Marcelo H. Venier
¿La Suprema Corte recogerá el guante que le deja D'Agostino?
Si las denuncias son falsas, corresponde demostrarlo con una investigación seria, independiente y transparente.
"La autoridad jamás debe convertirse en un obstáculo para conocer la verdad."
Marco Tulio Cicerón
En la Edad Media, cuando un hidalgo consideraba ofendido su honor, arrojaba un guante al suelo.
Quien lo recogía aceptaba el desafío. Quien lo ignoraba aceptaba el descrédito.
Hoy hay un guante sobre el suelo de la Justicia mendocina. No lo arrojó un dirigente político. No lo arrojó un periodista. No lo arrojó un ciudadano…
Lo arrojaron las propias denuncias que hoy conmueven al Poder Judicial e interpelan a sus máximas autoridades.
El caso D'Agostino ya dejó de ser una causa penal. Ahora es la Justicia la que está siendo juzgada.
Las denuncias sobre filtración de conversaciones privadas, los aprietes, el tráfico de influencias, la manipulación en la designación de jueces, el enfrentamiento entre magistrados, las o los visitantes de la alcoba del “macho alfa”; en definitiva, la injerencia del Poder Político sobre el Poder Judicial, han colocado a la Suprema Corte frente a una responsabilidad que no admite evasivas ni tibias posturas.
No se trata de anticipar culpabilidades. Se trata de poner remedio a tanta enfermedad.
Si las denuncias son falsas, corresponde demostrarlo con una investigación seria, independiente y transparente.
Si son ciertas, corresponde actuar con la firmeza que exige el Estado de Derecho, sancionando a quien haya que sancionar o absolviendo a quien haya que absolver.
Lo que no resulta tolerable es la indiferencia de quien debe velar por una recta, transparente y eficaz administración de justicia para afianzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y republicanas.
Porque las instituciones no se debilitan cuando reciben denuncias.
Se debilitan cuando quienes deben investigarlas permanecen impávidos ante las irregularidades que se denuncian.
Y ese daño trasciende por completo el expediente D'Agostino.
Porque el ciudadano común no distingue entre fueros. No separa la Justicia Penal de la Justicia de Familia. No diferencia un juzgado laboral de uno civil.
Para la sociedad existe UNA SOLA Justicia.
La misma a la que una madre recurre para proteger a su hijo.
La misma a la que una mujer víctima de violencia le pide amparo.
La misma a la que un trabajador reclama el salario que le corresponde o la reparación de un accidente del que fue víctima.
La misma a la que un jubilado acude buscando un medicamento o una prestación indispensable para vivir con dignidad.
Cuando la desconfianza infecta a un juzgado, el contagio afecta a todo el Poder Judicial.
Y quienes primero sufren las consecuencias son quienes no tienen otra herramienta que la ley.
Por eso la verdadera pregunta ya no gira alrededor de un exfuncionario ni de un juez denunciado.
La pregunta apunta directamente a la institución llamada a preservar la credibilidad del sistema.
¿Qué hará la Suprema Corte? ¿Recogerá el guante?
Ante esta situación, la implementación de la Ley 4970 resulta imperativa. Este mecanismo jurídico permite ratificar que las prerrogativas conferidas a los magistrados no constituyen una coraza de impunidad.
Por el contrario, aseguran el adecuado funcionamiento del servicio de justicia al sujetar a todos los jueces a los controles previstos por el ordenamiento constitucional y legal.
La Suprema Corte Provincial tiene hoy una oportunidad histórica y por sobretodo, trascendente.
No solamente le cabe investigar sino también y muy especialmente, enviar un mensaje claro y contundente a toda la sociedad y a todo el Poder Judicial.
Que, en Mendoza la ley no distingue entre ciudadanos y jueces. Que las garantías son para todos y por igual. Y que, de la misma forma, también lo son las responsabilidades.
Porque cuando una institución decide actuar con transparencia, fortalece su legitimidad; y por el contrario, cuando conspira, engaña o defrauda, desvirtúa la finalidad para la cual está creada.
El caso D'Agostino quedará en la historia de Mendoza como el hito jurisprudencial que confrontó no sólo a toda la justicia provincial sino también a un modo de gobernar y a un tipo de dirigencia política.
El desafío institucional está planteado en el cuarto piso del Palacio de Justicia. La ciudadanía ya no quiere excusas; exige certezas y explicaciones claras y contundentes.
Precisamente por ello, Mendoza se pregunta:
¿Los miembros de la Suprema Corte recogerán el guante lanzado a sus pies o rehuirán el desafío?
