El enfrentamiento entre los gobernadores y el gobierno de Javier Milei se intensificó con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca reformar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta iniciativa, promovida por los 24 mandatarios provinciales, fue sancionada como ley, pero el presidente ya anunció que la vetará. Este hecho marca un punto de inflexión en la disputa por el manejo de los fondos públicos, que ha generado un amplio respaldo entre los gobernadores de diversos signos políticos.
Por otro lado, la oposición no pudo avanzar con otro proyecto clave: la modificación del impuesto a los combustibles. El debate sobre esta iniciativa, que busca quitarle discrecionalidad a la Nación sobre estos fondos y destinarlos al mantenimiento de rutas, fue sorpresivamente postergado. La decisión de Unión por la Patria de levantar la sesión generó críticas y especulaciones entre los legisladores, quienes esperaban una nueva victoria sobre el oficialismo. Algunos creen que fue una "revancha" del kirchnerismo contra los gobernadores que apoyaron el veto presidencial al aumento jubilatorio. El tema podría ser tratado la próxima semana.
La motivación detrás de estas iniciativas provinciales es la denuncia por la retención de fondos que, según la ley, deberían ser distribuidos a las provincias. Un relevamiento de la oposición reveló que el 88% de los ingresos al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) no se destinaron al fin específico de mantenimiento de rutas, sino que fueron desviados a otros usos. Este manejo discrecional del dinero ha irritado a los gobernadores, que reclaman un reparto más equitativo.
Además del impuesto a los combustibles y los ATN, las provincias también impulsan la eliminación de seis fideicomisos, entre ellos el de Infraestructura Hídrica y el de Transporte. La tensión política se ha incrementado por la paralización de la obra pública y la caída de la recaudación, que afectan las finanzas provinciales.
La situación se complica en un contexto de investigaciones por corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y a figuras cercanas al presidente. Mientras tanto, los gobernadores, que han sellado alianzas para presionar al gobierno, se mantienen unidos para defender sus intereses, a excepción de unos pocos que se han alineado con La Libertad Avanza. La reciente votación de los ATN, con 163 votos a favor, demuestra el poder de fuego de los mandatarios provinciales en el Congreso.
