"Hay vida más allá de la deuda y la devaluación”, advirtió Premio Nobel Joseph Stiglitz en su obra El precio de la desigualdad. En la Argentina de hoy, esa frase ya no suena como teoría económica, sino como una advertencia ignorada.

Bajo la gestión de Javier Milei, el ajuste fiscal se presenta como condición necesaria para ordenar la economía. Sin embargo, la realidad cotidiana muestra otra cara: inflación persistente, caída del poder adquisitivo, retracción del consumo y un mercado laboral cada vez más frágil. En Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo reproduce esa lógica en clave local, con tensiones sociales que ya no pueden disimularse bajo el discurso de la eficiencia.

Stiglitz lo ha dicho con claridad: una economía no puede evaluarse sólo por sus números macroeconómicos si la sociedad que la sostiene se deteriora. Y en Argentina, ese deterioro ya no es una hipótesis: es una experiencia cotidiana, una normalidad.

Pero hay algo más profundo que empieza a emerger detrás de la crisis económica: una crisis de equidad en el ejercicio del poder.

Mientras se exige sacrificio a la población, persisten controversias sobre conductas y privilegios en las esferas más altas. Las críticas públicas en torno al crecimiento exponencial del patrimonio del ex vocero presidencial Manuel Adorni o del ex gobernador Rodolfo Suarez o peor aún, del Hijo de Cornejo (por citar algunos) y los interrogantes que circulan en Mendoza sobre dinámicas empresariales vinculadas al entorno del poder provincial, no son hechos aislados: forman parte del espíritu de la época donde la transparencia aparece en discusión.

En ese contexto, se vuelve inevitable una pregunta institucional: ¿quién controla al poder?

Diversos sectores vienen señalando, desde hace años, debilidades en los mecanismos de investigación y control del Poder Judicial sobre el crecimiento patrimonial de funcionarios públicos. Más que una acusación puntual, lo que emerge es una percepción persistente: la de un sistema que reacciona con rapidez frente a los sectores vulnerables, pero que muestra lentitud o falta de profundidad cuando se trata de escrutar a quienes detentan poder.

No es un problema menor. Es, en rigor, uno de los núcleos de cualquier república.

Porque cuando la sociedad percibe que el ajuste es riguroso para las mayorías pero la rendición de cuentas es laxa para las élites, la legitimidad del programa económico —cualquiera sea— comienza a erosionarse.

Allí es donde la frase de Stiglitz adquiere otra dimensión.

Más allá de la deuda hay vida. Pero también, más allá del ajuste, hay responsabilidades. Y más allá de la macroeconomía, hay instituciones que deben garantizar que el esfuerzo social no conviva con privilegios impunes.

La Argentina no enfrenta sólo una crisis económica.

Enfrenta una encrucijada más profunda: decidir si el orden que se construye es para todos o apenas para algunos.

Porque cuando el sacrificio es colectivo pero los controles no lo son, la economía deja de ser una herramienta de organización social y se convierte en un dispositivo de desigualdad.

Y acaso la discusión de fondo no sea sólo si este modelo genera pobreza, sino si además la administra mientras preserva intereses de una élite política y económica inmune a los sacrificios que predica.

La vieja promesa era que el ajuste traería prosperidad y todo sacrificio lo pagaría LA CASTA.

La evidencia social parece decir otra cosa.

Cuando un gobierno pide austeridad a millones mientras quienes detentan el poder real aparece rodeado de privilegios y sospechas, el problema deja de ser económico. Empieza a ser moral.