Para el gobierno de Alfredo Cornejo, la creencia de que el Estado es incapaz de controlar a las grandes mineras es uno de los motivos por los que un sector importante de la ciudadanía rechaza el proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Por ese motivo, desde hace meses han salido a controlar con rigurosidad a mineras de tercera categoría generando un daño colateral: varias ripieras y hormigoneras han tenido que cerrar sus puertas y el precio de los áridos ha aumentado. Así lo reconoció recientemente, en una entrevista con Canal Bardo, el titular de Hormiserv, Fabián Vallvé.
El recorte de la entrevista circula en las redes y en el mismo el empresario asegura que "el gobierno cerró muchísimas empresas" y pone el ejemplo de algunas hormigoneras. Sin cuestionar que se hagan controles, dejó entrever que la forma en la que, del día a la noche, se cambiaron las reglas, ha llevado a que muchas empresas tengan que cerrar sus operaciones.
"En los áridos se ha producido un tema de que había mucha informalidad entonces todas las canteras estaba produciendo sin muchos controles. Ahora el gobierno ha decidido regularizar eso y entonces ha empezado a presionar a todas las ripieras y las hormigoneras y a todas las actividades conexas", explicó.
En concreto, admitió que el encuadre "ha sido muy violento" y que se han clausurado en el último tiempo algunas canteras históricas. "Clausuraron canteras históricas. Tres o cuatro canteras y dos hormigoneras. Una logro volver a abrir y la otra dijo que no va a abrir más. Y las ripieras también. Eso ha impactad también mucho en el costo de los áridos", subrayó.
El empresario dejó claro que está de acuerdo con que se hagan controles y admitió que producto de la ausencia de los mismos durante años circularon camiones con exceso de carga que deformaron el pavimento en rutas como la 40 del Gran Mendoza a Tunuyán.
La crítica que existe del sector hacia el gobierno es que no haya existido una política progresiva que les permitiera adecuarse a los nuevos estándares establecidos. Pero da la sensación de que más allá de la situación puntual de las ripieras, el Ejecutivo está preocupado en demostrar que son capaces de controlar y que no les tiembla el pulso si hay que clausurar a una empresa que no cumple con lo que dice la ley.
En ese sentido, las ripieras y hormigoneras parecen haber quedado en el medio de una discusión que los excede. Se han convertido en el castigo ejemplificador para transmitir confianza en la capacidad del Estado para controlar a las mineras.
"Las sanciones aplicables incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras, con lo que se busca generar un efecto disuasivo ante incumplimientos. Con estos controles, Mendoza reafirma su compromiso con una minería sostenible, transparente y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad y protección ambiental", se puede leer en los comunicados del Ministerio de Energía y Ambiente luego de cada procedimiento de la Policía Ambiental Minera.
La Guía de Tránsito de Minerales en plantas de beneficio estaba contemplada en el nuevo Código de Procedimiento Minero. Este documento obligatorio acredita el origen legítimo, la tenencia y la legalidad del transporte o la comercialización de minerales. Su función principal es ordenar y controlar la circulación de minerales, garantizando que cada carga provenga de un derecho minero válido, esté debidamente declarada y pueda ser identificada por las autoridades competentes en cualquier instancia del traslado o la comercialización.
Están obligadas a contar con esta guía todas las personas humanas o jurídicas que intervienen en la cadena minera, incluidos productores, transportistas y comercializadores.
