-Quiero arrancar por la inversión en tecnología para persuadir y combatir el delito, y en este caso tiene que ver con las cámaras de reconocimiento facial. ¿Qué nos puede decir de este sistema que va a empezar a implementar la provincia de Mendoza?

-Bueno, es muy importante poder diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de reconocimiento facial, y es sumamente importante porque hay mucho desconocimiento. A ver, el reconocimiento facial no es más que un algoritmo que funciona con las cámaras y que reacciona o genera una alerta cuando identifica a una persona que es buscada por la Justicia. Eso es lo primero que tenemos que saber. No es un sistema que va diciendo: "Ah, ahí va caminando Juan Pérez, ahí va pasando María González". No es así. Existen esos sistemas, pero no es lo que nosotros estamos implementando en la provincia de Mendoza. Nosotros estamos implementando un sistema que tiene que ser una herramienta de ayuda al accionar policial para poder detener a aquellas personas que la Justicia ya indicó que están prófugas y que necesita que la Policía se lleve para imputarles un delito y someterlas a proceso.

Entonces, tiene que ver estrictamente con eso: pedidos de captura judiciales. Es decir, un fiscal o un juez que dictaminó que necesita la captura de una persona con determinado DNI y nombre. Eso es lo que el sistema puede identificar y generar una alerta para que el policía que esté cerca, que esté próximo al lugar donde aparece esta persona y esta alerta, pueda ir a corroborar si es cierto que es tal persona. Y eso es muy importante, está escrito de esta manera: no es una detención automática. Se corrobora que sea esa persona, se corrobora que ese pedido de captura esté vigente y, una vez que están esas dos verificaciones con el "ok", se procede a la aprehensión.

Hemos dispuesto también que este sistema puede generar alerta en dos casos más que son muy importantes para la seguridad. Uno es la búsqueda de personas. Pensemos en los niños, en el Alerta Sofía, y pensemos también en los adultos mayores. Muchas veces tenemos pedidos de paradero de personas adultas cuyas familias denuncian que no las encuentran o que tienen Alzheimer y no saben dónde pueden estar. Eso también puede ser incluido, obviamente con base legal y un pedido judicial de búsqueda. El otro caso es el de prisiones o detenciones domiciliarias, solo en el supuesto de que un juez de ejecución o un fiscal determinen que quieren que esa persona esté incluida en las alertas. En ese caso, nosotros vamos a incluirlo también para controlar que esa persona no esté deambulando por la vía pública, incumpliendo con esa orden, o que una persona cuya condena pasa por una prisión domiciliaria la esté cumpliendo en condiciones.

-Esto ya se está implementando en Mendoza. Recuerdo que hace poco mostraron a una persona que tenía pedido de captura y que la habían atrapado gracias a este sistema, ¿puede ser?

-Nosotros lo anunciamos y lo anunció el Gobernador el 1 de mayo, lo empezamos a implementar allí. A los cinco días tuvimos el primer caso de una aprehensión que tenía como antecedente que surgió la alerta, fue la Policía al lugar, pidió la identidad de ese sujeto y efectivamente tenía el pedido de captura vigente, así que se lo llevaron. A los 13 días tuvimos el segundo. Esos dos casos —uno por lesiones en contexto de violencia de género y el otro por un homicidio en grado de tentativa— ya están condenados gracias a que ese pedido de captura pudo hacerse efectivo, los aprehendieron y los pudieron someter a proceso, lo que es fundamental sobre todo para el mensaje de no impunidad que hace, y mucho, a la seguridad.

Después hemos tenido varios casos en estos 110, o 120 días ya hoy, de implementación de este sistema. Hemos tenido a 23 personas que eran pedidas por la Justicia, que estaban prófugas y que ya están sometidas a proceso. Y dentro de esas, a muchas que ya están condenadas y cumpliendo una condena. Casos que se resolvieron, por ejemplo, una violación donde había una persona con pedido de captura que se había ido a Buenos Aires. Esto es importante porque ahí vemos la diferencia de una jurisdicción que trabaja con otras herramientas de apoyo en materia de seguridad frente a aquellas que no. Se había ido a Buenos Aires y estaba impune. Cuando vuelve y pone un pie en Mendoza, a los 30 días, gracias a este sistema que ya estaba implementado, se lo logra detener y se lo somete a proceso; hoy está imputado.

Tuvimos el caso de una mujer que también estaba vinculada a unos delitos que son muy importantes para nosotros. Hemos trabajado mucho el tema de robos a través de aplicaciones de transporte público. En este caso era un taxi donde había toda una estafa, porque se presentaban con niños o con una mujer para generar confianza en el conductor y después, en el punto de llegada, aparecían los cómplices y le robaban a esa persona. En las investigaciones con varios de esos sujetos, esta mujer estaba prófuga porque era una parte esencial de esa asociación ilícita. Ya estaba con pedido de captura y, gracias al sistema de reconocimiento, se la aprehendió y ya está sometida a proceso.

