El fiscal de Estado, Fernando Simón, firmó el 20 de mayo la Resolución 11 mediante la cual establece mecanismos de control de entidades privadas del sector público. El objeto es "regular el modo de ejercer el control legal sobre figuras propias del derecho privado, pertenecientes al Sector Público Provincial". "Lo que se pretende es compatibilizar eficiencia en la gestión con la transparencia que exige la administración de recursos que son de todos los mendocinos", esgrimen desde Fiscalía de Estado.
Los entes provinciales comprendidos se someterán al control de Fiscalía de Estado, que deberá expedirse sobre transacciones, inversiones financieras, toma de deuda, celebración de contratos y otras situaciones como transferencias accionarias o pagos de honorarios extraordinarios, etc.
"Se ha observado en los últimos años una tendencia sostenida por parte del Estado Provincial a la utilización de figuras del derecho privado (tales como las sociedades civiles y comerciales, asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos y otras formas), por medio de las cuales se descentralizan funciones públicas de administración, ejecución de políticas, disposición de fondos y recursos estatales", explican desde el órgano de control y sostienen que la "técnica de descentralización funcional resulta legítima" pero resulta necesario establecer pautas claras sobre las modalidades y mecanismos de control de su actuación.
El objetivo es asegurar su actuar ajustado a los principios rectores del derecho público y la transparencia de su actuación para compatibilizar las ventajas de eficiencia y agilidad en la gestión de los intereses públicos que se pretende a través del uso de estas figuras del derecho privado.
Para lograro, la resolución aclara que "resulta de especial relevancia que los entes mencionados establezcan sus propias disposiciones generales implementando sus regímenes de compras y contrataciones, de calidad, de compliance, de auditoría externa o similares que rijan su actividad, remitiéndolos en forma previa a esta Fiscalía de Estado por la relevancia institucional que ostentan, para verificar su adecuación a los principios generales de índole pública".
