La Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia, informó este miércoles que hizo un pedido de "designación de veedores" en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley", como deben hacerlo todas las asociaciones civiles que funcionan en la Ciudad, "debido a la gravedad de las irregularidades detectadas y a la negativa de la entidad a entregar la documentación requerida".

La solicitud se da en el marco de diferentes investigaciones por corrupción en la casa del fútbol argentino que maneja Claudio "Chiqui" Tapia.

Fue Daniel Vítolo, Inspector General de Justicia, quien comunicó la medida que busca, según explicó, que los veedores puedan obtener y verificar "la información que no fue presentada" por la casa madre del fútbol argentino, investigada por la Justicia a través de diferentes frentes. Se trata de una veeduría, sólo de carácter informativa, y no una intervención.

El pedido fue hecho al Ministerio de Justicia para poder recabar información que la AFA le negó a la Justicia y que se centra en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la Asociación con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.

Sobre ese último punto, el pedido dice: "Auditarán e informarán respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra. naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A., sus sociedades controladas, controlantes, y vinculadas, así como con el resto de las sociedades integrantes del denominado Grupo Sur Finanzas, y/o con el Sr. Ariel Vallejo".

"La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país", agrega.

Por su parte, Vítolo argumentó que "el ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”.

Además, señaló que “entre otras irregularidades", la AFA intentó "una mudanza a un predio de la Provincia de Buenos Aires, que fue rechazada tras comprobarse que la sede social declarada era falsa” y que “se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad, que continúa operando en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, la AFA “no brindó información sobre la denominada ‘Universidad de la AFA’, que no se encuentra registrada”.

“Reafirmamos que en la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el Inspector General.

La resolución fue notificada este mismo miércoles a la Asociación del Fútbol Argentino de manera formal y según revela un documento mostrado por la IGJ, dicha notificación fue recibida por una "empleada del área de legales".

La respuesta de la AFA

Luego de que la IGJ anunciara el pedido de veedores, quien salió al cruce fue el abogado Gregorio Dalbon, en representación de los dirigentes de la AFA. "Primero acusan. Después buscan pruebas. Eso no es control administrativo. Es intervención encubierta", planteó en su cuenta de X.

"Si la IGJ tiene objeciones contables, se discuten en expediente, con derecho de defensa, con dictámenes técnicos, con resolución fundada. Lo que no existe es el show. Y mucho menos que el Poder Ejecutivo tome partido en la gobernanza del fútbol argentino. Porque cuando el Gobierno se mete en la conducción de una federación, no solo viola la autonomía institucional: expone al país ante organismos internacionales. Y eso sí tiene consecuencias", agregó.