Nos interesa dar este mensaje de que no hay impunidad en estos casos. Por eso cuento incluso los ejemplos, porque son importantes para la seguridad. Pero en definitiva, el reconocimiento facial es una herramienta que genera una alerta para mandar a la Policía a ese lugar, pero no genera una detención ni una privación de la libertad automática. Hay una verificación tanto de la identidad como de que esa medida de pedido de captura esté vigente. Y además, otra cuestión que no es menor y que habla bien de la técnica del sistema: no hemos tenido ningún caso de falso positivo hasta ahora. Está bien que nosotros ponemos un umbral alto; es decir, no va a surgir en Mendoza ninguna alerta cuyo umbral de coincidencia esté por debajo del 70%, pero lo cierto es que no hemos tenido un solo falso positivo. Va la Policía, constata la identidad y es la persona que decía el sistema.

-¿Usa cámaras especiales o funciona con la red de vigilancia que tiene el sistema CEO?

-Es una buena pregunta. Nosotros tenemos una red de cámaras, en la cual hay 243 que cuentan con reconocimiento de patentes, que es un sistema que ya está muy consolidado y que funciona exactamente igual. La cámara genera una alerta cuando detecta una patente que está con un pedido judicial. Esto es lo mismo: son 151 cámaras, hasta ahora, con esta tecnología de reconocimiento facial. La idea es seguir potenciándolo, pero fijate que con 151 cámaras en toda la provincia ya hemos podido detectar a 23 personas. Es decir, es un sistema que nos está dando resultados.

-Esto demuestra que la tecnología ayuda y mucho en materia de seguridad y judicial, que es algo que se discutió en su momento con el Banco de Huellas Genéticas, el cual también ha tenido resultados concretos y hace que lo que veíamos en las películas hoy pase en Mendoza, donde hay huellas de ADN por las cuales la gente que comete un delito puede ser condenada con pruebas.

-Totalmente. La ciudadanía mendocina debe estar orgullosa en ese sentido y creo que tiene que ver también con cómo es esta sociedad, que se provee de estas instituciones valiosas que no están en otras provincias. Mendoza tiene cuatro laboratorios. Vos mencionaste uno que es muy importante, que es el de Huellas Genéticas, pero hoy tenemos el de certificación de alcoholímetros, que hace a una agenda vial que no es menor; el Laboratorio Forense Digital, que depende de nosotros y que es fundamental, porque a un sinnúmero de delitos experimentales y al ciberdelito, que hoy ataca por igual sin distinguir clases sociales ni edades, se le suman los delitos clásicos que están atravesados por evidencia digital, desde un homicidio hasta un hurto. Ese laboratorio viene funcionando muy bien en eso y en perfilar e identificar a delincuentes a través de las cámaras. En un robo, que la cámara tome la cara del delincuente es clave, pero sobre todo es fundamental poder ponerle un nombre a esa persona. Y por último, el Laboratorio de Identificación Balística, que inauguramos en febrero y que ya tiene 90 matchs positivos. Es decir, que en Mendoza ya en 90 casos pudimos determinar que un arma de fuego utilizada en un tiroteo es el arma que secuestramos tal día y pudimos vincular hechos para ponerles nombre.

Esto forma parte del sistema de seguridad que queremos. Un sistema que no se queda solo en el patrullaje, sino que abarca la necesidad de ponerle nombre a quienes están afligiendo a la ciudadanía, perfilarlos, someterlos a proceso y poder condenarlos. Es todo este circuito, y yo creo que hoy está en ejecución en Mendoza y eso es valioso. Como digo, los orgullosos deben ser los mendocinos que han sabido darse estas instituciones.

Yo comentaba un robo en un comercio del 16 de abril que resume bien y explica este sistema. Ese caso habría sido un NN impune en cualquier otra provincia, y sin embargo en Mendoza se resolvió. A los 10 días ese delincuente ya tenía un nombre porque el Laboratorio de Genética había determinado que la gorra que había dejado en el lugar, sumado a otras muestras que tomó Policía Científica, pertenecían a él. Esa persona estaba prófuga porque no fue hallada en los domicilios allanados donde parecía que podía llegar a estar, y se lo ubicó con reconocimiento facial. Esto fue a los 33 días de implementado el sistema. Se lo detiene, se lo somete a proceso y ya está condenado. Fijate en un caso que en cualquier lugar es NN, hoy vos lo tenés identificado y condenado en pocos meses. Así tiene que funcionar el sistema, tenemos las herramientas para seguir apostando a que funcione de esta manera en todos los casos.

-Mucha gente se indigna cuando ve que el delito lo comete alguien que ya había estado detenido y que ya había sido condenado. ¿Qué siente la ministra de Seguridad cuando, implementando todas estas herramientas que tienen, logran la detención y la aprehensión, pero después esa persona vuelve a delinquir o reincide? ¿Cómo llevan eso?

