Mientras la fiscalía espera que se defina el pedido de imputación de Humberto Mingorance y otros funcionarios de Aysam por la contaminación en Corralitos, vecinos de la zona afectada pagaron de su bolsillo un análisis de agua que fue realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados fueron categóricos y dejan en una situación complicada a los funcionarios por la confirmación de agua contaminada en las casas de la zona.

El informe fue presentado este jueves en el Polo Judicial y se incorporó a la causa iniciada por la ONG Fiscalía Ciudadana y que se está tramitando contra las autoridades de Aysam por delitos ambientales. El informe lleva la firma de la responsable del laboratorio de Biotecnología, María Belén Rodríguez y el director del Instituto de Proceso Físicos, Químicos y Biotecnológicos, José Cantero.

Las muestras se tomaron de distintas fuentes y los resultados son dispares. En algunos se determinó que el agua era apta para consumo humano, pero en otras todo lo contrario. Por ejemplo, el agua extraída en la cocina de una vivienda de calle 2 de Mayo tenían valores de agua no apta para consumo humano. El servicio en ese domicilio lo provee la cooperativa Corralcoop.

También se constató que la muestra de un pozo de agua de 30 metros de profundidad arrojaba valores que estaban muy por encima de los parámetros normales, por lo que tampoco era apta para consumo humano.

Por otro lado, se detectaron altos niveles de contaminación en un canal de riego del que se extrajo una muestra de barrio y de un canal de desagüe.

Los datos confirman los temores que ya había volcado en el expediente la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión del Ministerio de Salud y Deportes, Andrea Falaschi. En declaración testimonial, afirmó que existía riesgo de contaminación en los pozos de agua de las viviendas y advirtió que el los efluentes no estaban recibiendo el tratamiento adecuado.

Para el fiscal Gabriel Blanco hay elementos suficientes para imputar a las autoridades de Aysam por no haber tomado cartas en el asunto para resolver la situación. "Desde que fueron informados al presidente de Aysam y el gerente de operaciones del Gran Mendoza de los hechos investigados y su relevancia jurídico-penal no se han incorporado formalmente pruebas que permitan desvincular a la empresa de la atribución material de esas acciones o valorar como legalmente autorizados o justificados los comportamientos denunciados. Podemos sostener, hasta el momento, que tanto el vuelco de efluentes cloacales al canal como la rotura de la infraestructura han sido realizados sin autorización expresa ni tolerancia de la autoridad de aplicación competente", esgrime el fiscal Gabriel Blanco y su postura es compartida por el fiscal Sebastián Capizzi. Ambos le sugieren al fiscal Gustavo Pirrello avanzar con la imputación de Humberto Mingorance. Tembién del vicepresidente de Aysam, Juan Pablo Eraso, los directores Juan Carlos Reta y Daniel Canone y al Gerente General Darío Hernández.

"Considero que la defensa basada en la autorización inexcusable por haberla 'otorgado con anterioridad en idénticos términos' es reveladora de una argumentación jurídica inaceptable: la tolerancia para contaminar el ambiente con efluentes cloacales no debería ser considerada una regla, sino una excepción estricta, transitoria, dependiente del pronunciamiento expreso de la autoridad competente", agregan en referencia al permiso precario y eventual que el Departamento de Irrigación le había dado a Aysam. En este sentido, sostienen que pese a que la última resolución dejó expresamente prohibido cualquier descarga de líquidos cloacales, se siguió haciendo sin autorización.