La minería de cobre no es un negocio para impacientes. Los proyectos demandan años de exploración, cientos de millones en infraestructura y una década o más para recuperar la inversión. Por eso, más que en cualquier otro sector, lo que los inversores piden antes de comprometer capital es una sola cosa: previsibilidad. Que las reglas no cambien a mitad del camino; que una provincia no bloquee un camino de un día para el otro; que la burocracia no demore lo que los contratos ya acordaron.

Por ello, el Gobierno creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad fiscal y legal por 40 años. Pero tener el RIGI aprobado no alcanza si las trabas llegan por otro lado. Vicuña, el proyecto minero de cobre más avanzado del país y posiblemente la inversión extranjera directa más grande que se haya anunciado en la Argentina en las últimas décadas, lo está comprobando en tiempo real.

Detrás de Vicuña están la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP —que en Chile opera La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo—. La empresa prevé desembolsar US$7100 millones en los próximos tres años para construir y poner en marcha una mina de cobre a más de 4200 metros de altura en San Juan. Si el plan avanza según lo previsto, la inversión total ascendería a US$18.000 millones en la próxima década, lo que la convertiría en una de las cinco minas más grandes del mundo en cobre, oro y plata.

Sin embargo, el mayor proyecto minero del país aún no comenzó a construirse y ya acumula dos frentes de conflicto que amenazan con demorar su desarrollo. Vicuña enfrenta hoy un bloqueo de caminos decretado por La Rioja y una disputa abierta por la línea eléctrica que necesita para operar. Actualmente, la Justicia de San Juan le otorgó una medida cautelar que por ahora garantiza la continuidad de sus operaciones.

El conflicto con La Rioja comenzó el jueves 16 de abril, cuando la empresa se enteró por los medios de que la Fiscalía de Estado de La Rioja había suspendido por 30 días las actividades vinculadas al proyecto en territorio provincial, y bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros por la zona de Guandacol. La notificación formal no llegó sino hasta el viernes 24, ocho días después. Desde el 16, los camiones ya no podían circular por esa ruta.

La traza bloqueada no es cualquier camino: es el acceso alternativo que Vicuña utiliza hoy para llegar a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol mientras se licita y construye la ruta principal, que irá íntegramente por territorio sanjuanino. Hasta que esa obra esté lista, el paso por La Rioja es clave. El mantenimiento de ese camino, además, lo financia la propia empresa, no la provincia.

Ante el corte, Vicuña recurrió a la Justicia de San Juan, que es la provincia con competencia sobre el proyecto. Hoy, un juzgado de primera instancia con competencia multifuero otorgó la cautelar solicitada: ningún tercero —público o privado, con excepción de las autoridades sanjuaninas— puede obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto.

Mientras tanto, la empresa siguió trabajando por la ruta alternativa que transcurre íntegramente por San Juan, aunque en condiciones más lentas y complejas. Los 30 días del bloqueo riojano empezaron a correr el 24 de abril. El equipo legal de Vicuña busca restablecer el paso.

El gobernador riojano Ricardo Quintela argumenta que la empresa debe presentar un estudio de impacto ambiental también ante La Rioja, por el uso de la ruta provincial. Vicuña ya cuenta con la declaración de impacto ambiental aprobada por San Juan para el yacimiento Josemaría. Pero Quintela fue más lejos: la semana pasada renovó el reclamo de límites con San Juan, cuestionó la validez de los acuerdos vigentes desde 1968 por haber sido firmados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y planteó que una parte del yacimiento Filo del Sol debería pertenecer a La Rioja.

La postura del gobernador tiene un costo político local: en Guandacol, localidad riojana que provee servicios al proyecto, hay asambleas y malestar. Desde el que vende comida hasta los contratistas que mantienen el estado de las rutas que financia Vicuña, muchos proveedores de la zona exigen que Quintela dé marcha atrás.

El segundo conflicto es más técnico, pero igualmente sensible. Para operar a plena capacidad, Vicuña necesita ampliar la línea eléctrica de 500 kv que abastece la zona. En enero ya se realizó una audiencia por una demanda inicial de 260 MW; el 3 de junio el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a una audiencia pública por la etapa siguiente, que implica una inversión de entre US$400 millones y US$500 millones en 220 kilómetros de nuevas líneas.

El proyecto Los Azules —otro emprendimiento cuprífero en la misma región, aunque más atrasado— quiere compartir esa infraestructura. Pero Los Azules todavía no tiene el capital comprometido. Vicuña, en cambio, acelera y reclama acceso prioritario sobre el 90% de la capacidad que ella misma financia. El gobierno de San Juan y otros actores del sector objetan que la empresa capturará capacidad de una línea que fue construida con fondos provinciales y que hoy pagan los sanjuaninos.

El esquema que está en juego es el mismo que el Gobierno impulsó para destrabar el déficit histórico de infraestructura eléctrica: que las empresas financien las ampliaciones y, a cambio, obtengan prioridad de uso durante la vida útil del proyecto. Lo que se defina con Vicuña será el primer gran test de ese modelo. De su resolución depende no solo el ritmo del mayor proyecto cuprífero del país, sino también la señal que recibirán quienes estudian invertir miles de millones de dólares en minería argentina.

“El gobernador Marcelo Orrego fue categórico: la jurisdicción de San Juan está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional, y los recursos del subsuelo sanjuanino se defienden con la ley en la mano”, dijeron fuentes de la gobernación sanjuanina.

Desde la provincia remarcaron que el proyecto Vicuña —integrado por BHP y Lundin Mining— no está en riesgo ni detenido, y que los intentos de instalar incertidumbre responden a una intencionalidad política sin sustento jurídico. En la misma línea, agregaron que hoy la Justicia provincial habilitó la continuidad operativa del proyecto, confirmando que Vicuña avanza dentro del marco legal vigente.

“El fallo despeja cualquier duda sobre su ejecución y ratifica que la inversión —estimada en US$18.000 millones— sigue adelante conforme a los acuerdos entre el Gobierno nacional, el Gobierno de San Juan y las empresas involucradas", agregaron.