Esta semana el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, salió por radio a explicar por qué el Gobierno provincial no interviene para sostener el precio de la uva. Su argumento fue, en síntesis, que comprar uva con precios sostenidos podría generar una denuncia de dumping como la que sufrió Argentina con el mosto. La afirmación merece una respuesta. No por un prurito político, sino porque cuando un ministro de Producción tergiversa en público uno de los episodios más costosos de la historia comercial de la vitivinicultura mendocina, los productores que están hoy perdiendo plata con cada kilo tienen derecho a escuchar la verdad.

En marzo de 2022, la empresa californiana Delano Growers Grape Productos presentó una denuncia ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos acusando a los exportadores argentinos de mosto de vender por debajo del costo de producción en el mercado norteamericano. La denuncia tenía dos ejes: uno apuntaba a las empresas privadas exportadoras (el dumping propiamente dicho) y otro al Estado argentino, al que acusó de otorgar subsidios que abarataban artificialmente el producto.

¿Cuáles eran esos supuestos subsidios? Los reintegros de exportación del 7%, el régimen de importación temporaria de insumos, la exención de Ganancias de Fecovita por ser cooperativa, y el llamado "Acuerdo Mendoza–San Juan", que redirige uva de baja calidad enológica hacia el mosto. Nótese: ninguno de esos instrumentos tiene la menor semejanza con un operativo provincial de compra de uva a precio sostén para proteger al productor primario en un mercado deprimido.

El resultado de aquella investigación fue contundente y doloroso para Mendoza. Los aranceles para ingresar mosto al mercado norteamericano —que eran del 8%— se dispararon a entre el 21% y el 30% según la empresa. Las exportaciones de mosto de diciembre de 2022 cayeron un 40% interanual. Un sector que genera casi 30.000 puestos de trabajo y factura entre 130 y 200 millones de dólares anuales al año vio su principal mercado —que concentra el 40% de sus ventas externas— casi cerrado de la noche a la mañana.

El dumping, en términos precisos, es la práctica de vender un producto en un mercado extranjero a un precio inferior al que se cobra en el mercado de origen, o por debajo del costo de producción. Lo que denuncia quien inicia un proceso antidumping es que el exportador está inundando su mercado con un producto artificialmente barato para desplazar a la industria local.

Un operativo provincial de compra de uva a precio sostén hace exactamente lo contrario: sube el precio al productor local, reduce la brecha entre el costo de producción y el precio de mercado, y por lo tanto fortalece la posición de Argentina frente a cualquier cuestionamiento externo. Si hay algo que podría servir como argumento defensivo ante una futura investigación antidumping, es precisamente demostrar que el productor argentino cobra un precio razonable por su materia prima.

Para ser más claros: en 2022, Delano argumentó que el mosto argentino llegaba a Estados Unidos demasiado barato. Una de las razones que señaló fue que los productores de uva en Argentina obtenían materia prima a precios deprimidos, lo que reducía artificialmente los costos del producto exportado. En ese contexto, un precio sostén para el productor primario hubiera debilitado, no fortalecido, el argumento de Delano.

La uva para mosto se está pagando hoy alrededor de 200 pesos el kilo. Es el mismo precio que en 2024 y en 2023. Tres cosechas consecutivas sin actualización en pesos, en un país que tuvo una inflación acumulada del 300% en ese período.

Según datos de la Asociación de Viñateros de Mendoza y cálculos comparados con metodología del INTA, los costos de producción de uva criolla en parral se han duplicado respecto al año anterior. Los productores del Valle de Uco estiman pérdidas de hasta 2.000 dólares por hectárea con los precios actuales. En las asambleas y movilizaciones de las últimas semanas, los viñateros lo dicen sin ambages: están cubriendo, en el mejor de los casos, el 50% de sus costos. Algunos directamente evalúan no levantar la cosecha.

Esto no es una crisis nueva ni una exageración del sector primario. Es la consecuencia previsible de años de ausencia del Estado en el mercado de la uva para mosto. Y es, paradójicamente, exactamente el escenario que en 2022 permitió a Delano construir su argumento: si la uva se compra barata en origen, el mosto que se exporta puede venderse barato en destino. El problema no es la intervención del Estado. El problema es su ausencia.

Lo que el ministro parece desconocer, o prefiere no recordar, es que Mendoza tiene una larga historia de operativos de compra de uva para mosto con precio sostén. El propio Gobierno provincial lo implementó en 2022, a través de Mendoza Fiduciaria, comprando uva con precios 30% por encima de lo que pagaba el mercado. La lógica era explícita: cuando el Estado entra como comprador de referencia, el mercado tiende a equilibrarse. El precio privado sube para no perder materia prima ante la competencia del Estado. El productor se beneficia. Y la cadena no se rompe.

No es una política heterodoxa ni experimental. Es una herramienta de regulación de mercados primarios con décadas de uso en Argentina y en el mundo, amparada en legislación provincial específica. El hecho de que el ministro la descarte invocando el fantasma del dumping como excusa revela, en el mejor de los casos, un desconocimiento grave de lo que ocurrió; en el peor, una desinformación deliberada para justificar la inacción.

Todo terminó con un Acuerdo de Suspensión firmado en marzo de 2023 entre la Cancillería argentina y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, por el cual se estableció una cuota de exportación de 40.400 toneladas anuales de mosto concentrado al mercado norteamericano. Argentina cedió parte de su autonomía exportadora para no quedar definitivamente excluida del principal mercado del sector. Fue, en palabras del propio sector, una salida negociada razonable ante un proceso que el Estado no supo o no pudo prevenir a tiempo.

Ese acuerdo sigue vigente hoy. Las empresas exportan bajo cupo y licencia. Y el precio que recibe el productor primario por su uva sigue siendo insuficiente para cubrir los costos. El dumping lo padecieron las exportadoras. La crisis la pagan, como siempre, los productores chicos y medianos.

El ministro Vargas Arizu debería explicarle a esos productores —los que esta semana regalaron uva en el centro de Mendoza— por qué la herramienta que la propia provincia usó en 2022 para protegerlos es hoy, según su criterio, un riesgo comercial inaceptable. Y debería hacerlo con datos, no con relatos que tergiversan uno de los episodios más documentados y dolorosos de la historia reciente de la vitivinicultura cuyanta.

La historia del mosto está escrita. Está en los expedientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en los informes del INV, en los balances de las exportadoras y en los bolsillos de los viñateros. No alcanza con una declaración de radio para reescribirla.

Lizana es diputada provincial, especialista en Desarrollo Productivo con Impacto Territorial