Las palabras se las lleva el viento y da la sensación de que a veces lo mismo ocurre con las leyes. Lejos quedó el ahínco del Ejecutivo provincial para ponerle fin a la existencia de los "equiparados a magistrados", esos empleados judiciales que fueron tocados por la varita mágica de la Suprema Corte y cobraban como si fuesen jueces. En el año 2020 se sancionó una ley para prohibir y limitar el régimen de equiparación de cargos y salarios con el de magistrados, pero al día de hoy no se aplica. Y da la sensación de que ya nadie brega por que eso suceda.

En el año 2020 Rodolfo Suarez era gobernador y se mostró indignado al enterarse que la secretaria de la Suprema Corte de Justicia cobraba más que algunos jueces del máximo tribunal. Atento a ello, envió un proyecto de ley que cayó como un baldazo de agua fría en la Justicia, porque casi todos los jueces de la Corte habían bendecido a algunos empleados de su entorno para "equipararlos a jueces" y darles sueldos de privilegio.

La ley se aprobó en la Legislatura pero una medida cautelar paralizó su implementación y desde hace seis años la Corte dilata la resolución del conflicto. El Ejecutivo, que debería bregar por su cumplimiento, tampoco muestra entusiasmo para empujar el expediente. A raíz de ello, el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, presentó un proyecto de resolución exigiendo explicaciones al Ministerio de Gobierno.

"Resulta ineludible solicitar información al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza, acción fundada en el irrazonable tiempo trascurrido, casi SEIS (6) años, sin que todavía sean resueltas por la Suprema Corte de Justicia las impugnaciones que distintos funcionarios judiciales hicieran a la aplicación de la ley citada ut-supra en acciones judiciales que radican en SCJ de Mendoza", se puede leer en el proyecto del legislador del PD.

Para Armando Magistretti la demora no solo produce un daño institucional "sobre la dudosa legitimación de esos funcionarios para cobrar como magistrados debido a la existencia de la ley" sino que además agrega que se "podría estar generando un daño irreparable al erario público por tratarse de sueldos que no corresponderían ser abonados al no ser magistrados".

Los funcionarios judiciales no son jueces pero cobran sueldos de jueces. La medida cautela permite que esta situación se prolongue en el tiempo y Magistretti entiende que aún si el fallo les es negativo, no deberán devolver las sumas percibidas, por lo que cada mes que pasa es un perjuicio para el erario público. 

"En la mayoría de los casos la última actuación que aparece en las listas que publica la misma Corte es del 19 de Septiembre de 2024", subraya el senador del PD.

"El poder legislativo también es órgano de control, y ante la evidencia del tiempo transcurrido, se impone solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, mediante pedido de informes al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, como autor de la ley Nº 9230 que la Honorable Legislatura de Mendoza sancionó, como principal demandado encargado de la defensa de la constitucionalidad de la ley, y como responsable de que no exista daño al erario público, las explicaciones del caso, no solo para esta legislatura, sino también para la sociedad que representamos que , naturalmente, rechaza los privilegios", concluye el legislador ganso.

En concreto, busca saber a qué se debe la falta de movimiento del expediente y si el Poder Ejecutivo Provincial ha realizado actividades procesales para impulsar las distintas causas en cuestión.