La crisis interna del peronismo mendocino sumó un nuevo capítulo de alta tensión política. El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista provincial decidió avanzar con sanciones contra diez dirigentes alineados con el kirchnerismo, en una resolución que profundiza la pelea entre la conducción partidaria y el sector referenciado en La Cámpora. Concretamente, fueron inhibidos para ocupar cargos partidarios e inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos por 3 años.
La medida apunta contra dirigentes que participaron de armados electorales por fuera de la estructura formal del PJ durante los comicios municipales desdoblados realizados este año. Desde la conducción partidaria sostienen que esa decisión constituyó una violación directa a la carta orgánica y a las normas de disciplina interna que rigen para los afiliados.

El trasfondo político de la sanción excede el plano administrativo. La resolución expone el endurecimiento de la disputa entre el sector que conduce el partido en Mendoza, con fuerte peso territorial e influencia de los intendentes, y el kirchnerismo provincial, que desde hace tiempo mantiene diferencias estratégicas y electorales con la estructura tradicional del PJ.
Entre los dirigentes alcanzados aparecen referentes cercanos a Anabel Fernández Sagasti, figura central del kirchnerismo mendocino y una de las voces más críticas de la conducción actual del peronismo provincial. En el camporismo consideran que el proceso disciplinario tiene un claro componente político y denuncian una utilización selectiva de las sanciones partidarias.
Puntualmente los dirigente sancionados son: Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Gisela Melanie Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco.
La principal crítica que surge desde ese espacio apunta a la existencia de una “doble vara”. Señalan que en años anteriores otros dirigentes peronistas participaron de frentes o alianzas alejadas de la estructura oficial sin recibir castigos similares. Por eso interpretan la decisión como un intento de aislar políticamente al kirchnerismo dentro del partido.
En el entorno de la conducción partidaria rechazan esa lectura y aseguran que las sanciones responden exclusivamente al incumplimiento de las reglas internas. Argumentan que competir contra candidatos oficiales del PJ erosiona la cohesión partidaria y debilita electoralmente al peronismo en un contexto ya complejo para la oposición en Mendoza.
La disputa también refleja una tensión más amplia que atraviesa al peronismo en distintos puntos del país. La convivencia entre sectores tradicionales, gobernadores, estructuras territoriales y el kirchnerismo duro continúa mostrando señales de desgaste, especialmente en provincias donde el PJ perdió competitividad electoral y enfrenta discusiones sobre liderazgo, estrategia y renovación política.
En Mendoza, esa fractura parece lejos de cerrarse. Por el contrario, las sanciones conocidas en las últimas horas podrían acelerar una dinámica de mayor confrontación interna en un año clave para la reorganización opositora.