la transparencia gubernamental.
Según el fallo, el Ministerio de Economía intentó "eludir la entrega" de la documentación a través de maniobras administrativas. Inicialmente, la cartera tramitó la solicitud bajo la ley vigente e incluso pidió una prórroga. Sin embargo, en un giro inesperado, desconoció la aplicación de la ley y desvió el caso a un procedimiento más burocrático y restrictivo. Esta táctica fue rechazada rotundamente por el juez.
En su resolución, el magistrado fue contundente y afirmó que el Estado debe acatar las normas sancionadas en democracia, por encima de cualquier reglamentación dictada en gobiernos de facto. El fallo recordó una cita de la Corte Suprema de Justicia: "La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina". Esta sentencia subraya el derecho al acceso a la información como un derecho humano fundamental, que puede ser solicitado sin necesidad de justificar un interés especial.
El juez también señaló que el DNU en cuestión no detalla las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que hace aún más necesaria la transparencia. La sentencia enfatizó que "el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación".
Con esta decisión, el Ministerio de Economía está obligado a entregar la totalidad del expediente, incluyendo anexos y documentos, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La resolución se establece como un precedente crucial en el control democrático y el acceso a la información estatal, especialmente en decisiones que tienen un impacto económico tan significativo como un endeudamiento externo histórico.
