En una semana marcada por la parálisis legislativa y la urgencia de normalizar el sistema de justicia, la Casa Rosada ha decidido cambiar su estrategia de confrontación por una de negociación pragmática. El artículo publicado por Clarín este 10 de mayo de 2026 revela que el Gobierno finalmente ha accedido a los pedidos de sus aliados parlamentarios para destrabar el envío de pliegos al Senado, un movimiento que busca dar respuesta a una crisis de vacantes sin precedentes que hoy afecta al 36% de los despachos judiciales del país.

La llave de este acuerdo radica en la flexibilidad del Ejecutivo para incluir en las ternas a candidatos propuestos o avalados por los sectores "dialoguistas", rompiendo el estancamiento de casi dos años en el que el Ministerio de Justicia retenía cientos de designaciones. Con este giro, el oficialismo espera alcanzar los dos tercios de los votos necesarios en la Cámara Alta para aprobar no solo los cargos en tribunales federales, fiscalías y defensorías, sino también las estratégicas vacantes en la Corte Suprema de Justicia, un objetivo prioritario para la gestión libertaria en 2026.

La magnitud del desafío es sistémica: de los 1.002 cargos de la justicia federal, 364 se encuentran vacantes, una cifra que, según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, profundiza la anomia social y paraliza funciones básicas del Estado. En este contexto de "sillas vacías", la presión de figuras institucionales como Horacio Rosatti ha sido determinante para que la política acelere los tiempos. Mientras el Gobierno promete el envío masivo de pliegos, los aliados ya advierten que la moneda de cambio será una mayor participación en la selección de magistrados en fueros clave, como Comodoro Py, donde la puja por los sucesores de cargos estratégicos ya ha comenzado.