La media sanción de la reforma laboral, la ley penal juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en solo 24 horas envalentona a Javier Milei. El oficialismo quiere conseguir la aprobación de la nueva ley de glaciares en la Cámara Alta antes de que terminen las extraordinarias y apura para las próximas horas el envío de una nueva ley de fortalecimiento universitario. Para después de marzo, el oficialismo trabaja en una reforma electoral para implementar en 2027.

El margen con que los libertarios avanzaron en el Congreso llenó de optimismo a la mesa política de la Casa Rosada. Nadie piensa en bajar la marcha por miedo a complicar la reforma laboral en Diputados que Karina Milei quiere sancionar el 25 de febrero sin cambios, a pesar de la presión del PRO.

Ese mismo día o el 26, la jefa del bloque de senadores Patricia Bullrich intentará obtener la media sanción de la nueva ley de glaciares. El oficialismo quiere apurar ese logro antes del 2 de marzo, cuando se desarrolle una importante cumbre minera en Canadá.

Se trata del mismo encuentro donde la secretaria general de Presidencia y Pablo Quirno trabaron una relación de confianza. En esa gira, donde también asistieron gobernadores de provincias aliadas, la hermana del Presidente se sintió tan cómoda que hasta habló en público. El entonces secretario de Finanzas fue ascendido a canciller meses después.

El oficialismo no se duerme en sus propios laureles legislativos después de conseguir que el peronismo sentara por primera vez a un diputado que no se referencia en los gobernadores para que apoyara el régimen penal juvenil. El proyecto generó malestar entre los gobernadores por la falta de financiación que afectará el presupuesto de los respectivos servicios penitenciarios de los distritos, como expuso la jefa de bloque de Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. A pesar del malhumor, La Libertad Avanza no tiene previsto incluir cambios en ese sentido en el Senado.

Tampoco aminorará la marcha. En las próximas horas, enviará el proyecto para reemplazar la ley de fortalecimiento universitario, que está promulgada pero el Gobierno no cumple. El Presidente y varios ministros son sujetos de denuncias penales por no cumplir con la ley sancionada en 2024 y ratificada por el Congreso tras un veto del Presidente.

Como informó Clarín, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Alvarez, negociaron con los rectores del Consejo Universitario en los últimos días una ley que reemplace a la sancionada por el Congreso.

La misma reconocería un monto que quedó fuera de la paritaria 2025 cercano al 14 por ciento y el compromiso de rediscutir salarios para 2026 cada dos meses. A diferencia de la ley que votó el Legislativo, no hay registros del 38 por ciento que perdieron en 2024 -y reconocía la ley vigente- las universidades, empleados docentes y los no docentes. La definición será del Congreso, porque los rectores no están dispuestos a validar la oferta con un documento.

El Gobierno ya trabaja en un croquis para discutir la reforma electoral que incluía el proyecto original de la ley Bases. La discusión será recién después de las extraordinarias. “No es una urgencia”, sostienen en la cúpula del Gobierno.

Nadie piensa ya, como en los primeros días de gobierno de Milei, en una reforma del sistema de representación para volver al sistema uni-nominal por sección que ideó a principios del siglo XX Joaquín V. González y quedó descartado después de los comicios de 1904.

En cambio y con la boleta única papel convertida en ley, el oficialismo quiere avanzar con la eliminación definitiva de las PASO después de la suspensión que se efectivizó en las legislativas del año pasado, en la que LLA salió victoriosa.

El segundo objetivo, y para nada menor, es permitir que los votantes puedan elegir a todas las categorías englobadas en la misma marca electoral. Esa medida garantizaría que el nombre más importante de la boleta, como el del Presidente, traccione a otras categorías inferiores como las de senadores, diputados o incluso legisladores locales, si las elecciones son el mismo día y con el mismo sistema de votación.

Por ahora, no hay cambios de nombres en la Dirección Nacional Electoral (DINE), pero el ministro del Interior no lo descarta; al contrario. Permanece en su cargo Luz Landívar, que llegó al Gobierno de la mano de los equipos de fiscalización que prestó el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, de cara al balotaje. En la Casa Rosada cuentan que tiene objeciones entre los libertarios con denominación de origen.