-La verdad es que nosotros hacemos un seguimiento de casos y un perfilamiento que nos llevó a tener un diagnóstico donde veíamos que muchos sujetos tenían más de una causa. De hecho, el caso que te conté recién había estado vinculado a 21 causas judiciales a lo largo de su trayectoria delictiva, y no estamos hablando de alguien muy grande, no superaba los 40 años.

Lo vemos gracias al Sistema Integral de Antecedentes que inauguramos en 2024, que nos permite ver no solo los antecedentes judiciales a los que ha estado vinculada esa persona, sino también las aprehensiones policiales. ¿Por qué es importante esto último? Porque esas aprehensiones por ahí tienen que ver con una alerta al 911 en la que avisaron que acababan de robar en tal lugar y que los sujetos estaban vestidos de determinada forma, y la Policía que está cerca detiene a personas que presentan esas características pero que, como no tienen el objeto robado, no terminan siendo vinculadas al hecho. O también pasa con las denuncias que hace la ciudadanía formalmente, aunque nosotros actuamos bastante de oficio porque son delitos de acción pública y es un deber de la Policía. O cuando los vecinos llaman y dicen: "Están caminando en los techos", va la Policía y encuentra a un sujeto a las dos cuadras. Bueno, esas son aprehensiones que ya dicen algo de ese sujeto. Ya no es la simple "aprehensión por averiguación de antecedentes" que se hacía antes; hoy la Policía de Mendoza averigua los antecedentes en el lugar con un biométrico o por sistema Tetra, con lo cual son raras las veces que se lleva a alguien aprehendido a una comisaría solo por ese motivo.

Entonces, tener ese perfilamiento nos permite ver qué delincuente es el que está deambulando entre los mendocinos. Y lo que vimos —y por eso al inicio de la gestión fuimos muy críticos y luego implementamos una serie de reformas normativas— era que quien cometía un delito entraba y salía y tenía un beneficio por no tener antecedentes, pero después se le sumaba otro beneficio porque ya habían pasado seis años del primero, y así. Nosotros dijimos: "Hay que cortar la cadena de beneficios, la suspensión de juicio a prueba, más la condena condicional, más la condena condicional".

¿Qué estamos viendo de un tiempo a esta parte? Hay una impronta de la Justicia, y nosotros trabajamos mucho con el Ministerio Público Fiscal, de tener rápidamente condenados a los sujetos. Si no tiene antecedentes será una condena menor, pero por lo menos que esté condenado para que cuando vuelva a caer, esa condena tenga que ser efectiva y contundente. Y la verdad es que lo estamos viendo. Tenemos muchas aprehensiones en flagrancia. Modificamos la ley porque el diagnóstico era que estábamos aprehendiendo a muchos ciudadanos por el sistema de cámaras, lo que nos daba una evidencia objetiva y rápida para que esos procesos fueran cortos y los pudiéramos tener condenados rápido. Ya existía el sistema de flagrancia en el Código, pero no se aplicaba por cómo estaba diseñado. Lo modificamos y lo cierto es que hoy tenemos condenas muy rápidas y 30 aprehendidos por día (entre aprehendidos y detenidos) vinculados al sistema de videovigilancia. Como tenemos la Ley de Flagrancia, el sistema y los fiscales especializados, vamos a tener condenas rápidas en esos casos.

Ese sistema es bueno, así como lo que implementamos para que los fiscales y los jueces vayan al lugar de los hechos y estén con nosotros fiscalizando los megaoperativos. Desconozco si pasa de la misma manera en otras provincias, pero ese círculo virtuoso que genera es maravilloso. Es bueno para la seguridad y es bueno para que se genere una amenaza preventiva hacia ese delincuente: "Mirá que estamos yendo todos a buscarte adonde estás. Está la ministra, la Policía, Infantería, el juez y el fiscal". Ese mensaje es muy bueno. Además, hace perfectible al sistema porque, al estar el juez presente, podemos ver qué cosas mejorar. Mejorar los procesos y los expedientes supone menos nulidades y tener procesos limpios. Creo que ha habido una evolución positiva y vamos a seguir trabajando. También hemos presentado cerca de seis o siete normativas vinculadas a los sistemas judiciales en estos dos años y medio, porque el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene varias aristas.

-Yo la escucho y, como decía usted hace poco en alguna nota, en la provincia de Mendoza se habla de seguridad casi con un modelo "a lo Bukele", de mano firme, como decía Cornejo en algún momento. Y después nos encontramos con eventos como el que se vio en el penal de San Felipe, con los presos transmitiendo por streaming. ¿Cómo afecta a todo esto que ustedes están tratando de mostrar y de la inversión que se ha hecho cuando vemos que los celulares en las cárceles siguen existiendo y se transmiten a todo el país?

-A ver, nosotros fuimos los primeros en decir que los celulares eran una distorsión del sistema. Cuando llegamos en 2023, tuvimos que dar una gran pelea y hubo un gran debate respecto a los celulares intramuros en las cárceles de Mendoza. No sé el resto del país, pero hoy hay provincias donde los presos están habilitados a tener celulares. Acá pasaron más de 20.000 celulares registrados, a los que tenés que sumarles el sinnúmero de equipos que entran sin registro. Quitar todo ese sistema no fue fácil en su momento y no es fácil ahora.

