La doble suspensión de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica (Ley N° 27.796) y la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27.795) por parte del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que el Congreso omitió prever la fuente de financiamiento para su costo de más de $1.2 billones para 2025, ha generado una fuerte reacción en el ámbito legislativo.
El senador nacional Julio Cobos se convirtió en una de las voces más críticas contra el Gobierno lanzando una serie de mensajes directos al Presidente, donde cuestionó la decisión de dejar las normativas "a la deriva".
La demanda de consenso y acción inmediata
Cobos inició su crítica haciendo eco de la visión generalizada tanto en fuentes nacionales como internacionales, que señalan la necesidad de que el Gobierno de Milei construya un camino de consenso en el Congreso y de diálogo con las provincias.
El foco del legislador se centró en la sensibilidad de las áreas afectadas por la parálisis ejecutiva, sumando a las ya conocidas leyes de salud y educación una tercera normativa en suspenso: la emergencia en discapacidad.
"No hace falta esperar a las elecciones para actuar en temas tan sensibles como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario o la emergencia pediátrica. Son leyes que fueron ampliamente consensuadas y que no pueden quedar a la deriva por decisión del Ejecutivo", tuiteó Cobos.
El poder discrecional del jefe de Gabinete
El principal argumento legal y político del senador apuntó directamente a las facultades que posee el Poder Ejecutivo para manejar el presupuesto, contradiciendo la postura oficial que se ampara en el Artículo 5° de la Ley N° 24.629 para suspender las leyes.
Cobos sostuvo que es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tiene las atribuciones necesarias para reordenar las partidas, sin requerir una nueva intervención del Parlamento.
"El jefe de Gabinete tiene las atribuciones para reordenar las partidas presupuestarias. Son las mismas facultades que le permitieron anunciar que existían fondos para reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires o para eliminar retenciones sin intervención legislativa," afirmó, citando decisiones ejecutivas recientes donde la reasignación de fondos se concretó por decisión administrativa.
Esta postura coincide con el debate que surge en los considerandos del propio Decreto 760/2025 de promulgación, donde el Ejecutivo reconoce la facultad discrecional del Jefe de Gabinete (amparada en el Artículo 37 de la Ley N° 24.156) para reasignar partidas por "oportunidad, mérito o conveniencia", aunque el decreto se había negado a utilizar esa facultad para no "incumplir" el Artículo 5° de la Ley N° 24.629.
Advertencia política: judicialización e interpelación
Finalmente, el senador Cobos lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias de la inacción y el retraso en la ejecución de las leyes, que ya cuentan con doble sanción del Congreso.
"Presidente: implemente ya las tres leyes. No busque excusas. Evite interpelaciones y judicializaciones innecesarias," fue la intimación del legislador.
La mención a "interpelaciones y judicializaciones" subraya la creciente tensión institucional. Si el Ejecutivo mantiene la suspensión, se abre la puerta a que legisladores de la oposición impulsen interpelaciones a ministros –incluido el Jefe de Gabinete– en el recinto, o a que organizaciones de la sociedad civil y gremios recurran a la Justicia para forzar la aplicación de normativas que consideran de orden público y ampliamente consensuadas. El tablero político y el futuro del presupuesto de 2026 quedan ahora en el centro de la disputa entre los poderes del Estado.
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