El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aseguró este 1 de Mayo que recurrirá el fallo del Tribunal de Cuentas, que le formula cargos millonarios por irregularidades detectadas durante el ejercicio 2024 y 2025. El jefe comunal aseguró que el órgano de control no utiliza siempre el mismo criterio para sancionar a los distintos responsables, y que eso evidencia que no es objetivo con sus parámetros.
"Considero que el fallo es injusto, arbitrario y no se condice con lo que realmente sucedido", manifestó Ubieta respecto a los cargos que el Tribunal de Cuentas le formuló para que junto a otros funcionarios reintegren 75 millones de pesos a las arcas municipales.
En concreto, se detectaron hechos irregulares vinculados con expedientes de rendiciones de gastos y de pagos a través de cheques manuales. Desde el municipio denunciaron penalmente a una empleada por sustraer cheques, adulterarlos y cobrarlos en ventanilla a través de su pareja, pero el Tribunal de Cuentas afirma que las autoridades municipales también son responsables por no haber detectado las vulnerabilidades del sistema.
"Nosotros inmediatamente hicimos la denuncia como corresponde, dimos aviso al Tribunal de Cuentas, pusimos los cheques que considerábamos fraguados a disposición. Después el Tribunal actuó de la manera que actuó. Imponiendo cargos de una manera arbitraria. Prejuzgando una situación que tiene una trama judicial que se está resolviendo y creo que no correspondía", manifestó Fernando Ubieta .
En este sentido, el intendente de La Paz cuestionó que el Tribunal de Cuentas aplique distintas sanciones ante hechos similares. "Es muy difícil entender cómo se falla de una forma para algunos y de otra forma para otros. Nosotros hicimos lo que correspondía. Me apersoné en el tribunal les comenté lo que había pasado y dije que iba a hacer la denuncia", manifestó.
En concreto, en el pasado el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, la vocal Liliana Muñoz y el vocal Gustavo Riera intentaron evitar que se le formularan cargo al extitular de Vialidad Provincial, el cornejista Oscar Sandes, en un caso de similares características.
En el caso de Sandes, se desviaban fondos de la caja chica de Vialidad y la responsable era la gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, quien admitió haber falsificado la firma de Sandes para disponer de los fondos. En esa oportunidad, los integrantes del Tribunal de Cuentas recién mencionados afirmaron que "no sería aplicable la teoría de la delegación de funciones para sustentar la formulación de cargo en la persona del Administrador y solo cabe calificar la responsabilidad por falta de control como procedimiento administrativo irregular, responsabilidad indirecta que trae aparejada la sanción de multa".
Sin embargo en el caso de Ubieta sí le formularon cargos por 75 millones de pesos entendiendo que la falsificación de cheques demuestra una "omisión manifiesta en el deber de custodia y vigilancia de los funcionarios a cargo de la percepción e inversión de los caudales públicos".
"Voy a recurrir el fallo porque es lo que corresponde", concluyó Fernando Ubieta.
