Garrote presupuestario
El Gobierno exige a las universidades garantizar las clases y amenaza con revisar envío de fondos
La Subsecretaría de Políticas Universitarias solicitó informes sobre los planes de contingencia para asegurar la continuidad pedagógica, señalando que el derecho a la educación debe prevalecer sobre las medidas de fuerza. Si no se cumple, se pueden restringir fondos.
En un documento emitido este lunes 27 de abril, el Ministerio de Capital Humano, bajo la firma del subsecretario Alejandro Álvarez, intimó a las autoridades de las Universidades Nacionales a presentar en un plazo de 48 horas un reporte pormenorizado sobre las acciones institucionales que están adoptando para evitar la interrupción del ciclo lectivo.
La medida surge ante lo que el Gobierno describe como una "extrema preocupación" por la suspensión total de actividades académicas derivadas de los paros docentes y no docentes, lo que a su entender vulnera el principio de continuidad del servicio público.
La fundamentación oficial se apoya en que, si bien el derecho de huelga está reconocido constitucionalmente, este no puede anular de forma absoluta el derecho de los ciudadanos a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bajo esta premisa, la Casa Rosada sostiene que la autonomía universitaria no exime a los rectores de sus deberes como funcionarios públicos, obligándolos a arbitrar los medios necesarios para mantener los edificios abiertos y ofrecer alternativas pedagógicas que resguarden la trayectoria de los alumnos.
El requerimiento exige precisiones sobre la implementación de herramientas virtuales y reprogramaciones de exámenes, además de garantizar el libre acceso para quienes decidan no adherirse a las protestas. Sin embargo, el punto de mayor tensión radica en el apercibimiento final: el Ejecutivo advirtió que el incumplimiento de este informe o la falta de protección efectiva del derecho a la educación habilitará la intervención de organismos de control como la SIGEN y la AGN, y lo que es más sensible para las casas de altos estudios, la revisión de la transferencia de recursos presupuestarios nacionales destinados al sistema universitario.
