Con más de seis millones de argentinos endeudados con billeteras virtuales con mora de 90 días o más, diputados de distintos bloques de la oposición impulsaron proyectos de ley destinados a regular de manera integral el ecosistema financiero digital en la Argentina.

Frente a un escenario de morosidad creciente y tasas de interés que alcanzan niveles exorbitantes, las propuestas buscan prohibir prácticas abusivas y proteger el ingreso de los consumidores vulnerables al sistema crediticio.

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026, la mora en las familias ascendió al 12,8% en el sistema bancario.

El escenario es aún más crítico en el sector no bancario: la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7% (según datos de EcoGo a mayo de 2026), impulsada por mora en préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%).

Por un lado, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano ingresó un proyecto enfocado en combatir el crédito impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales, además de brindar mecanismos de reinserción económica para deudores críticos.

La propuesta exige que las entidades financieras y Fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, evitando la acumulación desmedida de compromisos automáticos repartidos en múltiples plataformas.

Para los casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural donde la persona ya no puede afrontar sus obligaciones, la norma introduce un procedimiento judicial de rehabilitación financiera.

Este trámite contempla planes de pago adecuados a los ingresos reales con adecuación de intereses, cargos y penalidades, además de la suspensión temporal de ejecuciones que pongan en riesgo la subsistencia digna y protección de bienes esenciales.

Asimismo, la iniciativa incorpora un mecanismo de segunda oportunidad: si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas remanentes.

Por otra parte, el proyecto regula los denominados “dark patterns” (patrones oscuros) y la gamificación, prohibiendo interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito, incentivar endeudamiento acelerado o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.

También exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes, auditables y cuenten con mecanismos de revisión humana para evitar sesgos discriminatorios u opacidad en las decisiones. A su vez, establece la protección ante cobranzas abusivas, prohibiendo modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de mora.

“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto. Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%. Además, le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita”, lamentó Juliano.

Según el legislador con origen en la UCR, “una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, sostuvo el legislador con origen en la UCR.

“No me digan que esto es solamente ‘un problema entre privados’. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico. Porque una deuda puede ser privada, pero cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, las consecuencias dejan de ser privadas. Más temprano que tarde impactan sobre el consumo, sobre el comercio, sobre el empleo, sobre la capacidad de otorgar crédito y, finalmente, sobre todo el sistema financiero”, advirtió.

En la misma línea, un conjunto de 27 legisladores del peronismo federal -encabezados por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)- presentó un proyecto dirigido a resguardar a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES, denunciando que las plataformas aprovechan la previsibilidad de los ingresos estatales para ofrecer créditos a personas vulnerables con Costos Financieros Totales que superan el 700%.

El proyecto propone que la regularidad de estos ingresos sea considerada positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio. Uno de los ejes centrales del proyecto está puesto en los sistemas automatizados y algoritmos que utilizan las entidades financieras y fintech para evaluar a los solicitantes.

La iniciativa propone evitar que variables algorítmicas vinculadas con la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos funcionen por sí solas como factores negativos al momento de determinar el acceso y el costo del financiamiento.

“Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Vemos una paradoja: quienes tienen menores ingresos y mayor necesidad de financiamiento son, muchas veces, quienes reciben las peores condiciones”, explicó Tolosa Paz.

Por eso, el proyecto establece que las decisiones adoptadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados deben contar con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección.

La iniciativa busca evitar que la incorporación de tecnología al sistema financiero termine reproduciendo o profundizando desigualdades preexistentes.

Además, establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.

También exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible. La propuesta incorpora, a su vez, una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días.

Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.