Diputados de la oposición presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y Justicia para que dé detalles acerca de las detenciones del último jueves por la noche a ambientalistas y periodistas en el contexto de una manifestación contra la minería.

La solicitud lleva la firma de Flavia Manoni (La Unión Mendocina), Dugar Chappel (Partido Verde), Cristina Gómez, Félix González, Helio Perviú y Gerardo Vaquer (Partido Justicialista). Se trata de los legisladores que votaron en contra de los proyectos mineros del Ejecutivo.

"Fuerzas de la Policía de Mendoza y de Infantería intervinieron de manera violenta, arrojando gases lacrimógenos y utilizando balas de goma, lo que derivó en la detención de al menos trece personas y en un saldo de varias personas heridas, algunas de las cuales debieron ser atendidas en el Hospital Carrillo", expresaron en los fundamentos del texto.

Así, destacan que "entre las personas detenidas se encontraban trabajadores de prensa que se encontraban realizando tareas periodísticas, debidamente identificados como tales. Tal es el caso de Bautista Franco, periodista del medio Minuto Ya, y de Santiago Algoberro, quien se encontraba realizando tareas de relevamiento periodístico al momento de su detención".

"El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el ejercicio de estos derechos sin recurrir a prácticas de criminalización ni al uso desproporcionado de la fuerza, debiendo regir en todo accionar policial los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad", se sostiene en el pedido de informes.

Pedido de informes al Ministerio de Seguridad y Justicia

En concreto, las y los diputados solicitaron al área conducida por Mercedes Rus que comunique lo siguiente:

• Órdenes impartidas a la Policía de Mendoza y a las fuerzas de Infantería para el desarrollo del operativo, indicando autoridades responsables de su planificación y ejecución.
• Cantidad total de efectivos afectados, fuerzas intervinientes y recursos materiales utilizados.
• Protocolos de actuación vigentes aplicados durante el operativo, especificando si se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
• Fundamentos y criterios que motivaron el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, indicando quién autorizó su utilización y en qué momento del operativo.
• Cantidad total de personas detenidas, detallando para cada una: identidad, hora y lugar de la detención, motivo legal invocado, dependencia policial interviniente y autoridad judicial que intervino.
• Cantidad de personas heridas o lesionadas, tipo de lesiones sufridas y órganos de salud a los que fueron derivadas.
• Si entre las personas detenidas se encontraban trabajadores y trabajadoras de prensa debidamente identificados, indicando motivos de su detención, tiempo de privación de la libertad, medidas adoptadas para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información
• Si existió la elaboración de listados previos de manifestantes, asambleístas o referentes sociales, indicando el fundamento legal de dicha práctica y la autoridad responsable de su confección.
• Si se iniciaron sumarios administrativos, investigaciones internas o actuaciones judiciales con motivo del accionar policial desplegado, detallando su estado actual.
• Qué medidas correctivas y preventivas se adoptarán a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protesta social pacífica, la libertad de expresión y la integridad física de manifestantes y trabajadores de prensa en futuras movilizaciones.