La Justicia Federal falló a favor de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en el marco de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional y dio lugar al recurso de amparo y a la medida cautelar presentados contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura.
La decisión fue adoptada por el juez federal Pablo Quirós, quien ordenó la suspensión transitoria de la resolución impulsada por el Gobierno nacional. La norma eliminaba las contribuciones obligatorias vinculadas al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y a los programas de promoción de la industria contemplados en la Ley 25.849.
Además, el magistrado dispuso que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intime a los establecimientos que no estén cumpliendo con las contribuciones obligatorias previstas por la normativa nacional.
La Resolución 55/2026 no establecía la disolución formal de Coviar, pero sí eliminaba su principal fuente de financiamiento al dejar sin efecto el PEVI y, en consecuencia, los aportes realizados por bodegas y establecimientos vitivinícolas.
Ahora, a raíz de la aceptación de la medida cautelar, el INV que deberá volver a bloquear y paralizar la comercialización de aquellas bodegas, mosteras y secadoras de pasas que registren deudas de aportes con la Coviar, ya que tras la desregulación, el INV había levantado estas suspensiones para reactivar a más de 200 empresas.
