El intento de negociación entre el gobierno de Javier Milei y las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur se frenó esta semana en el Congreso, y las deudas cruzadas entre el Estado y las empresas seguirán por el momento sin resolución.

En resumidas cuentas, Edenor y Edesur reclaman que el Estado nacional les debe el equivalente a unos 3.500 millones de dólares -en conjunto- por el congelamiento de tarifas que se extendió entre 2019 y 2024.

Corresponde a los ingresos no percibidos que se le debieron haber cobrado a los 6 millones de hogares, industrias y comercios que están en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a razón de unos 10 a 12 dólares por mes.

Los saldos deben ser auditados y pasar por un complejo proceso técnico antes de ser reconocidos por el Gobierno. Cualquier funcionario que firme eso es pasible de ser convocado años más tarde por la Justicia, lo que desde hace tiempo dilata la negociación administrativa.

En el otro lado, las compañías que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tienen reconocidas y regularizadas deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por unos US$ 700 millones, al no haber pagado la energía que distribuían.

Las deudas se originaron entre diciembre 2019 y febrero 2024 por el incumplimiento de los contratos de concesión, que fueron firmados en 1992 y otorgados por 99 años. Y se pretendían compensar entre sí.

El Estado, condecente del contrato, incumplió sucesivamente desde el fin de la Convertibilidad -en 2002- el marco regulatorio y congeló las tarifas en medio de la creciente inflación para hacer política económica distributiva a través de la energía. Así sucedió durante los años de los cuatro gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

A su vez, las distribuidoras y concesionarias hicieron maniobras financieras para pagar sueldos, mantenimientos mínimos e impuestos, pero con los ingresos que no percibieron dejaron de pagar la energía a Cammesa, comercializador central de la electricidad en todo el país.

Asimismo, relegaron inversiones que perjudicaron la calidad del servicio y se reflejaron hasta ahora en mayor duración y frecuencia de cortes de luz.

Presupuesto 2026

La caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía en su dictamen de mayoría el artículo 71, bloqueó la posibilidad de que el Gobierno tenga por ley una herramienta para empezar a resolver la cuestión.

Y las distribuidoras guardan la carta de que los accionistas extranjeros (como Enel -del Estado de Italia y BlackRock, entre otros- en Edesur y los socios minoritarios de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti en Edenor) podrían activar en cualquier momento juicios internacionales contra el Estado de Argentina, que suele perder estos diferendos en tribunales como los del CIADI.

En el sector juran que los directivos de ambas empresas no están detrás de la letra del Presupuesto y que fue una iniciativa de la Secretaría de Energía, mentada por Daniel González, quien busca evitar posibles reclamos judiciales a futuro contra el Estado.

En cualquier caso, el "activo regulatorio" no reconocido por el Gobierno podría ser compensado con el "pasivo regulatorio" reconocido por las empresas y el Estado. El saldo restante, que las compañías aseguran que les quedaría a favor, es un valor que no pueden reflejar en los balances ante una oportunidad de venta de activos en el país.

"Es un gran valor de la empresa a futuro, y también de los usuarios, porque si esos ingresos hubieran entrado a tiempo hoy tendríamos paneles solares en los techos, estaciones eléctricas y activos adaptados a la época", definió un empresario en diálogo con Clarín.

Con todo, se trata de la primera frustración en la negociación de Manzano con el Gobierno, después de que el empresario abocado a energía y minería avanzara con la compra de Telefé por unos 100 millones de dólares y sea uno de los más firmes candidatos a quedarse con las 900 estaciones de servicio y la refinería de Shell en Argentina, por cerca de US$ 1.400 millones.