El historiador británico Lord Acton legó a la posteridad una advertencia que hoy resuena como una sentencia sobre el suelo mendocino: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

En la Mendoza acutal, esa máxima ha dejado de ser una teoría para convertirse en una arquitectura institucional deliberada. Bajo una fachada de orden fiscal y alianzas estratégicas, se esconde una maquinaria donde la transparencia es el enemigo y el recurso público, la moneda de cambio.

El mostrador de los dos lados

La ética pública en Mendoza parece haberse transformado en un concepto elástico. El caso de Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, es el paradigma de esta era: ocupó simultáneamente su cargo público y una silla en el directorio de YPF S.A., percibiendo honorarios que superaban el sueldo del gobernador y de los jueces de la Corte juntos.

Aquí, la advertencia de Acton cobra vida: la misma lapicera encargada de impulsar proyectos extractivos era la responsable de controlarlos ambientalmente. No fue la integridad de las instituciones lo que detuvo este atropello, sino la persistente presión ciudadana que forzó su salida del directorio. El gobernador -hasta ese entonces- había permanecido impávido, haciéndose el distraído.

Las arcas como caja chica y el desprecio por los vulnerables

Cuando el control se diluye, la discrecionalidad avanza sobre lo sagrado. El Tribunal de Cuentas ha detectado un patrón de "legítimos abonos" —mecanismos excepcionales convertidos en norma— para pagar servicios sin licitación en departamentos como San Rafael, Rivadavia y Santa Rosa.

En la Subsecretaría de Cultura se pagaron cachets a personas que cumplían funciones administrativas.

Pero el cinismo alcanza su cénit en la ex DINAF. Allí, el organismo encargado de proteger a la niñez más vulnerable evadió licitaciones mediante figuras legales inexistentes, escudándose en el "interés superior del niño" como coartada.

Si ni la infancia ni la cultura están a salvo de estas irregularidades, queda claro que no hablamos de errores aislados, sino de un sistema. Están todos los espacios políticos comprometidos en la subsistencia de dicho “sistema”.

El agua: de bien común a botín de guerra

En una provincia desértica, el agua es vida; para el poder actual, es un negocio de castas. Si hay un organismo que debería ser intachable en una provincia desértica, es el Departamento General de Irrigación. Sin embargo, esta repartición parece haber perfeccionado la maniobra del silencio.

En 2010, el entonces superintendente Eduardo Frigerio otorgó ilegalmente permisos en la misma zona a través de una falsa "cooperativa" de empresarios —entre los que figuraba Marcelo Tinelli— creada artificialmente para sortear la ley.

Los pozos, bautizados "los pozos del privilegio", forzaron la renuncia de Frigerio ante un inminente juicio político. La causa tardó trece años en llegar a la Suprema Corte, que en marzo de 2026 ratificó correctamente el cierre de los pozos. Pero un juez, Mario Adaro, votó en disidencia defendiendo el "derecho" de los inversores que se habían beneficiado de los permisos ilegales. Trece años de demora y un magistrado dispuesto a convalidar la corrupción original: eso es lo que ofrece la justicia mendocina.

Bajo la gestión de Sergio Marinelli  las “irregularidades” no desaparecieron. En agosto de 2024, Marinelli firmó la Resolución 1108 que prohibía nuevas perforaciones en la Subcuenca El Carrizal por crisis hídrica. En febrero de 2025, firmó la Resolución 125 que otorgó nueve permisos en esa misma zona restringida. La resolución se mantuvo en secreto: no fue publicada en el Boletín Oficial. Primero prohibió. Luego se auto-habilitó. En silencio.

El principal beneficiario es Eduardo Elsztain, presidente de Cresud S.A. y del Grupo IRSA, empresario amigo, mentor, cofrade y sponsor de Javier Milei. Todo dicho, como el 3% de Karina o las Cascadas de Adorni.

Cresud recibió autorización para cinco pozos destinados en Agrelo, agua pública de un acuífero en crisis, sin audiencia pública, sin informes técnicos auditables, sin Boletín Oficial. "Esto no es agua: es poder, tierra y negocios", se dijo en los recursos de nulidad.

Este antecedente es la causa más vergonzosa de la historia hídrica mendocina.

A lo dicho se suma, la política interna dictatorial implementada por Marinelli dentro del DGI. Así es el caso de la inspectora de cauce María Emilia Scatolón (y el cuadro de autoridades de la Inspección) que detectó contaminación con petróleo en el agua de Lunlunta y lo comunicó a Marinelli. La respuesta fue categórica: "acá todo está limpio". Lo que siguió fue la destitución del cargo y la estigmatización propiciada por una falsa denuncia que duerme el sueño de los justos por carecer de prueba alguna.

Otros inspectores que resistieron el nuevo Código de Aguas y el acuerdo con la empresa estatal israelí Mekorot recibieron intervenciones "selectivas" a sus cauces sustentadas en auditorías fraudulentas implementadas por una contadora (empleada del DGI) que manejaba (y maneja) los “token” de los inspectores; incluso, el de los muertos.

Cuando los pedidos de jury llegaron al Jurado de Enjuiciamiento, fueron rechazados por amplia mayoría. El agua de Mendoza tiene dueños, y no son sus ciudadanos.

El último resguardo republicano

Mendoza no es una isla, sino una pieza clave en un esquema de entrega de recursos naturales a cambio de apoyo político territorial. Ante este escenario donde las instituciones han dejado de escuchar para pasar a servir a intereses privados, emerge la advertencia de Henry Thoreau: Todos los hombres aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a negar lealtad y a resistir al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia son grandes e intolerables...

La sociedad mendocina ha comenzado a comprender que, si las estructuras formales han dejado de cumplir su función republicana, la recuperación de la democracia no vendrá de los despachos, sino de las asambleas y la organización comunitaria. De ninguna forma esto implica el rechazo a la democracia, sino el intento social de recuperarla, allí donde el privilegio pretende extinguirla.