Lo que está pasando en la causa D'Agostino no es casual, es producto de la injerencia que el Poder Ejecutivo tuvo durante los últimos 11 años en la vida interna del Poder Judicial. La novela de intrigas que se ha desatado deja al descubierto el entramado de poder y el rol que tuvo Marcelo D'Agostino como subsecretario de Justicia de Alfredo Cornejo. El dominó de inhibiciones, las sospechas sobre los actores judiciales y la confesión de un juez amigo han expuesto las consecuencias de la intromisión de poderes y la falta de transparencia en los mecanismos de selección de magistrados.

Para entender el culebrón que se vive por estas horas en el Polo Judicial hay que repasar la secuencia de los hechos. Marcelo D'Agostino está denunciado por abuso sexual y violencia de género. Sin embargo, sigue libre y solo se lo imputó por amenazas en contexto de género y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa quedó en manos de los fiscales Alejandro Iturbide y Valeria Bottini, ambos cuestionados por la querella y acusados de intentar beneficiar al imputado.

Pero el escándalo se desata a la hora de determinar qué juez de garantías se hace cargo del proceso. El sorteo inicial determinó que debía ser Eleonora Arenas, pero ella dejó el juzgado y fue ascendida al Tribunal Penal Colegiado, por lo que había que seleccionar otro juez. Se dispuso entonces que la causa sea instruida por la conjueza Jimena Pina González. Y en ese punto las operaciones emergieron a la luz.

La querella recusó a la conjueza Jimena Pina y un tribunal integrado por Eleonora Arenas, Belén Salido y Mauricio Juan debía resolver esa recusación. Los hilos de Marcelo D'Agostino comenzaron a moverse para que Jimena Pina fuese confirmada. Para ello se valieron de los servicios del juez Rafael Escot, amigo de Marcelo D'Agostino, que les pasó capturas de pantallas de conversaciones de Whatsapp de un grupo de jueces. En base a ello, recusaron a la jueza Belén Salido porque había hecho un chiste sobre la posible prisión preventiva de Marcelo D'Agostino. Belén Salido descubre que Rafael Escot filtró esa información, Escot admite que quiere ayudar a D'Agostino y la jueza Belén Salido, indignada por la situación, se inhibe de resolver y denuncia administrativamente a Escot.

Pero el culebrón no termina allí. La querella vuelve a recusar a Arenas por sus vínculos con Marcelo D'Agostino pero también porque, gracias a una publicación de Diario El Sol, se conoció que en un conflicto privado Arenas contrató como abogada a Jimena Pina. Es decir, existe un vínculo entre ambas. A raíz de ello, Arenas afirmó sentirse hostigada por los medios y se inhibió de resolver.

El aire que se respira en tribunales es tan espeso que otros jueces que ni siquiera han sido llamados a resolver también se han inhibido porque entienden que las influencias de Marcelo D'Agostino están detrás de toda la situación y quedarían expuestos a entrar en su juego. Así lo expresó Diego Lusverti, uno de los jueces que junto a Belén Salido denunciaron administrativamente a Rafael Escot por filtrar conversaciones privadas con el objetivo de beneficiar a un imputado.

"En el escrito de recusación de la Dra. Salido, los Dres. Eduardo de Oro y Daniel Sosa Arditi solicitaron mi declaración testimonial y la del Dr. Eduardo Martearena (art. 241 del C.P.P.), con un pliego que nos interroga sobre los intercambios realizados en el mencionado grupo. No ofrecieron, en cambio, la declaración del Dr. Gonzalo Guiñazú, también partícipe del mismo tramo de conversación, cuya percepción de los hechos es idéntica a la nuestra. La única diferencia relevante entre los tres es que el Dr. Guiñazú se encuentra jubilado, mientras que el Dr. Martearena y el suscripto integramos este Tribunal y, por tanto, somos susceptibles de ser apartados. No se advierte otra explicación para esa selección: el ofrecimiento no procura incorporar información, que el testigo jubilado podía aportar en iguales condiciones, sino constituir en testigos a los jueces en actividad, con la consecuencia de habilitar su ulterior apartamiento en caso de que la defensa lo crea conveniente u oportuno", subraya el magistrado denunciando así las operaciones que estaría ejerciendo la defensa de D'Agostino para elegir el juez de su causa.

Ante toda esta situación, la querella volvió a pedir la detención de Marcelo D'Agostino entendiendo que está acreditado "el peligro que la permanencia en libertad del imputado representa para los fines del proceso". "Su invocación se efectúa, pues, al solo efecto cautelar, para demostrar que la capacidad de injerencia de Marcelo D’Agostino sobre las estructuras estatales y judiciales, que esta parte viene denunciando, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad verificable", sostiene la abogada Elena Quintero en su pedido de detención.

El pedido de detención deben resolverlo los fiscales Iturbide y Bottini, que ya han sido a su vez recusados. En el caso de Iturbide, por haber ocultado que desde hace 15 años es compañero de cátedra de Derecho Penal del abogado de Marcelo D'Agostino, Daniel Sosa Arditi. Pero los anillos de influencias no acaban allí. El propio procurador, Alejandro Gullé, se ha inhibido de intervenir en la causa por su amistad con el exfuncionario cornejista, por lo que la máxima autoridad recae sobre el fiscal Gustavo Pirrelo.

Y la cima de la cúspide del Poder Judicial, encarnada en el presidente de la Suprema Corte Dalmiro D'Agostino, también está alcanzada por la cercanía con Marcelo D'Agostino, que fue funcionario de Dalmiro Garay cuando era ministro de Gobierno.