La balanza parece estar inclinada en la Justicia de Mendoza. Al menos eso es lo que percibe María Elena Quintero, la abogada querellante en la denuncia contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino. Por ese motivo, decidió presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendiendo que en la provincia no existen garantías suficientes de la imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.

"Se ha informado al organismo internacional sobre la gravedad y urgencia de la situación, destacando la ineficacia de los mecanismos internos de protección y la existencia de una grave asimetría de poder, dado que el denunciado, el Sr. Marcelo Alejandro D'Agostino Dillon, ha ostentado cargos de alta relevancia en la estructura judicial y política de la Provincia, como así también el curso de la investigación, poniendo a disposición de dicho organismo internacional el expediente completo", sostiene la abogada de la denunciante.

La causa se ha embarrado y el terreno es fangoso. A la querellante le contestan sus presentaciones con evasivas mientras que cada acción de la defensa de D'Agostino es respondida con celeridad. Esta semana el acusado se convirtió en acusador afirmando que la denunciante habría pedido 500 mil dólares para no denunciarlo. Pero el sustento probatorio de esa acusación es endeble.

En realidad, se trata de un audio que la propia denunciante presentó como prueba y en cual en el minuto 23 se escucha a un tercero mencionar la cifra de 500 mil. Pero en ese mismo audio se escucha que el exmarido de la denunciante le traslada a ella un mensaje que le hizo llegar Marcelo D'Agostino.

"Es evidente que la defensa procura desplazar el eje de la investigación mediante una imputación meramente especulativa basada en una lectura fragmentaria y errónea del audio. Ese registro, lejos de sostener la hipótesis defensiva, carece de sustento probatorio, contradice abiertamente su transcripción textual y no contiene exigencia económica, amenaza ni conducta atribuible a mi representada que pueda encuadrarse en los tipos penales invocados. Por el contrario, del propio audio surgen referencias a la intervención de altas autoridades políticas de la provincia y de la conducción del Ministerio Público Fiscal, lo que constituye un indicio relevante de posible abuso de poder y eventual tráfico de influencias en favor del imputado. Paradójicamente, ese contenido es el que haría más razonable evaluar una compulsa autónoma, pero no en los términos pretendidos por la defensa, sino para investigar las influencias y maniobras que el propio Marcelo Alejandro D’Agostino Dillon sugería tener, así como el posible desvío o utilización indebida de la función pública, conforme a los estándares de integridad previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción", asevera María Elena Quintero en uno de los tantos escritos que ha aportado al expediente. 

"El planteo defensivo intenta construir una hipótesis delictiva a partir del audio, registro que esta querella incorporó precisamente para asegurar transparencia y control probatorio. Resulta incompatible con toda lógica sostener que la víctima habría aportado voluntariamente un elemento que la incriminaría, ya que nadie que pretenda ocultar una supuesta exigencia extorsiva entrega al expediente la prueba directa de su propia conducta. La escucha completa del audio muestran con claridad que la denunciante no formula exigencia económica, no menciona suma dineraria y no introduce referencia alguna que permita inferir un propósito patrimonial ilegítimo", adhiere la abogada.

Según remarcan desde la querella el pasaje del audio, ubicado alrededor del minuto veintitrés, corresponde a ruido ambiente proveniente de una mesa contigua del local gastronómico. "No existe continuidad discursiva, identificación acústica ni coherencia contextual que permita atribuir esa voz a la mujer que denuncia", esgrimió.

Desde que se inició la causa el 10 de abril el exfuncionario Marcelo D'Agostino parece haber tenido un trato preferencial respecto a otros acusados por abuso sexual y violencia de género. Al día de hoy D'Agostino no ha sido imputado por esos delitos y solo se lo imputó por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego. La querella ha solicitado que se lo detenga por riesgo entorpecimiento del proceso y por intimidación a la víctima y los testigos, pero la fiscalía no lo entiende necesario.