El senador Dugar Chappel (Partido Verde) formalizó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, con foco en el Ministerio de Seguridad.
La iniciativa busca esclarecer los fallos en los protocolos de control e inhibición de telefonía móvil dentro de los establecimientos carcelarios de la provincia.
La medida parlamentaria surge tras el cese definitivo de la habilitación excepcional que permitía el uso de teléfonos en las penitenciarías, medida dada de baja en enero de 2024, y a pesar de las limitaciones fijadas por la Ley Nacional N.º 24.660.
Según el legislador, diversos hechos recientes encendieron las alarmas sobre la efectividad de las requisas e inspecciones cotidianas.
- Transmisiones desde el pabellón: en julio de 2026, presos alojados en el Módulo 8B del Complejo Penitenciario San Felipe realizaron una transmisión en directo por redes sociales junto a un popular streamer, maniobra que derivó en la incautación posterior de cinco teléfonos móviles.
- Incautaciones de gran escala: durante un operativo de control realizado en abril de 2026 dentro del mismo penal San Felipe, los agentes secuestraron un lote de 40 dispositivos celulares, además de estupefacientes (cocaína y marihuana) y sumas de dinero en efectivo.
La propuesta establece un plazo de diez días hábiles para que las autoridades del área respondan sobre los siguientes puntos institucionales:
- Registro de incautaciones: balance pormenorizado sobre la cantidad de teléfonos móviles, tarjetas SIM y accesorios confiscados desde el año 2024 a la fecha.
- Causas administrativas y judiciales: situación procesal de los expedientes abiertos a raíz de la transmisión en vivo de julio pasado y los hallazgos tras la requisa masiva de abril de 2026.
- Agentes bajo investigación: detalle del personal del Servicio Penitenciario sumariado, sancionado o imputado penalmente en el último trienio por complicidad o facilitación en el ingreso de elementos vedados.
- Despliegue de equipamiento: estado de ejecución presupuestaria y avances en la puesta en marcha del Sistema Único de Control Penitenciario, la red de comunicaciones TETRA, los inhibidores de señal y la instalación de escáneres corporales (body scans).
"Es función indispensable del Poder Legislativo ejercer el control sobre la política penitenciaria para verificar si las medidas anunciadas se cumplen en la práctica o si se requiere nueva legislación para garantizar la seguridad ciudadana", indicó el legislador del Partido Verde.
