Corrupción K
Cuadernos: 25 arrepentidos deben ratificar sus acusaciones
Son exfuncionarios y empresarios que admitieron haber cobrado y pagado coimas durante los doce años de gobiernos kirchneristas. El jueves se hará la primera audiencia, transmitida por YouTube y en la que se comenzará a leer las acusaciones.
En dos días y desde las 9:30, Cristina Kirchner enfrentará otro juicio por corrupción: el caso de los Cuadernos de las Coimas. La ex presidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita y de 204 cobros de sobornos. Del debate participarán 25 arrepentidos, obligados a sostener sus confesiones, sino perderán beneficios y serán acusados por un delito mayor.
La causa que inició en agosto de 2018 con los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, llega a juicio oral con 126 personas imputadas, muchas de las cuales ya fueron condenadas en dos tramos conexos al expediente central. Por eso este jueves serán 86 los acusados que comparecerán ante el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
“Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, sostuvo la fiscal general Fabiana León en un informe de 40 páginas que presentó a una semana de que inicie el juicio en el que tendrá a cargo la acusación.
El caso de los Cuadernos es el de mayor envergadura en materia de corrupción en los Tribunales Federales de Retiro. Es uno de los motivos por el cual se realizará de forma virtual, con una audiencia semanal que durará de 9:30 a 13:30 hasta marzo próximo, cuando se sume otra audiencia más por semana.
Cuando el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio oral del caso que contó con un expediente central y seis investigaciones conexas (dos de las cuales ya fueron juzgadas en juicio oral), se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
A la hora de estructurar las acusaciones en el expediente, se determinó que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que "funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015". Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.
La sumatoria de esos delitos, en caso de que el TOF 7 la encuentre responsable penalmente, deberá afrontar una acusación superior a los doce años de cárcel.
En la estructura criminal también cumplieron un rol central los organizadores de la asociación ilícita: Julio De Vido, Roberto Baratta, el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO, Carlos Wagner.
Se suma en esa misma acusación a Ricardo Jaime pero en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios.
Para el Ministerio Público Fiscal, los miembros de la organización fueron José López, Juan Pablo Schiavi, Claudio Uberti. También los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte. Se acusó a Rafael Llorens, Germán Nivello y al chofer de Baratta y autor de los cuadernos, Oscar Centeno.
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, a Sandro Férgola y Sergio Pasacantando.
Como miembros de la asociación ilícita, deberán comparecer además ante el TOF 7 un grupo de empresarios cuyo aporte para la justicia federal fue "indispensable", ya que fueron quienes pagaron las coimas.
Se trata del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas, el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería y representante de las firmas Grupo Eling y Vialco, Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco, Miguel Marcelino Aznar.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que encuentran Enrique Pescarmona, Aldo Roggio, Benjamín Romero, Rudy Ulloa Igor, Osvaldo y Fabián De Sousa, Cristóbal López, Alberto Ángel Padoan, entre otros.
Una de las particularidades del expediente es la gran cantidad de imputados colaboradores que confesaron delitos. Todos ellos pidieron acogerse a esta figura penal con la finalidad de dejar la prisión y además, obtener un beneficio de reducción de la pena cuando concluya el juicio oral y público.
Los acuerdos de colaboración se firmaron inicialmente ante la fiscalía con la presencia de los respectivos abogados. Después, fueron homologados por el fallecido juez Claudio Bonadio.
¿Pueden estas personas retractarse ante el TOF 7 de sus dichos? De hacerlo, incurrirán en el delito de falso testimonio, que tiene una pena mayor y además perderán los beneficios que les fueron concedidos, lo que incluye, ante una eventual condena, una disminución de la misma.
Los imputados colaboradores que participarán del juicios son: Oscar Centeno, Juan Carlos De Goycochea, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Carlos Wagner, Jorge Neira, Claudio Glazman, Aldo Roggio, Juan Chediak, Claudio Uberti, Jorge Balán, Benjamín Romero, Rodolfo Poblete, José López, Alberto Taselli, Francisco Valenti, Enrique Pescarmona, Marcela Sztenberg, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Miguel Aznar, Ernesto Clarens y Armando Loson.
Hay que recordar que José López fue el primer ex funcionario en acogerse a la figura del arrepentido, confensando directamente contra Cristina Kirchner. Señaló que la ex presidenta tenía conocimiento de la estructura criminal que se dedicaba al cobro de coimas.
Al concluir la investigación, el Ministerio Público Fiscal determinó la existencia de un sistema de "recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
Parte de las acusaciones que leerán este jueves, sostiene que los líderes y organizadores de esa "estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.
Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos.
La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.
