La vitivinicultura argentina asiste a un cambio de paradigma largamente esperado por las entidades de base. Con la oficialización de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se ha dispuesto el cierre definitivo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y, fundamentalmente, el cese de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Para el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, esta decisión no es fortuita, sino la conclusión de un proceso de degradación institucional que la entidad viene denunciando desde 2014, año en el que decidieron retirar su representación del directorio advirtiendo un extravío en el rumbo del organismo.

Lo que en sus orígenes, a principios de los años 2000, nació como una iniciativa loable y consensuada para lograr una industria integrada y competitiva, terminó desvirtuándose con el paso del tiempo. Según sostienen los referentes del sector, la Coviar mutó de su misión administrativa original para transformarse en una suerte de entidad gremial empresaria paralela. Esta situación no solo generó confusión en la representación del sector, sino que, de acuerdo con el comunicado oficial del Centro, fue utilizada sistemáticamente para acallar las voces de las auténticas instituciones de base que debían opinar sobre la crítica realidad económica de los productores.

La defensa de la Corporación se centró en los últimos tiempos en la "visibilidad" política que otorgaba al sector, un argumento que el Centro de Viñateros califica de casi ofensivo frente a la crisis de rentabilidad. Desde una perspectiva técnica y profesional, un plan estratégico debe medirse por resultados tangibles: hectáreas en producción, volumen de exportaciones y niveles de consumo interno; indicadores en los que la gestión del PEVI ha dejado, según la entidad, un saldo de fracasos que ya no podía ser financiado por el bolsillo del viñatero. La premisa de que el plan no buscaba "vender más" sino "agregar valor" es hoy rechazada por quienes enfrentan los costos diarios de la finca y la bodega.

En el comunicado indican que "la eliminación de la contribución obligatoria representa un acto de justicia económica. Durante años, se obligó a cientos de productores/elaboradores e industriales —especialmente a los de nuestra zona Este— a transferir recursos genuinos para sostener una estructura burocrática alejada de la realidad de la finca y la bodega".

"Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, reivindicamos nuestra trayectoria de coherencia y lucha. Siempre sostuvimos que la representatividad se gana defendiendo los intereses de quienes trabajan en esta noble industria".

"Hoy celebramos el fin de un modelo agotado. Queda por delante el desafío de reconstruir una vitivinicultura basada en los mercados, la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto por las auténticas Entidades gremiales empresarias".