El Poder Judicial de la provincia de Mendoza no goza de buena reputación y la culpa no es de la "prensa libre". El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay "exhortó" a la prensa a "ser responsable a la hora de abordar temas tan complejos" como la falta de independencia del Poder Judicial, pero lo hizo ante un tribunal incompleto porque dos de los siete jueces del máximo tribunal no estuvieron presentes. ¿Por qué habrán faltado José Valerio y Mario Adaro? La respuesta puede estar relacionada al tema que Dalmiro Garay se niega a aceptar.

"Me quiero detener en la crítica que se hace de manera recurrente de la independencia del poder judicial. Quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar temas tan complejos. Que tienen impacto directo en la percepción de un poder del Estado. Y denunciar si es así aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía. Con nombre y apellido. A fin de que sea el sistema que se encargue de poner las cosas en su lugar", fueron las palabras textuales de la máxima autoridad del Poder Judicial de Mendoza. Olvidó mencionar que prestigiosos juristas, como Alejandro Pérez Hualde, también afirman que la institucionalidad de Mendoza está en crisis. Y lo mismo repiten abogados, jueces, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que ven con tristeza el avance de la política sobre la Justicia.

Dalmiro Garay acusó al periodismo de "hacer alusiones genéricas de contenido político sin dato alguno con la única finalidad de poner en tela de juicio a este poder judicial". Pero vale aclarar que quien tiene el poder de definir la "calidad" de las alusiones es el mismo Poder Judicial al que se está criticando. Lo que propone es jugar un partido en el que el arbitro es el mismo Poder Judicial al que se cuestiona. Pero así y todo, hay casos para citar. Datos objetivos que quizás sirvan para refrescar la memoria.

• Oscar Sandes: el titular de Vialidad durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Se detectaron irregularidades y desvíos de fondos durante su gestión. El Tribunal de Cuentas lo sancionó con multas y cargos millonarios entendiendo que era responsable por no haber detectado lo que estaba ocurriendo. Héctor Caputto, Ricardo Pettignano y Mario Angelini así lo votaron contra la opinión de los cornejistas Néstor Parés y Liliana Muñoz que se opusieron igual que el secretario relator Gustavo Riera, al que después Alfredo Cornejo designó como vocal del órgano de control. El caso fue a la Corte y la Suprema Corte anuló los cargos en otro fallo dividido. Pedro Llorente y María Teresa Day, cercanos al gobierno, impusieron su decisión sobre el voto de Julio Gómez que defendió el fallo del Tribunal de Cuentas. 
• Diego Gareca: el actual subsecretario de Cultura fue condenado a pagar junto a otros funcionarios por el incendio de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA). Tras la denuncia de Fiscalía de Estado, la jueza María Paz Gallardo condenó a Diego Gareca y otros funcionarios a pagar 26 millones de pesos (a valores del 2021) por las pérdidas que generó el incendio. A Gareca lo condenó por "su conducta gravemente negligente desarrollada al momento de analizar las ofertas que se presentaron en el proceso licitatorio y posterior firma del Acta de Preadjudicación". Sin embargo, dos años después la Cámara de Apelaciones ratificó todas las condenas salvo la de Diego Gareca. A Gareca le revocaron la sentencia.
• Miguel Bondino: el exlegislador había sido sancionado por el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza del Instituto Provincial de Juegos y Casinos cuando Francisco Pérez era gobernador. Bondino ocupaba un lugar en el directorio del casino por la oposición y junto a Carlos Bianchinelli y Federico Domínguez fueron sancionados por pagos realizados por servicios que eran de imposible cumplimiento. El juez radical Pedro Llorente puso en conocimiento de las partes que era íntimo amigo de Bondino. No se excusó. Falló a favor de su amigo y anuló los cargos.
• Dalmiro Garay: el presidente de la Suprema Corte fue encontrado conduciendo alcoholizado en Maipú en junio del 2021. A diferencia de lo ocurrido con otros funcionarios como el concejal Miqueas Burgoa, el concejal Martín Antolín o el presidente del Emop Jorge Téves, o el consejero de Irrigación Gustavo Villegas, en el caso de Dalmiro Garay la información no se hizo pública. Más de un año después, el portal El Otro fue el primero en dar a conocer lo ocurrido

La cuota de responsabilidad del Ministerio Público Fiscal

El ciudadano interpreta como Justicia al Poder Judicial en su conjunto. Por eso, el accionar del Ministerio Público Fiscal incide directamente en la percepción que se tiene sobre la Justicia. El procurador Alejandro Gullé también es cuestionado por su obediencia al gobernador Alfredo Cornejo y se pueden citar nombres a modo de ejemplo.

• Sebastián Capizzi: en el año 2021 la asociación Xumek presentó una denuncia ante la ONU por la falta de independencia del Poder Judicial de Mendoza. Como ejemplo pusieron el caso del Fiscal de Delitos Económicos Sebastián Capizzi que fue removido de su cargo luego de que autorizara la realización de una pericia contable en una denuncia contra el hijo del gobernador, Lautaro Cornejo. La pericia no se hizo y cuando Capizzi pidió informes sobre la demora fue trasladado a la Unidad Fiscal del Valle de Uco. 
• Roberto Righi: el exintendente de Lavalle fue imputado en la causa Tupac Amaru el viernes 27 de abril del 2019 por la fiscal Andrea Chaves. La imputación tuvo lugar dos días antes de las PASO departamentales en las que Righi era precandidato a intendente en Lavalle. La fiscal Chaves justificó su decisión afirmando que el calendario electoral no puede condicionar su trabajo y que por eso avanzó con la imputación.  
• Daniel Orozco: pasó de ser el mejor intendente de Las Heras al enemigo público número uno de la noche a la mañana. Al irse de Cambia Mendoza para ser precandidato a vicegobernador de Omar De Marchi, entró en la mira del Ministerio Público Fiscal que avanzó con una investigación de oficio (sin denuncia) por un audio que se filtró en un medio afín al gobierno. Hubo presiones a periodistas y editores para que le dieran preponderancia a las noticias contra Daniel Orozco.

El blindaje de Rodolfo Suarez

Por último, la diligencia del Ministerio Público para actuar de oficio ante un posible delito en administración de fondos públicos parece circunscribirse solo al caso Orozco. A pesar de las dudas que existe sobre el patrimonio del exgobernador Rodolfo Suarez, la justicia no se preocupa en indagar el origen de los fondos con los que adquirió dos hectáreas en La Carrera y construyó una casa que cuesta cientos de miles de dólares. Es entendible que nadie haga la denuncia en una provincia en la que, citando este puñado de ejemplos, la Justicia parece tener un tratamiento especial para los amigos.