En un extenso y filoso descargo a través de la red social X, Federico Sturzenegger sacudió el tablero de la industria vitivinícola. Bajo el lema "Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón", el funcionario comparó la resistencia de los productores locales a la desregulación con la postura de la AFA frente a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El eje del conflicto es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU). Tras el DNU 70/23, el Gobierno nacional convirtió este trámite en una herramienta opcional. Sin embargo, la Asociación de Viñateros recurrió al Juzgado Federal N° 2 de Mendoza para exigir que vuelva a ser obligatorio, una medida que Sturzenegger calificó como un intento de "prohibir la libertad de elegir".
En su arremetida, el funcionario optó señalar las "coincidencias" entre el reclamo de los viñateros con el de los dirigentes de la AFA, con la clara intención de continuar con la lucha que abrió Milei y el Ejecutivo contra el Chiqui Tapia. La estrategia fue por demás llamativa debido a las claras diferencias entre las problemáticas a las que hace referencia.
Las "verdades ocultas" detrás del certificado
Para el ministro, la insistencia en la obligatoriedad del CIU no responde a una necesidad productiva, sino a dos hipótesis que buscan proteger privilegios:
- Control y cartelización: Sturzenegger sostiene que el CIU funciona como un termómetro del mercado que facilita prácticas anticompetitivas. Al concentrar información sobre qué uva se mueve y hacia dónde, permite a los grandes actores "cartelizar" la industria.
- La caja de la Coviar: La denuncia más fuerte apunta al financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina. Según el ministro, sin el certificado obligatorio se dificulta el cobro de una tasa privada de una entidad cuyo mandato considera "vencido desde 2020". "Ahí aparece el verdadero interés", sentenció.
El "vinicidio" y la batalla contra la regulación
Sturzenegger apeló a la historia para reforzar su postura, recordando el "vinicidio" de 1934, cuando el Estado prohibió la producción de vino fuera de Cuyo, destruyendo bodegas en provincias como Entre Ríos. Comparó aquel intervencionismo con la actual judicialización: "Es triste ver que un sector quede rehén de estos intereses cuando tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad".
Finalmente, el funcionario defendió la gestión de Javier Milei, calificando a la regulación como "un lobo con piel de cordero" y pidió que la Justicia mendocina no se convierta en cómplice de las corporaciones.
