Ayer el exsenador Marcelo Romano denunció públicamente un aumentazo encubierto en el aporte social de los empleados estatales a OSEP. "Si sos empleado público de Mendoza y tenés OSEP te tengo una mala noticia. El Gobierno de Cornejo ordenó cambiar la forma de cálculo de ese descuento que te hacen de la obra social", manifestó. Este viernes el exdiputado Mario Vadillo denunció que "OSEP no puede ajustar el sueldo del trabajador para tapar salarios pagados en negro". El abogado especializado en defensa del consumidor advirtió que los nuevos descuentos incorporados en el Presupuesto 2026 carecen de sustento legal y contradicen el régimen nacional de obras sociales y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Al igual que Marcelo Romano, el abogado Mario Vadillo cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Mendoza de ampliar la base de cálculo de los aportes a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y advirtió que se trata de una medida ilegal que traslada al trabajador el costo de una política salarial deficiente.

A partir de enero de 2026, miles de empleados públicos mendocinos comenzarán a sufrir descuentos de OSEP sobre conceptos que hasta ahora no estaban alcanzados, como bonos, premios, viáticos, incentivos y sumas expresamente calificadas como no remunerativas. La modificación fue incorporada en la Ley de Presupuesto 2026 y no responde -según aclaró Vadillo- a un error de liquidación.

“No es una mala liquidación ni un problema administrativo: es una decisión política. El Gobierno amplió la base de aportes a OSEP a ‘todo concepto percibido por el agente’, sin distinguir qué es salario y qué no”, explicó.

Una base de cálculo que se amplía 

Con la reforma presupuestaria, OSEP comenzará a descontar aportes sobre conceptos que históricamente quedaron fuera del salario propiamente dicho. “Hasta ahora, los descuentos se aplicaban sobre los rubros remunerativos sujetos a aporte jubilatorio. Hoy se pretende descontar sobre todo, incluso sobre pagos que el propio Estado definió como no remunerativos”, sostuvo Vadillo.

Para el abogado, el origen del problema no está en la obra social, sino en la política salarial del Ejecutivo provincial. “Durante años el Gobierno cerró paritarias pagando aumentos en negro, mediante sumas no remunerativas, bonos y adicionales, para evitar el impacto pleno de los aportes jubilatorios y de la seguridad social. Eso permitió acuerdos de corto plazo, pero desfinanció el sistema”, señaló.

Y agregó: “Cuando OSEP empezó a mostrar déficit, en lugar de blanquear los salarios, el Gobierno eligió trasladar el costo al trabajador, descontando ahora sobre esos mismos conceptos que antes había excluido del sueldo”.

El contraste con el sistema nacional

Vadillo remarcó que la decisión de OSEP rompe con el esquema legal vigente a nivel nacional. “En Argentina, las obras sociales descuentan sobre la misma base que la jubilación. No es una costumbre: es la ley”, explicó.

En ese sentido, citó la Ley 23.660 de Obras Sociales, cuyo artículo 16 establece que los aportes se calculan sobre la remuneración del trabajador, y el artículo 18 define que remuneración es la prevista por el régimen nacional de jubilaciones y pensiones. “Dicho en términos claros: lo que aporta a jubilación, aporta a la obra social. Lo demás no”, resumió.

Por ese motivo, en el sistema nacional quedan excluidos de la base de cálculo los viáticos, las gratificaciones excepcionales y las sumas no remunerativas. “OSEP rompe esa coherencia y empieza a descontar sobre conceptos que ni siquiera el sistema nacional considera salario”, advirtió.

El abogado recordó que la cuestión ya fue resuelta por la Justicia en reiteradas oportunidades. “La Corte Suprema, en el fallo ‘Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.’, dejó en claro que no se puede atribuir carácter salarial a un concepto solo para ciertos efectos. La naturaleza del pago no puede manipularse según la conveniencia del empleador o del Estado”, afirmó.

En la misma línea, citó precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —como el caso “Díaz c/ Cervecería Quilmes”— que rechazaron incluir gratificaciones extraordinarias, pagos no habituales y sumas no remunerativas en la base de cálculo de los aportes a la seguridad social.

Un conflicto que puede judicializarse masivamente

Vadillo advirtió que, si el esquema se mantiene, el conflicto escalará rápidamente a los tribunales. “Si OSEP insiste en descontar sobre el total de los ingresos, va a haber miles de acciones judiciales, individuales y colectivas. Se están descontando aportes sin base legal nacional, afectando directamente el ingreso del trabajador, y existen leyes y fallos firmes que amparan el reclamo”, señaló.

“O el Gobierno blanquea todos los aumentos salariales, o no puede descontar aportes sobre pagos que no son salario. No se puede pagar en negro para evitar aportes y después cobrar como si todo fuera sueldo”, afirmó.

Y concluyó con una advertencia directa: “OSEP no puede transformarse en la caja de ajuste de malas paritarias. Cuando el Estado cruza el límite de la legalidad, el conflicto deja de ser político y pasa a ser judicial”.