La postal del mercado inmobiliario en Mendoza ha dejado de ser la de la simple negociación de precios para transformarse en un escenario de repliegue forzado. En los últimos meses, se ha consolidado una tendencia alarmante en los principales centros urbanos de la provincia: inquilinos que, ante la imposibilidad de afrontar las actualizaciones de sus contratos, deciden abandonar departamentos y casas.

Este fenómeno no responde a una migración hacia la casa propia, todo lo contrario, se debe a un empobrecimiento estructural que está desarticulando el acceso a la vivienda y a los alquileres. El desajuste entre los ingresos y los costos de vida ha llegado a un punto de ruptura donde el alquiler ya no representa un porcentaje manejable del presupuesto, sino una barrera infranqueable que consume, en muchos casos, más del cincuenta por ciento de los ingresos de un hogar tipo.

Desde la consultora Evaluecon afirman que, según sus cálculos, el salario neto promedio (sector público, privado e informal) en Mendoza en marzo llegó a los $1.455.000. También destacan que el gasto en alquiler promedio en nuestra provincia representa un 51% de ese salario promedio.

Los alquileres, según distintas inmobiliarias de Mendoza, sabemos que varían según los ambientes de la vivienda, entre otras cosas. Un departamento de dos ambientes puede estar entre 600 mil y 800 mil pesos dependiendo la zona. Pero hay otros problemas que generan los bajos salarios con relación a los alquileres: los ingresos de los garantes.

“La gente no puede presentar garantías debido a la informalidad de los trabajos hoy en día. Cuesta conseguir personas que estén registradas bajo un convenio de trabajo, que puedan ofrecer su bono de sueldo como garantía de un alquiler”, señaló Candela Pérez, de inmobiliaria Nair.

También destacó que “el mercado aún se está reacomodando tras la desregulación de la ley de alquileres. Desde la desregulación, ya no rige un índice fijo anual único, ahora los propietarios pueden acordar ajustes trimestrales o cuatrimestrales, lo que genera incertidumbre en el presupuesto a largo plazo del inquilino. Además, los costos de ingreso como el mes de depósito, honorarios inmobiliarios y certificación de firmas, representan una barrera de entrada muy alta. Esto responde a al bajo el poder adquisitivo de los ingresos promedio de las familias”, dijo Pérez.

El salario promedio en la provincia, queda peligrosamente cerca de la línea de pobreza debido a que el valor de la Canasta Básica Total en marzo llegó a 1.343.452 pesos; 111.548 pesos menos que el salario promedio.

Ante este escenario es muy probable que los alquileres comiencen a descender para poder ser ocupados y que el propietario no tenga la vivienda ociosa y generando gastos.