Primero, por toda la sistemática que se genera. Nosotros tomamos la decisión y dimos la batalla legal, la cual ganamos. Mientras tanto, no nos quedamos de brazos cruzados y empezamos a trabajar en cuál era la mejor manera de hacerlo. No solo tenés que sacar los celulares que ya estaban, sino que tenés que mejorar los sistemas de control, porque cuando algo es prohibido —y esto es de manual— se generan los circuitos para burlar la norma y se le pone un precio. Es decir, se generó un doble desafío: sacar los celulares que ya estaban, evitar que ingresen nuevos y, por otro lado, desarticular las dinámicas de poder que generaba tener un celular intramuros, porque todavía quedaban algunos habilitados judicialmente y había que convivir con eso.

Implementamos un sistema único de control de ingreso y lo vamos perfeccionando todo el tiempo. Emula al sistema de control de cualquier aeropuerto. Tanto es así que tuvimos críticas del Colegio de Abogados y algunas inquietudes de parte de la Justicia, porque hacíamos pasar por allí a todos: abogados, profesionales, médicos, jueces y secretarios. Era universal.

Cambiamos también todo el sistema de comunicación del Servicio Penitenciario, lo cual no es menor. El personal penitenciario no trabajaba con sistema Tetra. Se lo incorporamos a todos para que la excusa no fuera: "Tengo que entrar con mi celular personal". Porque si no, eso se presta para entregar el equipo por un precio o prestárselo a un interno, aunque fuera por una buena acción. Además, el sistema Tetra tiene trazabilidad: yo sé quién está hablando y qué pasó. De hecho, tenemos a dos penitenciarios en proceso penal porque usaron sus celulares personales cuando fuimos a hacer un allanamiento en vez de utilizar su Tetra.

Incorporamos 300 cámaras porque yo también tengo que generar un elemento que ayude y proteja al personal penitenciario que hace bien su trabajo. Si hay una cámara controlando, a ese guardia nadie va a poder venir a extorsionarlo o amenazarlo. Esto pasa en la diaria, porque la gente que está ahí no es nena de pecho. ¿De qué manera lo protejo? Generando un control objetivo.

Estamos incorporando ahora body scanners y escáneres de bolsos exactamente iguales a los de los aeropuertos. Vos me dirás: "Bueno, han hecho todo eso pero igual vimos el streaming". Sí, claro, porque no es tan sencillo. Ayer incautamos 13 chips que quería entrar una visita. Tenemos críticas de los familiares de las personas privadas de la libertad porque, de un tiempo a esta parte, el ingreso demora mucho más. ¿Cómo acortamos esa demora? Sumándole tecnología y un sistema digital de turnos para las visitas que vamos a incorporar.

Pese a las requisas que hacemos, pese a que actuamos con el Grupo Especial, pese a que sacamos un promedio de 16 celulares por día... pasan estas cosas. Hay visitas que quieren entrar celulares y también hemos tenido personal penitenciario condenado por esto. Hay que atacar todas las aristas.

Sobre el sistema de inhibición, sabíamos desde el primer día que esto no iba a ser fácil y lo empezamos a pensar. Por eso licitamos un sistema que nos permite identificar señales y que no solo aplica al Servicio Penitenciario, sino también al área de Investigaciones, y ya hemos resuelto varios casos con esto. No voy a indagar mucho más porque después los fiscales me retan con justa razón. ¿Por qué licitamos este sistema y no la inhibición fija desde el principio? Porque lo primero que tenía que hacer era determinar cuáles son las líneas que están impactando en las 22 unidades penitenciarias, concentrándome en las cuatro más importantes (Boulogne Sur Mer, Almafuerte I, Almafuerte II y San Felipe). San Felipe y Boulogne Sur Mer son cárceles muy grandes y están ubicadas en lugares donde no puedo instalar inhibición fija, por más que la gente diga: "Bueno, pongan un inhibidor". No se puede, hicimos el estudio de viabilidad. No sería un problema para el personal penitenciario, médico o docente porque yo les podría dar equipos Tetra, el problema es la vecindad y el Polo Judicial.

Entonces, ¿qué sistema sirve allí? En realidad no es un sistema de inhibición, es un sistema para detectar líneas que están impactando, lo cual no es fácil porque hay que hacer una auditoría, las líneas tienen que estar prendidas y se requiere un gran trabajo de filtrado. Lo hace un equipo de cuatro personas que separamos específicamente y que está dentro de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, porque son tecnologías muy difíciles de manejar.

