En los últimos cuatro meses del 2025 el gobierno de Alfredo Cornejo destinó más de 7 mil millones de pesos a pauta oficial. En total, el año pasado se desembolsaron más de 15 mil millones de pesos en ese concepto sin que exista justificación sobre el criterio con el que se contrata a proveedores o el servicio que le prestan al Estado. En la Suprema Corte existe una Acción Procesal Administrativa que procura transparentar esos procesos conociendo en detalle los contratos suscriptos en 2024 y 2025 con las consultoras DNY y MDA, dos de las principales benefactoras de la pauta oficial. Estaba previsto que esta semana se presentaran a audiencia los responsables del área de comunicación del gobierno, pero los jueces Mario Adaro, José Valerio y Teresa Day todavía no resuelven si es pertinente realizar esa medida.

¿Cuál es el criterio con el que se reparte la pauta oficial en la provincia de Mendoza? Esa pregunta no tiene una respuesta específica y eso genera dudas. El día 19 de febrero habían sido citados a audiencia el Subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, Pablo Miguel Sarale, el Director de Publicidad y Medios, Leonardo Aballay y Alberto Alejandro Donadell para que brindaran detalles de la contratación de pauta a los proveedores D.N.Y. Consultores S.A. y MDA CONSULTORA S.A. El Gobierno de Mendoza recurrió esa decisión basándose en "la impertinencia de los medios de prueba ofrecidos por la parte actora para resolver las excepciones previas de falta de legitimación sustancial pasiva articuladas" y consiguió que se suspendiera la audiencia hasta que la Corte resuelva ese planteo.

A pesar de que el plazo para resolver ya está vencido, Mario Adaro, José Valerio y Teresa Day no han definido si le dan lugar a la solicitud del gobierno de Alfredo Cornejo para que se desestime la medida de prueba requerida por el ciudadano Marcos Neirotti con el patrocinio del excandidato a diputado nacional Gabriel Sottile. 

De esos tres jueces depende que se produzca o no la citación a audiencia y que se remitan los contratos para conocer los detalles de los mismos. A pesar de que hay una ley que obliga a los entes estatales a justificar por qué se le está pagando a un medio en particular, desde hace años que eso no se cumple. Es el caso de la ley 6496 del año 1997 que pese a estar vigente es como si no existiese. Esa norma obligaba a presentar en la Legislatura “Informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública provincial”.

Incluso a pesar de que la ley de administración financiera (8706) deja claro que las contrataciones "deberán estar debidamente fundadas y acreditarse la causal que la habilita e instrumentarse conforme lo que establezca la reglamentación", hoy en día no existe noción sobre el criterio con el cual se imputan los gastos en pauta oficial.

Para los denunciantes la importancia de la prueba testimonial radica en que los testigos son funcionarios clave en el manejo de la pauta oficial. "Sus declaraciones son vitales para determinar por ejemplo quién posee materialmente la documentación que mi parte solicitó (informes de pauta oficial); cuál es el circuito administrativo real de la pauta; si la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAYEP) intervino o debió intervenir formalmente en el contralor de esos actos; etc", esgrimen.

Sin ir más lejos, solamente en el año 2025 MDA Consultora recibió 647 millones de pesos en pauta oficial y DNY Consultores 629 millones de pesos. Si la Corte llega a ratificar la pertinencia de las medidas de pruebas solicitadas, Pablo Sarale, Leonardo Aballay y Alejandro Donadell deberán concurrir con los contratos correspondientes para  acreditar los servicios que prestó el proveedor y justificar los montos desembolsados.

El año pasado El Medio reveló los puntos de contacto que existen entre ambas consultoras y el empresario Santiago Durany. También pudo confirmar que Durany es uno de los dos vecinos de Rodolfo Suarez en el exclusivo desarrollo de Cresta de los Bayos donde solo tienen casas Durany, Suarez y Adrián Yacopini.

El origen de la causa

La denuncia que llegó hasta la Suprema Corte tiene un origen particular. El 25 de octubre del 2024 la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública rechazó el recurso de incumplimiento interpuesto por Marcos Neirotti en queja por las respuestas incompletas que recibía al requerir información vinculada a la pauta oficial. Según la ley 6496 sancionada en el año 1997, se deben presentar "informes bimestrales de gastos de publicidad realizados por la administración pública" y esos son los informes que solicitó. Como no los consiguió y la Oficina de Ética Pública le rechazó el recurso afirmando que la ley no está vigente, Neirotti presentó una Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte.