Janina Ortiz está imputada en distintas causas penales. Pero además de ello, lleva adelante una Acción Procesal Administrativa en la Corte contra el fallo del Tribunal de Cuentas que le formuló cargos millonarios por presuntas irregularidades en el manejo de la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.

En esa causa era patrocinada por los abogados Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal, que esta semana presentaron su renuncia.

"Téngase presente la renuncia de los doctores Ernesto Bustelo y Guadalupe Simone Cajal al patrocinio ejercido en autos", se puede leer en el oficio vinculado a la Acción Procesal Administrativa. 

Ante esta circunstancia, la Suprema Corte emplazó a Ortiz para que en el plazo de 15 días comparezca al proceso con otro patrocinio y constituya un nuevo domicilio procesal electrónico. "Suspéndanse los trámite y el proceso a partir del momento en que se practique la notificación ordenada y hasta venza el plazo otorgado precedentemente", adhiere el máximo tribunal.

Los letrados habían solicitado la nulidad del fallo 18.025 que dispuso sanciones de multas y cargos contra Janina Ortiz por más de 62 millones de pesos.

Esgrimían que existía una animosidad contra la suspendida diputada provincial y su marido, Daniel Orozco. En concreto, argumentaban que el Tribunal de Cuentas se extralimitó en sus funciones, ponderó prueba de forma "antojadiza" y trató "de encontrar cualquier defecto formal para sancionar a quienes tomaron la decisión de competir con el gobierno de turno en las elecciones de 2023".

Sin embargo ambos letrados presentaron esta semana su renuncia y ahora Janina Ortiz deberá salir a buscar otro abogado. No es la primera vez que Ortiz debe cambiar de representantes.

Al inicio de su periplo judicial buscó el asesoramiento de la abogada Elena Quintero, que la representó tanto en el fuero penal como en el administrativo. Sin embargo, en octubre del año pasado Quintero fue desplazada por Alfredo Paturzo en lo penal y por Bustelo y Simone en la APA contra el Tribunal de Cuentas.