Hubo un momento en el que comprendí que había metido la mano en un panal.

No fue cuando presenté la primera nota ante la presidencia de la Cámara de Diputados. Tampoco cuando comenzaron las descalificaciones. Ni siquiera cuando el expediente parecía perderse deliberadamente entre oficinas y silencios. Lo comprendí cuando advertí que el verdadero problema ya no era una banca vacía, sino la naturalidad con la que buena parte de la dirigencia aceptaba que permaneciera vacía.

Porque esa banca no representa a una persona. Representa a miles de mendocinos de la Primera Sección Electoral que hoy continúan privados de la voz que las urnas les otorgaron. Y cuando una representación popular queda suspendida indefinidamente, el daño trasciende cualquier disputa partidaria: es la calidad de la democracia la que comienza a deteriorarse.

Cuando una institución pública responde con silencio frente a un reclamo de esta naturaleza, ese silencio deja de ser una omisión administrativa. Se convierte en una expresión de soberbia institucional. Porque las instituciones republicanas fueron creadas para rendir cuentas, no para refugiarse en el mutismo.

Con el paso de los días el debate terminó personalizándose en el presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente. El verdadero interrogante es otro: ¿puede una mayoría parlamentaria disponer de la representación popular como si fuera patrimonio propio?

El diputado kirchnerista, Lucas Ilardo sostuvo muy ligero de cuerpo y públicamente que "la Cámara es soberana” porque había adoptado una decisión por mayoría. Si ostenta el título de abogado parece no haber leído en detalle nuestra constitución ni comprendido su espíritu, porque en una república democrática la soberanía no pertenece a la Cámara. Tampoco a un bloque político. Mucho menos a una mayoría circunstancial. La soberanía pertenece exclusivamente al pueblo, y todos los poderes del Estado ejercen competencias delegadas por él. Confundir ambas cosas supone invertir el orden constitucional.

La paradoja adquiere mayor dimensión si se observa la actuación reciente del propio espacio político del legislador. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti -su jefa política- obtuvo un fallo favorable de la Justicia Federal promoviendo un amparo para discutir precisamente la integración de un órgano parlamentario. Ese antecedente confirma algo que la doctrina constitucional sostiene desde hace años: cuando están comprometidos principios republicanos y derechos de representación, los actos parlamentarios no quedan automáticamente excluidos del control judicial.

El reciente fallo del juez federal Enrique Lavié Pico, referido a la integración de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vuelve a reafirmar esa idea. No toda cuestión política es una cuestión no justiciable. Cuando la representación democrática se encuentra comprometida, los jueces no solo pueden intervenir: en determinadas circunstancias, deben hacerlo.

Por eso resulta difícil sostener una posición coherente cuando se invoca la autonomía parlamentaria para impedir un control judicial, mientras se celebra esa misma intervención cuando favorece intereses propios. La consistencia jurídica exige aplicar los mismos principios en todos los casos. Lo contrario no es una doctrina; es conveniencia política.

La semana pasada volvió a quedar demostrado. Un proyecto impulsado por diputadas de mi propio bloque, luego de recorrer durante meses inexplicables laberintos administrativos, finalmente llegó al recinto. Sin embargo, nuevas alianzas modificaron el escenario. Aquellas iniciativas terminaron siendo rechazadas por quienes originalmente las habían impulsado.

Allí quedó expuesta una de las mayores debilidades de nuestra política: la facilidad con la que algunos dirigentes sacrifican los principios cuando estos interfieren con los acuerdos de poder. La representación ciudadana deja entonces de ser un mandato para convertirse en una variable de negociación.

Durante este proceso también experimenté otra realidad menos visible. En lugar de debatir el problema institucional, muchos prefirieron interpelar a quien lo denunciaba. Incluso dentro de mi propio espacio político hubo quienes consideraron más incómodo el reclamo que la injusticia que lo originaba. No puedo juzgar las motivaciones de tal proceder, las desconozco, pero pareciera -Como suele decirse en la vieja tradición parlamentaria- en algún momento el diablo metió la cola y la discusión dejó de girar alrededor de la representación popular para convertirse en una mera disputa de conveniencias políticas.

Fue entonces cuando comprendí, con una claridad difícil de olvidar, que a veces los lobos del propio rebaño provocan heridas mucho más profundas que los adversarios declarados.

No faltaron tampoco intentos de desacreditar mi trayectoria profesional desde algunos medios claramente alineados con determinados intereses políticos. No me sorprendió. En demasiadas ocasiones, cuando una mujer desafía al poder, el debate deja de girar alrededor de los argumentos para concentrarse en desacreditar a quien los expresa.

Pero los argumentos no se responden con descalificaciones. Se responden con mejores argumentos. Cuando los argumentos desparecen aparecen los agravios y en mi caso hasta destrato y ciertas “advertencias” laborales y de otro tipo inadmisibles.

Nunca sostuve que poseyera la verdad absoluta. Nadie la posee. Ni la Cámara, ni quienes me cuestionan, ni yo. La diferencia es que estoy dispuesta a someter cada uno de mis planteos al control de la Justicia, porque confío más en la fuerza del derecho que en la lógica de las mayorías circunstanciales.

Lo verdaderamente preocupante es que este episodio revela una patología mucho más profunda que excede una banca legislativa. Pone de manifiesto una cultura política demasiado acostumbrada a decidir entre pocos, a cerrar acuerdos en ámbitos reservados y luego presentar esas decisiones como si fueran verdades institucionales incuestionables.

No es sencillo reclamar justicia cuando existen estructuras que parecen funcionar con inercias difíciles de romper. Pero las instituciones solo se fortalecen cuando alguien está dispuesto a cuestionar aquello que todos consideran normal.

Por eso volvería a hacerlo.

No porque persiga un cargo.

No porque defienda un interés personal.

Sino porque ninguna banca pertenece a quien la ocupa ni a quien impide ocuparla. Las bancas pertenecen al pueblo. Los legisladores apenas administran, durante un tiempo, un mandato que les ha sido confiado.

A los mendocinos solo quisiera pedirles una cosa: observen atentamente quiénes invocan la democracia únicamente cuando favorece sus intereses y quiénes la relativizan cuando el respeto a la voluntad popular exige costos políticos.

Las instituciones no comienzan a deteriorarse cuando se quebranta una gran norma constitucional. Empiezan a erosionarse cuando la sociedad acepta como natural una pequeña injusticia repetida una y otra vez.

Una banca vacía no es un asiento desocupado.

Es una voz que el poder decidió callar.

Y cuando el silencio reemplaza a la representación, lo que queda vacío ya no es una banca.

Es un pedazo de la democracia. 

Por Belen Castillo