Una vez que tenés esas líneas identificadas, hay que decirles a compañías como Claro, Movistar o Personal: "Che, me tenés que pasar a banda negativa estas líneas porque están dentro del Servicio Penitenciario". Y acá hay dos cuestiones, y me quiero tomar el tiempo para explicarlo. ¿Qué dicen las compañías? Te dicen que hay un tema económico de por medio. Argumentan que las comunicaciones son un servicio de orden público y que no pueden suspenderlas a menos que Enacom se los ordene. Y yo les respondía —porque me encanta hacer andamiajes jurídicos y ganar las batallas, y a esta la ganamos jurídicamente—: "Mire, según la Ley Nacional 24.660 de los años noventa, y según las leyes provinciales, están prohibidas las comunicaciones en establecimientos penitenciarios". Eso se lo decíamos por escrito a operadores que están en otros lugares. Usted tiene que compatibilizar que las comunicaciones son sagradas con el hecho de que no pueden existir dentro de un penal, salvo que haya una orden judicial específica.

Hicimos todo ese trabajo, dimos esa batalla y la Justicia nos dio la razón en que no debe haber más celulares. ¿Y por qué las compañías no pasan a banda negativa esas líneas? Bueno, porque el 1% de la facturación de todas las compañías de telecomunicaciones proviene de las líneas que impactan en los servicios penitenciarios del país.

-El 1% es un montón.

-Exactamente. Entonces, hay ahí un tema económico. Nosotros no nos quedamos con esa negativa de las compañías, sino que fuimos a Enacom a decirle: "Ustedes, como autoridad de aplicación de las comunicaciones, deben intervenir en este conflicto". Enacom tenía una resolución en donde autorizaba a las compañías a pasar a banda negativa solamente las líneas telefónicas que impactaran en servicios penitenciarios federales. Y nosotros les dijimos —y lo hicimos por nota también, mucho antes de esto del streaming, por eso es buena la historia y es bueno tener los datos y haber ejecutado todo este trabajo previo—: "Miren, ustedes tienen que habilitar a las provincias; o sea, tienen que darle la orden a las compañías de que pasen a banda negativa las líneas que las provincias les indican".

Las compañías ya saben, porque ven exactamente dónde impacta cada línea; saben de dónde sale la llamada. Igual, nosotros le dijimos a Enacom que sostenemos que son las provincias porque en realidad la competencia en materia de seguridad es provincial. Los establecimientos penitenciarios dependen en su gran mayoría de las provincias; la mayor cantidad de presos del país depende de gobiernos provinciales, no federales. Hay cárceles federales, por supuesto, pero son las menos.

Hemos logrado que Enacom revierta esa resolución. Dictó una resolución en donde dice que las compañías deben pasar a banda negativa tanto las líneas que tengan impacto en las cárceles federales como en las provinciales, pero nosotros les tenemos que pasar la información a base de nuestras auditorías. Todavía estamos esperando una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, que me han dicho que prontamente va a salir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación? Hacer una resolución aprobando un protocolo único —lo cual es razonable que así sea— para todo el país, que va a ser la manera en que nos vamos a comunicar con las compañías telefónicas para decirles qué líneas tienen que pasar a banda negativa. Estamos esperando esa resolución; cuando esté, vamos a adherir. Yo no conozco muchas provincias que estén con estos sistemas de inhibición, pero por lo menos nosotros ya lo tenemos óptimo para ejecutar.

Pero ahí no termina el problema, porque esto yo también lo planteé: el tema de por qué los presos en el país tienen celulares es también porque no se aplican dos resoluciones muy importantes que tienen que ver con la identidad de la persona que pide el alta de una línea telefónica. Si se relajan los controles —y esto lo vengo pidiendo en los consejos de seguridad interior, no solo por el tema cárceles, sino por el tema seguridad y robo de celulares—, se estimula y se facilita que quien roba un celular o un IMEI lo pueda usar o lo pueda vender. Sabés que te lo limpian y rápidamente te habilitan un chip. Entonces, hay ahí otra cuestión que es de fondo y que tiene que ver con la seguridad pública, que aplica al robo de celulares y también al tema de los celulares reproduciéndose intramuros. Estos 13 chips que llevaba esta mujer, seguramente en ninguno estaba acreditada la identidad y quizás eran para que los usara una sola persona.

Estos son los problemas de fondo en los que venimos trabajando porque primero los detectamos y segundo los abordamos. La seguridad es todo esto también: no es solo el policía en la esquina para evitar que te roben el celular, es también trabajar en preguntarse por qué hay un comercio de celulares y por qué está tan fácil. Venimos trabajando en las dos cosas.

-Tenía preparada la foto del jefe del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana. A mí me llama la atención, con todo lo que hemos hablado, que Orellana está en el cargo desde el gobierno de Paco Pérez. ¿Es un experto o nadie más quiere agarrar ese problema? ¿Cómo es la relación en ese sentido, o de qué sirve tener a alguien que lleva tanto tiempo en el mismo lugar?

-A ver, la experiencia carcelaria es muy valiosa. Por supuesto que no cualquiera puede estar ahí. De hecho, a nosotros nos consultan mucho de otras provincias, a Eduardo lo consultan mucho de otras provincias. No es fácil estar al frente de un sistema penitenciario como el de Mendoza. El sistema penitenciario de Mendoza es el más grande del oeste argentino: son más de 66.000 m² de cárcel —tengamos noción de lo que hablamos— y 7.000 presos. Tiene una tasa más alta que la Nación; estamos hablando de algo que no es fácil. Yo dudaría en poner a una persona que no es experta al frente de una cuestión así.

