A contrarreloj, el Gobierno nacional aceptó ofrecer a los aliados más retoques al proyecto que modifica la Ley de Tierras a cambio de votos para obtener el jueves próximo en el Senado la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La letra del proyecto ya había sido retocada unas 15 veces, pero hasta este lunes el texto mantenía el principio de liberalización absoluta para la venta de tierras rurales a manos extranjeras, eliminando el tope del 15% del territorio nacional impuesto en la normativa vigente.
El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día al no contar con los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Aquel había sido el cuarto intento en el que sucumbió el Gobierno para aprobar los cambios en la Ley de Tierras, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Manejo del Fuego.
Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos el oficialismo controlará una variable: en caso de empate en votos, el desempate no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos ultra nacionalistas.
Como Javier Milei estará afectado a una gira oficial en Ecuador y Colombia, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo y en un mismo movimiento será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del Senado.
El puntano libertario, si le tocase la tarea de desempatar, lo haría en plena sintonía con el Gobierno, y no habría sorpresas en ese sentido.
El problema, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios. A esos 21 el oficialismo podrá añadir a la cuenta a los tres del PRO y después deberá rellenar con otras fuerzas aliadas que suelen mostrar un comportamiento fluctuante.
Del racimo de diez senadores radicales, antes de estos últimos acontecimientos unos tres se inclinaban por votar en contra (Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger), aunque ahora están a la expectativa de los cambios que Bullrich anunciará en la conferencia de prensa.
Además los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, enfrentan serias presiones en su provincia para que rechacen la reforma planteada por el Gobierno.
El resto de los dialoguistas, en principio, estaría más cerca de acompañar al oficialismo, pero los compromisos son frágiles y podrían haber movimientos fuera de guión que destartalen los planes de la Casa Rosada.
Los otros cambios a la Ley de Tierras
La normativa actual se aprobó y promulgó en diciembre del 2011, en pleno apogeo del kirchnerismo, y además de imponer un límite del 15% a la extranjerización de tierras, estipulaba un tope de mil hectáreas vendibles a personas físicas o jurídicas no argentinas en la zona núcleo agrícola de la Pampa Húmeda o zonas equivalentes en otras partes del territorio nacional.
Tampoco se permitía la adquisición de tierras lindantes a espejos de agua o ribereñas, y se restringía al máximo la extranjerización en zonas de frontera, por ser consideradas de seguridad nacional para el Poder Ejecutivo.
Por último, se establecía un cupo máximo de 30% para ciudadanos extranjeros de una misma nacionalidad, en una misma jurisdicción.
Como parte de la estrategia pragmática de ablande de gobernadores para conquistar votos, Bullrich había conseguido que el autor intelectual del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aceptara a regañadientes un cambio fundamental: que las provincias conservaran en última instancia la potestad de aceptar o declinar las solicitudes de extranjerización, y a la vez que pudieran establecer sus propios topes porcentuales.
También se aceptó prohibir la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros, y someter a estrictos procesos burocráticos la autorización de venta de inmuebles a favor de empresas con participación de estados extranjeros.
