Organizaciones de derechos humanos, abogadas y abogados de personas defensoras ambientales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe de más de 100 páginas sobre la represión, criminalización, hostigamiento y persecución contra quienes defienden el agua y el ambiente en Mendoza.

La presentación solicita a la CIDH que active los mecanismos institucionales a su alcance para monitorear la situación denunciada, requerir información al Estado argentino y promover medidas urgentes orientadas al cese de la represión, la criminalización y el hostigamiento contra personas defensoras del agua y del ambiente en la provincia.

El informe sostiene que los hechos ocurridos entre enero de 2025 y abril de 2026, en el marco de la reactivación del Proyecto San Jorge, constituyen un patrón sistemático de criminalización de la defensa ambiental. Durante este tiempo se registraron más de cuarenta detenciones de personas defensoras del agua, además de imputaciones penales, apremios ilegales, torturas, privaciones ilegítimas de libertad, violencia sexual y de género, persecución laboral, censura, hostigamiento a espacios estudiantiles, agresiones a periodistas y abogados, y rechazo de acciones judiciales preventivas.

La presentación denuncia la responsabilidad de los distintos poderes del Estado provincial. "La Policía reprimió y detuvo violentamente, utilizando centros de detención como la Legislatura o la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), y cometiendo apremios ilegales; el Ministerio Público Fiscal impulsó causas penales y sostuvo privaciones de libertad para criminalizar a defensores ambientales; el Poder Judicial rechazó la habeas corpus frente a riesgos concretos; el Poder Legislativo amplió facultades represivas; y el Poder Ejecutivo provincial a cargo de Alfredo Cornejo y Hebe Casado promovió discursos de estigmatización y violencia contra quienes defienden el agua", subrayan los abogados que firman la nota.

"Estos hechos comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de obligaciones asumidas en materia de derechos humanos, protesta social, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, acceso a la justicia, participación pública ambiental y protección reforzada de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales", aseguran.

Frente a ello, se solicitó a la Comisión Interamericana que intervenga para "prevenir la repetición de nuevas violaciones, impulsar investigaciones efectivas sobre los hechos denunciados y garantizar que la defensa del agua y del ambiente pueda ejercerse libremente, sin persecución, violencia, intimidación ni represalias estatales". Además, adelantaron que también se realizará la presentación y solicitud de intervención al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y ante las Relatorías Especiales de Naciones Unidas.