La vitivinicultura argentina asiste a un nuevo capítulo de tensión estructural que amenaza con desarticular el modelo de articulación público-privada vigente desde hace más de dos décadas. En los pasillos de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y en algunos despachos oficiales, el clima es de máxima alerta ante la estrategia del Ejecutivo nacional de avanzar, vía resolución, contra los aportes y contribuciones que sostienen el Plan Estratégico Vitivinícola.

Esta maniobra administrativa del Gobierno de Javier Milei, surge como una respuesta directa tras el revés sufrido por el oficialismo cuando intentó, sin éxito, eliminar estas herramientas mediante la vía legislativa, donde se topó con la rigidez de una estructura creada por ley. La situación actual refleja una "lógica de funcionamiento" de confrontación directa, con el impulso desregulador del Gobierno —en la figura de Federico Sturzenegger como principal referente—, que terminó forzando una situación que podría judicializarse mediante recursos de amparo.

El trasfondo de esta disputa no es meramente administrativo, sino que se inscribe en una crisis de rentabilidad que golpea el corazón de sector. Con un valor de mercado que oscila en los 200 pesos para el kilo de uva común y apenas 250 pesos para el malbec, la ecuación económica de los productores pequeños y medianos ha dejado de cerrar, generando un escenario de vulnerabilidad extrema.

En este contexto, la intención oficial de "desarmar" las instituciones de control y promoción, es interpretada por diversos actores del sector como una estrategia para favorecer la opacidad en los precios de la bolsa, los despachos y los volúmenes reales de cosecha, dejando a la mayoría de los productores sin una red de contención frente a las grandes empresas que impulsan el libre mercado sin amortiguadores.

Mientras el directorio de la Coviar prepara una reunión ampliada para definir los pasos a seguir, la que se realizará esta semana o la que viene y en la que participarán representantes de todas las provincias vitivinícolas, la vía judicial se perfila como el único camino restante ante un Estado Nacional que ha clausurado las instancias de negociación y diálogo, apostando por una política de "desarme" global que, lejos de solucionar la crisis de stock y precios, amenaza con fragmentar definitivamente a la industria más emblemática de la región.