Lo que pasa es que los desafíos cambian, esto es como la seguridad. Hoy tenés robo de cables, pero quizás hace unos años no tenías ese tipo de delito. Lo mismo pasa con los desafíos carcelarios. Mientras fue la pandemia había una "falsa paz", digo yo, porque estaban todos con celulares y estaban suspendidas las visitas, entonces no había necesidad de una logística. El tema de las visitas genera una logística enorme al Servicio Penitenciario porque hay gente entrando y saliendo continuamente. Es complejo.

En el 2023 hicimos un cambio. Eduardo asumió ese desafío porque veníamos de una falsa paz y eso a veces es más fácil. También veníamos de informes que nos decían que había estafas que, cuando se analizaban, tenían incidencia de líneas desde la cárcel. Nosotros no tuvimos dudas de que íbamos a cortar eso, pero sabíamos que iba a ser un gran desafío para quien estuviera a cargo. Él asumió el desafío y se puso al frente de estos cambios que hicimos, que no fueron fáciles hacia dentro del servicio, y sigue siendo una cuestión compleja.

Es un tema en el que yo particularmente me he metido personalmente, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde la coordinación con la Justicia Federal para todo lo que tiene que ver con la droga, donde hemos tenido éxito y hemos avanzado mucho gracias a esa buena coordinación. Necesitábamos también meternos en custodiar aquellos espacios que no queremos ceder: el espacio de la educación y el espacio del trabajo. No los quiero ceder porque repercuten en la seguridad pública, así sea mínimo el nivel de reincidencia. Esos espacios que nosotros fortalecemos —hemos incorporado una industria y demás— son fundamentales para el sistema de seguridad. Me he metido en cada uno de esos puntos porque la cárcel y el sistema penitenciario hacen al sistema de seguridad, aunque en muchos lados sea un tema que no se toca.

Van a haber novedades, porque una vez que nosotros interrumpimos esa falsa paz y tomamos esa decisión, todo el tiempo va a haber tensión y novedades. Cuando empezamos con el sistema único de control, empezamos a tener 22 novedades por día. Cuando traiga los escáners va a ser mucho más difícil que alguien quiera ingresar un chip, pero es la solución. También vamos a tener muchas novedades y eso es bueno; peor es no buscarlo para no tenerlas.

-Le voy a cambiar de tema para preguntarle sobre otro punto que genera inquietud en la ciudadanía. Me lo preguntan a mí y no tengo la respuesta. Veo a un Ministerio de Seguridad que sabe lo que está pasando en la provincia, pero que no sabe explicar qué son los fuegos artificiales a las 12 de la noche. ¿Qué son esos fuegos artificiales? ¿Cómo puede ser que no se sepa qué es eso?

-En su momento lo conversamos con la Policía y con policías que llevan mucho tiempo en la función pública, sobre todo porque la gente hace la pregunta y lo vemos en las reuniones con vecinos. Los policías me dicen: "Es el mismo mito que se decía hace 20 años atrás, exactamente igual".

En el 2024 dije: "Bueno, está bien". La gente dice cosas, pero yo sé que no tiene que ver con la droga porque hay cuestiones objetivas que indican que no es así. El código de la droga es la invisibilidad; es ridículo pensar que para anunciar la droga van a tirar un fuego artificial. No se ha visto y no tendría sentido. Además, si lo tiro a la misma hora todos los días, ¿qué anuncio estoy haciendo?

-Claro, sería muy fácil encontrar los búnkers.

-Al margen de eso, te aseguro que se los encuentra y no hace falta fuego artificial ni tanta cuestión. Lo que hicimos con la Justicia Federal fue ponerle una institucionalidad o una formalidad a esta inquietud ciudadana, porque es válida. Iniciamos un expediente en la Justicia Federal a raíz de esto como mito urbano —que es un mito que escuchamos todas las noches—, dejamos incorporado un informe y dejamos asentado que no tiene que ver con la droga, que es lo que por ahí más asustaba a la ciudadanía. Lo dejamos ahí para no decir que no hemos evacuado institucionalmente la inquietud. Cada vez que me lo preguntan lo explico y lo comento, porque corresponde explicarlo; la gente no tiene por qué saber cómo se mueve la droga ni cuáles son sus códigos.

-O sea, están en condiciones de afirmar que no tiene que ver con que llegó la droga, pero no está la respuesta de por qué ocurren todos los días, considerando que la pirotecnia está prohibida en Mendoza.

-Es un gran tema y ahí tiene que trabajar mucho la justicia contravencional. Lo que pasa es que es difícil: para poder entrar a un lugar tenés que tener una orden de allanamiento y para eso necesitas la noticia previa de que allí se acopia. Pero nos ha pasado en allanamientos encontrar un cierto circuito ilegal de ventas de pirotecnia. Yo estuve en un procedimiento donde entramos y había acopio y venta, de hecho estaba la lista de precios. También vemos mucho que se vende por redes sociales y ahí hacemos ciberpatrullaje.

