A través de dos fallos diferentes, el Tribunal de Cuentas formuló cargos y multas millonarias contra el intendente de La Paz, Fernando Ubieta y otros funcionarios de la comuna. En concreto, se detectaron hechos irregulares vinculados con expedientes de rendiciones de gastos y de pagos a través de cheques manuales. Desde el municipio denunciaron penalmente a una empleada por sustraer cheques, adulterarlos y cobrarlos en ventanilla a través de su pareja, pero el órgano de control afirma que las autoridades municipales también son responsables por no haber detectado las vulnerabilidades del sistema.

Así consta en los fallos 18374 y 18376 mediante los cuales el Tribunal de Cuentas le formula cargos a los responsables por casi 75 millones de pesos. El primero establece que deben hacerse responsables del desvío indebido de 24 millones de pesos y el segundo determina lo mismo respecto a otros 48 millones de pesos.

Las irregularidades se detectaron en la rendición de cuenta del 2024 y a raíz de ello se ordenó revisar la cuenta 2025 y observaron que se seguía dando la maniobra irregular. A groso modo, se detectaron órdenes de pagos truchas que eran firmadas por las autoridades competentes creyendo que eran ciertas. Las órdenes se usaban para justificar la salida de cheques adulterados que eran cobrados en ventanilla por la pareja de una empleada municipal.

"Las falencias detectadas no son meros 'errores administrativos' o 'fallas del sistema', sino que configuran una ruptura total del sistema de control interno, que genera responsabilidades para los funcionarios jerárquico”, esgrimen desde el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a los argumentos planteados por los responsables, respecto a que la empleada Luciana Díaz Gracia sustrajo cheques oficiales del Municipio, falsificó las firmas y la información de los talonarios, manipulando el sistema contable, fueron encontrados insuficientes para relevar de culpa a las autoridades del municipio.

"Tales afirmaciones no hacen más que evidenciar una omisión manifiesta en el deber de custodia y vigilancia de los funcionarios a cargo de la percepción e inversión de los caudales públicos. La formalización de una denuncia penal de fecha posterior al requerimiento de documentación realizado por la auditoría y la ampliación de dicha denuncia tras la notificación del Pliego de Observaciones, no permitiría deslindar la responsabilidad de los funcionarios que rinden la cuenta, pues dichas anomalías ocurrieron bajo su gestión y sólo fueron advertidas una vez que se puso en funcionamiento el control externo que ejerce este Tribunal", aseveran desde el órgano de control.

Por todo ello, el fallo 18374 determinó que el perjuicio de las maniobras irregulares en el año 2025 llegó a $ 26.571.241 mientras que el fallo 18376 remarca que en lo que respecta al periodo 2024 supera los $48 millones contemplando intereses.

La maniobra delictiva

El municipio denunció penalmente a Luciana Díaz Gracia por desviar fondos de la comuna. “El listado de cheques emitidos de manera adulterada por parte de la empleada Diaz Gracia Luciana Valeria quien, procedió a sustraer cheques de manera periódica de las chequeras oficiales del municipio, falsificando la información en los talonarios de las mismas para que no se detecte en el momento el valor substraído, logrando así falsificar firmas de los funcionarios firmantes, generando expedientes ficticios, que físicamente nunca existieron, manipulo el sistema contable a su conveniencia usando sus conocimientos contables adquiridos en estos años de trabajo, cargo un número de factura inexistente de proveedores habituales, ingresó y adulteró la conciliación bancaria para que no pudiéramos detectar en el periodo en curso dicho fraude”, esgrimieron desde la comuna.

Pero ese mismo relato fue tomado por el Tribunal de Cuentas para sancionar al intendente Fernando Ubieta y otras autoridades del municipio. "Claramente, la conducta observada no refleja un hecho fortuito único, sino una falla sistémica. Si una empleada pudo sustraer cheques, falsificar firmas y adulterar el sistema durante meses/años, los mecanismos de control previstos por la Ley 8706 (Art. 58 y 81) fueron inexistentes o puramente formales. En este sentido, los funcionarios no pueden dejar liberado el sistema permitiendo que una misma persona realice funciones incompatibles (Carga de factura + Emisión de OP + Conciliación). La 'astucia' que los responsables endilgan a la empleada no es un eximente, sino la prueba de la negligencia grave de los superiores al dejar las 'llaves' del sistema en una sola mano", remarcan en el fallo 18376.