Al igual que lo ocurrido con la ley de Discapacidad, el Gobierno promulgar la Emergencia Sanitaria Pediátrica y el Financiamiento de la Educación Universitaria, sin embargo, ambas quedaron frenadas por falta de financiamiento. 

En un movimiento simultáneo y por medio de los mismos decretos de promulgación, el Gobierno activó el Artículo 5° de la Ley N° 24.629 (Normas Complementarias de Presupuesto), suspendiendo de plano la ejecución de ambas normativas hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento. 

El argumento central es que el Congreso ha omitido de manera "fehaciente" el origen de los recursos para cubrir el gasto total, que excede el billón de pesos en el ejercicio actual.

Emergencia pediátrica

La Ley N° 27.796 tiene como objetivo principal declarar la emergencia pediátrica por un año para tutelar el derecho a la salud infantil. Entre sus puntos más sensibles, la ley busca la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, incluyendo residentes, con la condición de que no sean inferiores a los términos reales de noviembre de 2023, además de la exención del Impuesto a las Ganancias en guardias y horas críticas. También declara al Hospital Garrahan como referencia nacional y prioriza recursos para neonatología, trasplantes y oncología.

Según el Gobierno, el costo fiscal estimado para la implementación de esta ley asciende a $196.270.000.000.

El Ejecutivo denuncia que asumir este gasto, sin que el Congreso haya especificado una fuente de financiamiento, es imposible, dado que el propio Ministerio de Salud ya opera con un déficit de $102.400 millones. El decreto advierte que ejecutar la ley implicaría desfinanciar programas esenciales, como:

• Alrededor del 30% del total de subsidios para la entrega de medicamentos de alta tecnología a personas vulnerables.
• El 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
• El financiamiento de tratamientos para patologías especiales, drogas oncológicas y medicamentos esenciales.

Financiamiento Universitario

La Ley N° 27.795, que afecta a las universidades públicas, tiene un impacto fiscal aún mayor. Su objetivo es garantizar el sostenimiento del financiamiento universitario, enfocándose en tres áreas de alto costo:

• Gastos de funcionamiento: se exige actualizar retroactivamente al 1° de enero de 2025 los gastos operativos por la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 (un 34,89%) y luego actualizarlos de forma bimestral.
• Salarios docentes y no docentes: Se ordena actualizar los salarios con un porcentaje no inferior al IPC entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Esto implica un incremento salarial del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025. Además, se establece la actualización salarial mensual automática por IPC y la incorporación de sumas no remunerativas al básico, lo que representa un incremento adicional del 37,55% para el personal no docente.
• Becas estudiantiles: Se ordena recomponer las becas (incluyendo Manuel Belgrano y Progresar) por la variación acumulada del IPC (220,45% entre diciembre de 2023 y julio de 2025).

Para el Ejecutivo, el costo total de la ejecución de la Ley para el presupuesto de 2025 se estima en $1.069.644.600.000. El costo de la actualización salarial solo en 2026 se proyecta en más de $2 billones.