Por supuesto que en el ciberpatrullaje hay una línea de política criminal: está destinado principalmente a las causas más graves, no tanto a estos circuitos ilegales. En materia de prioridades delictivas, esto es una contravención. El ciberpatrullaje es importante para detectar comercio de droga o para detectar cuando quieren estafar a una persona para venderle algo y en realidad quieren encañonarla para robarle el dinero que lleva. Pero lo trabajamos.

-Hablando del narcotráfico, hemos hablado del sistema de seguridad y judicial, pero el sistema federal va aparte. ¿Cómo se trabaja con la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y con lo que hace el Ministerio de Seguridad, que de alguna manera es la lucha contra el narcomenudeo?

-Es cierto lo que decís. En realidad es un delito federal, no está desfederalizado en Mendoza. Las jurisdicciones que han desfederalizado tienen una mala experiencia en eso. Aquí hay como una desfederalización de facto, porque la Policía de Mendoza trabaja entre el 80% y el 90% de las causas que tramitan en la Justicia Federal hoy en Mendoza. Lo hace con mucho compromiso, sin tener las herramientas de la interjurisdiccionalidad que sí puede tener una fuerza nacional. Las fuerzas nacionales trabajan aquí en Mendoza, pero tienen menos personal, eso es una realidad. Sin embargo, coordinamos bien con ellas.

Con el Ministerio Público Fiscal fue un desafío porque apenas asumimos hubo un cambio de sistema. Creo que el cambio al sistema acusatorio es positivo —donde las investigaciones las lidera el Ministerio Público Fiscal y la justicia es de control—, pero todo cambio llevó un tiempo de adaptación y fue complejo. Hoy la relación está más aceitada. Creo que hay que seguir trabajando mucho con la Justicia Federal, no solo en el narcomenudeo, sino también en el lavado de activos. Hemos coordinado unas líneas de investigación con la Justicia Federal de lavado de activos en relación con una persona privada de la libertad y el movimiento de dinero que generaba. Hay que atacar el lucro e ir a la fuente, porque si te quedás solo en el narcomenudeo... Entiendo que la ciudadanía demanda cuando venden en la esquina, pero hay que generar un equilibrio entre abordar eso y realizar investigaciones profundas sin apresurarse. Si me apresuro a romper el lugar de expendio, eso es positivo pero se reemplaza rápido; lo que hay que cortar es el lucro, de dónde viene, por dónde y quiénes son los referentes.

-Quizás habría que poner un poco más de tecnología. Todo ese ímpetu que vemos con los celulares en las cárceles da la sensación de que no se vuelca en este otro tema, y hay mucho más por hacer en la lucha contra el narcotráfico.

-Hay mucha información que se necesita, pero que es nacional. Soy muy crítica en esto y siempre lo he dicho públicamente en los consejos de seguridad interior: si existe un Ministerio de Seguridad Nacional que lidera fuerzas federales en una materia que es competencia no delegada a la Nación —ya que las provincias somos las principales responsables de la seguridad—, es justamente porque la mirada nacional sirve para determinados delitos y para la criminalidad organizada. Esa mirada sirve porque la Nación es la que sabe qué está pasando en el norte, en el sur, en el litoral y cómo están custodiadas las fronteras. Si Cuyo tiene droga, hay que saber de dónde viene: si del norte, de Buenos Aires o del litoral.

Esa mirada interjurisdiccional y la inteligencia nacional son muy importantes para las provincias. Soy la primera demandante de esa información y de ese capital para poder trabajar estos casos. A mí me importa el 100% el tema de la droga: me importa porque se vincula con otros delitos, me importa porque supone más jóvenes consumiendo y eso influye en la seguridad y en la conflictividad social. Es un joven que quizás va a robar un cable para poder consumir. Por eso me importa el 100%, pero sí creo que necesitamos una inteligencia nacional más fuerte en este sentido.

Reconozco que se ha hecho un gran trabajo en el litoral, como que se pusieron todos los cañones allí, y eso favorece a las provincias. Todo el trabajo que han hecho en la Nación respecto de Santa Fe colabora. Han aumentado los secuestros de droga desde que está este gobierno; en 2022 y 2023 prácticamente no se secuestró droga en la Argentina por falta de decisión política, no por culpa de las fuerzas. Ahora se empezó a secuestrar y creo que está encaminado, pero hay que ir por mucho más.

La provincia tiene buena relación con la Nación en materia de seguridad. Hemos coordinado muchas acciones y la Policía de Mendoza tiene una excelente coordinación con Gendarmería. Aprovecho para felicitar el trabajo que han hecho con el paso fronterizo; tuvimos una ventana estrecha donde no sabíamos si íbamos a lograr trasladar todos los vehículos y lo hicimos. También tenemos buena coordinación con la Policía Federal asentada en Mendoza. Pero hace falta mucho más y debe tener esa mirada de inteligencia nacional. Estuvieron hace poco con la DEA; la DEA podría pasar mejor información de lo que ve, porque ellos tienen informes muy aceitados para Latinoamérica. Un día el de la DEA me dijo: "Ministra, esto acá no es problema, son Disney".

