Ajuste
Milei vuelve a recortar fondos para universidades en la previa de la marcha federal
La Casa Rosada sostiene que la ley de financiamiento universitario “quedó derogada” tras la aprobación del Presupuesto 2026 y profundiza el ajuste sobre el sistema público. Rectores, docentes y estudiantes marcharán este martes en todo el país para reclamar por salarios, funcionamiento y hospitales.
A horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional volvió a escalar el conflicto con las universidades públicas. La administración de Javier Milei ratificó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025 y avanzó, además, con nuevos recortes presupuestarios que afectan obras, infraestructura y gastos operativos del sector.
La discusión volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, defendiera públicamente la decisión oficial de desconocer la norma votada por el Parlamento. Según explicó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la ley “quedó derogada de hecho” con la aprobación del Presupuesto 2026, argumento que rechazan tanto las universidades como distintos sectores de la oposición.
La tensión crece porque la norma había sido sancionada nuevamente por el Congreso luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial impulsado por Milei. A partir de allí comenzó una disputa judicial que ya tuvo fallos favorables para las universidades en primera y segunda instancia, aunque el Gobierno decidió apelar ante la Corte Suprema.
Mientras la pelea legal continúa, el Ejecutivo profundizó el ajuste presupuestario. A través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, se oficializó un recorte superior a los 5.300 millones de pesos destinados a transferencias de capital para infraestructura universitaria y obras vinculadas al sistema científico y tecnológico.
Desde el oficialismo aseguran que el sistema universitario necesita “parámetros objetivos” para distribuir recursos y cuestionan la utilización política de la movilización convocada para este martes. Álvarez incluso calificó la protesta como una marcha “fuertemente influenciada por la política”, aunque reconoció que el reclamo salarial docente es “genuino”.
Del otro lado, rectores, gremios y centros de estudiantes denuncian un escenario crítico. El Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que el ajuste ya impacta en salarios, becas, investigación y funcionamiento cotidiano de las universidades. También advierten sobre la situación de los hospitales universitarios, que dependen financieramente de las casas de estudio y aseguran no haber recibido partidas específicas para gastos operativos durante 2026.
La situación afecta particularmente a instituciones como la Universidad de Buenos Aires, pero también a universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, Nordeste y La Rioja, cuyos hospitales universitarios cumplen un rol clave en atención médica y formación profesional. Según denunciaron sus autoridades, la falta de fondos pone en riesgo la continuidad de prestaciones sanitarias para miles de pacientes.
En ese contexto, este martes se realizará una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública. La protesta buscará volver a instalar el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento y la recomposición salarial docente, en medio de un conflicto que ya combina tensión política, disputa judicial y creciente deterioro presupuestario.
