UCR
Griselda Petri quiere implementar el “Índice Provincial de Transparencia Pública”
La propuesta se apoya en infraestructura ya existente- la Ley 9070 y el Portal de Transparencia Provincial- por lo que su implementación no requerirá crear nuevas estructuras burocráticas.
La diputada provincial Griselda Petri (UCR) presentó este viernes un proyecto de ley para que se implemente el “Índice Provincial de Transparencia Pública”. En el escrito figuran como coautores los legisladores de la UCR Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce, Gustavo Cairo, Alberto López y Raúl Villach.
A través de la medida buscan modificar la Ley Provincial N.º 9.070 de Acceso a la Información Pública e incorporar un nuevo título destinado a la evaluación y seguimiento de su cumplimiento.
La iniciativa parte de una premisa sencilla. “Reconocer derechos y establecer obligaciones es un paso fundamental, pero igual de necesario es contar con herramientas que permitan verificar, de manera objetiva, si esas obligaciones efectivamente se cumplen”, señaló la legisladora.
El proyecto crea el Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP), una herramienta que medirá, con criterios técnicos, uniformes y verificables, el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los organismos del sector público provincial.
Su metodología será pública, se sustentará exclusivamente en evidencia verificable, y los resultados se publicarán periódicamente en el Portal de Transparencia de la Provincia, permitiendo conocer la evolución de cada organismo.
La propuesta se apoya en infraestructura ya existente- la Ley 9070 y el Portal de Transparencia Provincial- por lo que su implementación no requerirá crear nuevas estructuras burocráticas.
“La transparencia no se fortalece sólo dictando normas: también hay que medir su cumplimiento para mejorar la calidad de las instituciones y fortalecer la confianza de la ciudadanía”, sostuvo Griselda Petri.
La propuesta no crea nuevas obligaciones ni sanciones para los organismos, tampoco nuevos organismos administrativos. Su finalidad es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones ya vigentes mediante una herramienta moderna de evaluación y mejora institucional.
Con criterio de prudencia, la evaluación será anual durante los dos primeros años y semestral a partir del tercero, y respecto de los demás poderes y de los órganos con autonomía se instrumentará mediante protocolos de colaboración, resguardando su independencia.
La diputada destacó que la propuesta institucionaliza una tarea que hoy realizan organizaciones de la sociedad civil y que ya cuenta con antecedentes en el orden nacional, donde la Agencia de Acceso a la Información Pública aplica un índice equivalente.