-Por último, no puedo dejar de preguntar por el caso Villouta y la reacción del Gobierno, del Ministerio Público y de la propia Justicia ante la prescripción de la causa. Todos coinciden en que no pueden pasar estas cosas y empiezan a pensar en proyectos para agravar las penas en el caso de los conductores borrachos y los que se dan a la fuga. ¿En qué consiste el proyecto que están esbozando junto a legisladores nacionales?

-Este caso pone en escenario un tema que no es nuevo y una demanda que tampoco lo es. Por eso no le tengo miedo a esto que decís; es cierto que es uno de los temas en los que hay que tener equilibrio para no moverse con el termómetro social ni hacer propuestas que respondan a una circunstancia de un momento. La demanda de que haya una penalidad más justa respecto del homicidio culposo con resultado fatal en un accidente de tránsito cuando hay negligencias graves es de hace mucho tiempo. De hecho, hay varios proyectos y lo venimos trabajando con las víctimas. En abril de 2024, dentro de las propuestas que le hicimos al Gobierno nacional para la comisión de derecho penal que iba a estudiar las reformas integrales al Código, presentamos propuestas sobre ciberdelito y también en materia vial.

Hicimos una propuesta de agravamiento de las penas, sobre todo en el mínimo del homicidio culposo agravado. ¿Qué quiere decir esto? Aumentamos el mínimo de la pena para que no sea tan fácilmente excarcelable cuando sea por consumo de alcohol, de drogas, por darse a la fuga o por superar en 30 km/h la velocidad permitida al momento de ocasionar la muerte, o por una conducción temeraria (sobrepasar en doble línea, hacer zigzag o manejar imprudentemente). En esos casos pedimos un aumento de las penas —no solo de la privativa de la libertad— y un aumento en la inhabilitación para conducir.

-Al elevar la pena ya pasa a ser privativa de la libertad. Pienso en dos casos resonantes: el de la calle Alberdi, donde caen los dos vehículos —ahí hay que ver cómo iba conduciendo esa persona—, y el de Alan Villouta, donde alguien se da a la fuga para no hacerse el dosaje de alcoholemia. En uno hay una decisión de darse a la fuga y en el otro una maniobra imprudente. ¿Es lo mismo? En un caso es la decisión de huir y en el otro es un error. Son temas muy complejos cuando se habla de casos puntuales porque hay familiares de víctimas, pero sin lugar a dudas es un debate que hay que dar y hay que corregir la legislación actual porque es demasiado flexible.

-Lo que hay que entender es que no hablamos de simples negligencias. Este es el punto de partida, porque está el homicidio culposo que tiene que ver con una imprudencia o negligencia común y ese tiene otra pena. Pero cuando hablamos de estas agravantes —darse a la fuga, tener más de un gramo de alcohol, conducción temeraria— hay un componente mayor de injusto.

¿Por qué digo esto? Porque hay un doble contrato social incumplido: el contrato social básico por el cual legislamos penas para acciones que dañen a otros y que nos permite la convivencia, y el contrato social que firmo cuando aplico para obtener la licencia de conducir y me comprometo a incorporarme a la vía pública respetando un catálogo de normas. En esos casos hay un injusto mayor que amerita una consideración distinta. En el Código Penal tenés más pena para quien causa un aborto doloso que para quien causa una muerte en un accidente de tránsito con estas agravantes. Es una incoherencia.

Como la injusticia es tan alta, termina pasando que nos vamos a la figura del dolo eventual o al homicidio simple, que después algún juez termina opinando que no es tal y generamos una expectativa en la víctima para terminar en una desilusión. Eso tampoco es seguridad jurídica. Hay que ordenar el sistema; es una demanda vieja que está bien que este caso vuelva a poner en agenda y creo que en algún momento hay que legislarlo. Si la amenaza es grave, también tenemos que asumir las consecuencias de nuestro comportamiento.

Desde que soy ministra me llaman todo el tiempo. Te digo un caso concreto: yo tuve que decidir en la gran mayoría de los casos no manejar más; me manejo con chofer o en transporte oficial. ¿Por qué? Porque si no tenía que estar viendo dónde me paraba para atender o llamar, y eso podía ser temerario. En el apuro por hacerme a un costado podía ocasionar un accidente por estar pensando en otra cosa. Tomé esa decisión. La persona, cuando sale a la vía pública, toma la decisión de si va a mirar el mensaje en el semáforo aunque esté en rojo o si no lo va a hacer. Muchas veces se menosprecia la consecuencia derivada de esa distracción porque se la toma como algo menor, pero en la diaria vemos que esas microdistracciones terminan generando accidentes fatales.