El mapa legislativo argentino suele albergar capas geológicas de normas que, con el paso de las décadas, quedan en el más absoluto de los olvidos prácticos, pero vigentes en los papeles. En un intento por depurar el ordenamiento jurídico y bajo la premisa ideológica de la simplificación estatal, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley Hojarasca. La propuesta, diseñada meticulosamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, propone la derogación en bloque de unas 70 leyes nacionales que el Ejecutivo actual considera inútiles, obsoletas o restrictivas de las libertades individuales.

El corazón de la iniciativa radica en eliminar absurdos burocráticos y controles que parecen extraídos de relatos de ficción. Entre los hallazgos más llamativos que el texto propone sepultar se encuentra una normativa de 1871 que otorgaba premios en efectivo a quienes descubrieran minas de carbón, un recurso estratégico en plena revolución industrial pero carente de sentido promocional hoy en día. Asimismo, el proyecto pone la lupa sobre el control de las palomas mensajeras a través de un registro obligatorio implementado en 2015, y sobre una polémica credencial para mochileros creada en 1974 que criminalizaba o limitaba la libre circulación de quienes viajaban "a dedo" por el país.

El trasfondo de la Ley Hojarasca no es solo anecdótico; también responde a la necesidad de actualizar la legislación a los parámetros constitucionales modernos y a la digitalización actual. Se busca derogar la autorización formal para la televisión a color firmada durante el último gobierno militar, normas ligadas a la tecnología de microfilmación ya superada por el almacenamiento en la nube, y leyes restrictivas que imponían sanciones de prisión a ciudadanos que promovieran boicots económicos al país. Adicionalmente, el corte alcanza al financiamiento público de entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, obligándolos a sostenerse de manera autónoma, y disuelve comisiones sin actividad real como la dedicada al fomento de la cría de conejos.

Este paquete desregulatorio se inscribe dentro de un proceso más amplio de reformas estructurales promovidas por la administración del presidente Javier Milei, que tuvo su piedra angular en la Ley Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Desregulación y los debates en comisiones parlamentarias, el objetivo de máxima es limpiar el Digesto Jurídico Argentino para evitar que leyes en desuso sean utilizadas de forma discrecional por la administración pública. Con la aprobación en la Cámara Baja, el debate se traslada ahora al Senado, donde el oficialismo buscará ratificar el fin de estas normas anacrónicas.