Mendoza
Diputados aprobó la adhesión al RIMI y cambios en el Instituto de Juegos y Casino
Es el Régimen nacional para promover inversiones productivas mediante incentivos fiscales a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Es el proyecto de “Ley macro” del Poder Ejecutivo que contempla la adhesión al RIMI, la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, y la liquidación de activos de la DAABO (Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales).
La Cámara de Diputados convirtió en Ley, por mayoría de votos, la adhesión al RIMI. Luego de su paso por ambas Cámaras, la normativa tuvo aportes del Poder Ejecutivo (y también de Diputados y Senadores) que se vinculan con ampliar beneficios impositivos a nivel local, mencionados en la Ley 27.802, para quienes adhieran al RIMI, y específicamente delimitados en el tiempo.
Para el caso de la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, se manifestó que la letra final suma aportes en lo referido a la “reformulación de las pautas de liquidación”. Se establece que “se mantiene la definición del liquidador pero reformula y amplía sus facultades”; en sí el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo la liquidación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, para lo cual deberá nombrar un liquidador que contará con las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo esta labor.
Asimismo, durante el proceso de liquidación y supresión de la administradora provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento “quedarán suspendidas las obligaciones de remisión de informes y publicaciones”; en su reemplazo, “el liquidador deberá presentar un informe trimestral” de avance de liquidación ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Legislatura.
En el caso de la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, se sostiene que no se verán afectados los fondos vinculados a los programas de salud; por lo que se manifiesta que no se exime de cumplimiento lo dispuesto “en el inciso D del artículo 30 de la ley 8701”.
En este marco, dichos beneficios adicionales tendrán una vigencia de 10 años e incluyen:
- Estabilidad impositiva: las empresas que adhieran al régimen no verán incrementada su carga tributaria provincial durante la vigencia del beneficio.
- Acceso preferente al financiamiento: prioridad en programas provinciales de subsidio de tasas y otras herramientas de financiamiento.
- Capacitación y asistencia técnica: prioridad en programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.
- Fomento del empleo: acceso prioritario a programas provinciales orientados a la generación de empleo.
Infraestructura productiva: acceso preferente para la localización y utilización de espacios en parques industriales y otros ámbitos destinados a la radicación de industrias bajo la órbita del gobierno provincial.
Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos
El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.
Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.
Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.
A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.
Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.
Liquidación de los ex bancos provinciales y baja de activos incobrables
En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública.
Así, el proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.
Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años.
La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.
En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales. Reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y ampliación de herramientas de financiamiento para las pymes
Finalmente, el proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo.
El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.
Con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.
En este nuevo escenario, el Gobierno provincial considera necesario redefinir el rol del Estado, orientándolo a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.
Por eso, el proyecto propone su refuncionalización y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance.
Por último, el proyecto prevé avanzar en el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero, permitiendo declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.
