Al final ¿quién paga el pato de las obras viales?

Desde hace años el Acceso Sur y el Acceso Este se encuentran colapsados y por ese motivo, el anuncio del gobierno provincial de hacerse cargo de esas tareas ha sido bien recibido por intendentes y vecinos. Sin embargo, dirigentes de la oposición hicieron escuchar sus críticas cuando se conoció que los fondos que se utilizarán para pagar esas obras son los del resarcimiento por el perjuicio que sufrió Mendoza con la promoción industrial.

Para que se entienda podemos pensar en dos socios que están llevando adelante la construcción de un barrio, pero solo uno pone dinero para obras de electricidad, cloacas, hidráulica, etc. Ante esa situación, inicia acciones contra su socio para que le pague un resarcimiento por esa situación y llegan a un acuerdo en el que la segunda parte reconoce una deuda de un millón de dólares. En cuotas le reintegra ese dinero y la situación queda saldada. Pero al barrio solo le falta el asfalto de las calles para estar finalizado y ambas partes firman un convenio para que el asfalto se haga con el millón de dólares del resarcimiento. Claramente, un socio terminó perjudicado. Ese socio sería la provincia de Mendoza.

Incluso, el tema es aún más complejo si se tiene en cuenta el "costo de oportunidad" que significa para la provincia. Los fondos que Mendoza va a destinar a esas rutas no podrán ir a otras obras energéticas o productivas. El famoso cuento de la frazada corta. Hacerse cargo de costear las obras viales (estiman una inversión de entre 150 y 200 millones de dólares) implica, indefectiblemente, que se postergarán otras inversiones a las que estaba previsto destinar parte de los 1023 millones de dólares que inicialmente eran para Portezuelo del Viento. 

El dinero que la nación le pagó a Mendoza por el perjuicio que le generó la promoción industrial será el que la provincia va a utilizar para construir las obras que tenía que hacer el gobierno nacional. Te doy, pero te quito. Con un agravante que no hay que perder de vista: existe un impuesto a la transferencia de combustibles (23.966) que tiene entre sus usos específico la construcción de obras viales y el mantenimiento de la infraestructura vial. Ese impuesto lo percibe el gobierno nacional pero no hace las obras.

Esta situación generó malestar en distintos sectores de la oposición que salieron a cuestionar el convenio firmado por Alfredo Cornejo. Una de las que levantó la voz fue la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Otro fue el exlegislador Mario Vadillo.

En un comunicado Vadillo explicó que, por ley, las rutas nacionales son responsabilidad del Estado Nacional. Así lo establece la Ley de Tránsito N.º 24.449 y la Ley de Obras Públicas N.º 13.064. “Sin embargo, mediante un acuerdo ‘transitorio’ por 36 meses, la nación cedió la gestión sin aportar recursos ni proyectos. Mendoza asumió el costo de ejecución y ahora pretende recuperar la inversión a través de un sistema de cobro que, carece de respaldo legal y transparencia”, cuestionó Vadillo en referencia a los peajes que se colocarán en distintos puntos estratégicos para el repago de la obra.

“La ciudadanía está financiando obras nacionales con fondos provinciales y luego se le cobrará peaje por utilizarlas. Es el negocio perfecto: el Estado pone la obra, y el usuario pone el pago dos veces”, advirtió Vadillo. 

En el oficialismo justifican la decisión con otra metáfora. “Si vos sos inquilino y se te rompe la canilla y el propietario se hace el distraído y no la arregla. ¿Qué hacés? La arreglás vos y después vemos. Eso es lo que pasa con esto”, señalan desde el entorno cercano del gobernador aludiendo a la urgencia de las obras que se han anunciado y que son necesarias desde hace años. 

Además de aclarar que el pago de peajes servirá para recuperar esos fondos, en el caso del Acceso Este y el Acceso Sur suman otro argumento a favor de la decisión de intervenir como estado provincial. “Dentro de poco tiempo quedará terminada la nueva Ruta 7 con el empalme de la Variante Palmira. Eso implica que el tránsito nacional y de cargas dejará de pasar por esas arterias del Gran Mendoza. Es cuestión de tiempo para que la provincia y los municipios se hagan cargo”, agregaron desde el oficialismo a El Medio.  

"Hay que arreglar la canilla, porque no podemos seguir viviendo sin sin la cocina, ¿verdad?. Entonces, explícale vos al mendocino que no vas a mejorarle las cosas porque vas a entrar en una discusión de que lo financias vos, lo financia el otro, y yo que sé mientras estás sentado en los los 1000 millones de eso de fondo de rescate", adhieren desde el Gobierno volviendo a la metáfora del inquilino.

En total, los tramos incluidos en el convenio que Cornejo firmó con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, son:

Ruta Nacional 7: desde el Nudo Vial hasta la Variante Palmira. Construcción de tercera vía hasta Tirasso.

Ruta Nacional 40: desde la Rotonda del Avión hasta el acceso a Lavalle.

Ruta Nacional 40: Entre empalme Acceso Este y calle Azcuénaga. Construcción de tercera vía desde Juan José Paso a calle Azcuénaga. 

Ruta Nacional 40: desde el Ferrocarril General San Martín (a metros de calle Azcuénaga) hasta Ruta Nacional 7.

Ruta Nacional 40: desde Ruta Nacional 7 hasta Ruta Provincial 96 (Rotonda del Gaucho).

Ruta Nacional 143: desde Pareditas hasta San Rafael. 

No hay dudas de que todas son rutas que necesitan mejoras y que desde hace años, sea del color que sea el gobierno nacional, se vienen postergando. En ese sentido, la decisión de Alfredo Cornejo viene a romper la letanía y genera esperanza de que, de una vez por todas, se van a encarar obras que durante más de una década se han abandonado. Pero es inevitable preguntarse si el convenio no termina perjudicando al mismo tiempo al Estado provincial y, por ende, a los mendocinos. Probablemente nada de esto se estaría discutiendo si en el convenio se hubiese incluido un esquema de compensación de deudas de la provincia con nación o alguna forma de retribución a la provincia por hacerse cargo de una obra de jurisdicción nacional.