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Milei pidió que la Procuración deje una causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger
La decisión fue publicada ayer en el Boletín Oficial; el caso por la deuda contraída con el FMI en 2018 había sido archivado por la jueza Capuchetti, pero el fiscal Picardi apeló la decisión.
Luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara el lunes último la causa que investiga la deuda que la gestión de Cambiemos tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno decidió remover a la Procuración del Tesoro como querellante del caso, un rol que permite contar con acceso al expediente, proponer pruebas e incluso apelar las decisiones de los jueces.
El decreto del presidente Javier Milei se formalizó horas antes del vencimiento del plazo de apelación. La Procuración del Tesoro defiende los intereses del Estado y sus abogados deben poder fundar su decisión de no apelar un archivo, pero con el decreto, que deroga otro que fue emitido por Alberto Fernández, el Gobierno clausuró cualquier posible discusión técnica sobre su actuación en el caso.
El archivo de la causa fue ordenado por la jueza Capuchetti el lunes pasado, en el primer día hábil tras la feria judicial, pero trascendió recién por estas horas, luego de que el fiscal del caso, Franco Picardi, a diferencia del Gobierno, apelara la decisión con un duro escrito.
Ahora, la suerte del expediente que investiga irregularidades en la toma de la deuda con el FMI se decidirá en la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa es, en principio, por un presunto fraude al Estado e involucra a las máximas autoridades del periodo: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el expresidente del Banco Central, y los actuales funcionarios, el ministro de Economía Luis Caputo, que en aquel entonces fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que durante el macrismo estuvo al frente del Central.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, se decidió la intervención de la Procuración como querellante en este expediente, bajo la hipótesis de que existían indicios de que el acuerdo con el FMI se había tomado violando procedimientos legales.
Con el decreto Decreto 87/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó esa resolución de Fernández y ordenó a la Procuración cesar su intervención como querellante en la representación del Estado.
“En línea con la política que ha venido implementando esta gestión, corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos, evitando superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos”, justificó y expresó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en “la mejor posición técnica para impulsar la investigación”.
El Poder Ejecutivo argumentó, además, que el caso fue archivado el 2 de febrero
El dictamen fiscal y el préstamo
Para el fiscal Picardi la decisión de Capuchetti fue “prematura”. Considera que la jueza hizo una mala valoración de la prueba, que existen varios indicios que dan cuenta de la existencia de un plan “concatenado” entre funcionarios y que hay elementos para avanzar con acusaciones en la causa.
Apoyado en un informe de 2020 de la Auditoría General de la Nación (AGN), sostiene la existencia de incumplimientos legales en el trámite, indicios claros de inviabilidad de la deuda e irregularidades en el modo en que se llegó al acuerdo, que fue sin intervención del Congreso y en ausencia de un decreto que lo formalizara.
Además, el fiscal sospecha que las divisas no se habrían usado para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica -parte de los fines declarados- sino que fueron canalizadas para la formación de activos externos que acabarían beneficiando a grupos privados.
En junio de 2018, la gestión de Cambiemos firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero: en un principio fue por casi US$ 43 mil millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.
El Frente de Todos se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.
El repago de la deuda contemplaba un esquema de vencimientos que rige hasta al día de hoy. Ayer, una misión técnica de FMI llegó a Buenos Aires para avanzar en la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones, que incluye metas de distinto tipo.
